LORENZO ALONSO.

En la primera parte de este artículo llegamos a la conclusión que, si se tuviesen en cuenta los seis consejos que allí se daban, el Estado podría ahorrar una cantidad de recursos públicos anuales equivalente al 2% de nuestro PIB, porque existe otra manera de gestionarlos[1]. Seguimos desgranando más consejos sobre la utilización de los recursos públicos españoles, en este caso los que utilizan las Comunidades Autónomas (CCAA). Para ello vamos a ser benévolos y utilizaremos la segunda mejor opción (second best)[2]

 7.- Hace más de dos años la Fundación Progreso y Democracia  publicó el informe “El Coste del Estado Autonómico I” en el que cuantificó una parte de los costes suplementarios que pagamos los ciudadanos por la prestación de servicios públicos, realizada a través de órganos, supuestamente más eficaces y más eficientes. Según sus autores, el estudio estaba motivado porque el Estado había prescindo de la comprobación de los costes de esos servicios y de su impacto en el desarrollo regional. El Estado, según los autores del informe, se había limitado a transferir recursos financieros para su funcionamiento, revestidos de tecnicismos huecos. Si los dirigentes del Estado tuviesen en cuenta solamente las desviaciones de cada Comunidad Autónoma respecto del coste medio de las tres CCAA mejor gestionadas, tal y como los autores de este informe estimaron, los ciudadanos nos ahorraríamos anualmente 26.000 millones de euros (M€), de aquel año, el 2,5% del PIB.

 8.- El Estado conoce los organigramas fastuosos que cada Comunidad Autónoma crea, cada vez que cambia su gobierno, en los que inventa siete, ocho o quince Consejerías o Departamentos, con diez, once o quince directores generales, asesores y otros cargos asimilados. Si lograse convencer a las CCAA para que prescindiesen de más de 1.000 altos cargos, con retribuciones parecidas a los Ministros o Secretarios de Estado, lograría que los ciudadanos nos ahorrásemos recursos públicos en una cantidad anual cercana al 1% del PIB[3]. Los dirigentes regionales hacen oídos sordos a tales consejos.

 9.- El Estado tiene datos objetivos suficientes para apretar las clavijas a los gobiernos regionales. Según el Ministerio de Hacienda, a 1 de julio de 2012 existían 2.206 Entes dependiendo de ellas (sin tener en cuenta el País Vasco, Ceuta y Melilla)[4]. Las CCAA y el Estado se habían comprometido a reducir 675 entes públicos (Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera). Según este Departamento, los efectos esperados de la supresión de estos Entes hubiesen estado cercanos a los 5.000 M€ en gastos no financieros anuales, el 0,5% del PIB. Este Ministerio sabe que el conjunto de todos estos Entes representa el 20% del gasto no financiero total del sector público autonómico. Si el Estado obligase a que todos los Entes autonómicos se autofinanciaran, se generaría un ahorro anual de recursos públicos cercano al 3% del PIB. Pero la mayoría de los procesos duermen el sueño de los justos o descansan en paz. Tres ejemplos (escogidos, sin ninguna intencionalidad ideológica, por orden alfabético) nos ilustran este descontrol: el número de órganos, organismos y entes que figuran en los Proyectos de Presupuestos para 2013 de la Comunidad Autónoma de Andalucía[5], de la Comunidad Autónoma de Aragón[6] y del Principado de Asturias[7] apenas han variado.

 10.- La información presupuestaria que nos presenta el Ministerio de Hacienda, mes a mes, de la gestión de las CCAA se centra en el volumen de gastos y su financiación[8], pero pocas veces nos explica con detalle los costes de cada uno de los servicios que prestan. Los ciudadanos desconocen el coste directo de los servicios (en la educación: el coste del profesor y del colegio, instituto o universidad; en la salud: el coste del sanitario y del hospital o centro de salud), el coste indirecto (aquella otra parte del coste imputada a dichos servicios por las estructuras organizativas de los gobiernos y de cada uno de los departamentos u otros organismos, que dirigen esos servicios) y el coste de oportunidad (aquél que se deriva de gestionar los servicios públicos de la forma actual y no de otra: policía nacional versus policía autonómica, médico nacional versus medico autonómico, etc.). Si hacemos una pequeña hipótesis en la que la prestación de algunos servicios públicos básicos del “Estado de Bienestar” se realizara por el Estado (justicia, seguridad e instituciones penitenciarias, educación, sanidad, servicios sociales y vivienda), se eliminarían una gran parte de los costes indirectos y el ahorro anual de recursos públicos estaría cercano al 1,5% del PIB[9].

 En definitiva, si las CCAA, hasta octubre de 2012, han contraído obligaciones por valor de 105.679 M€, dejando obligaciones pendientes de pago por valor de 13.263 M€ a la espera de otro nuevo plan de pago a proveedores por parte del Estado; si el propio Ministro de Hacienda ya lo adelanta en sus declaraciones[10] y si los Presupuestos Generales del Estado para 2013 destinan 23.000 M€ al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ¿Por qué nuestros políticos no están dispuestos a realizar estas pequeñas mejoras en el Estado Autonómico? Es que toda decisión política conlleva un coste y decisiones políticas de esta envergadura solo las pueden llevar a cabo hombres de estado (de los que carecemos).