JESÚS CACHO.

La verdad es que son ganas de marear la perdiz y extasiarse y extrañarse de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma haya procedido a levantar la imputación, que “queda de momento en suspenso”, de Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, cuando lo normal en esta democracia nuestra, tan parca, tan pobre, tan puerca, es que una infanta de España se vaya de rositas. Entre la marabunta de comentarios que esta semana inflamaron los medios al respecto, hubo uno el jueves en ABC que daba las claves de lo por venir. En el punto 4 del fundamento jurídico quinto, dice el diario, los magistrados Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna afirman albergar “serias dudas de que para la organización de determinados eventos sobre turismo y deporte, precisamente por el objeto de tales convenios y atendiendo que para los mismos se hace preciso tener un alto nivel de contactos y relaciones (…) sea preciso la convocatoria de concurso público para su adjudicación, o cuando menos a este respecto concurren serias dudas…”

La Audiencia palmesana discrepa por tanto no solo de la opinión del juez instructor y del Fiscal Anticorrupción, sino también de la Intervención General del Estado, que consideró que esos convenios eran ilegales y tendrían que haberse adjudicado mediante concurso público. Para ambos magistrados, “el matiz para estimar que estos contratos pudieron ser hechos en franca contradicción con la legalidad, no nace del modelo de contratación elegido, ni de su objeto cierto, sino de que su concesión pudo perfectamente responder a un acto, no de discrecionalidad de la administración que podría estimarse legítimo y conforme a la legalidad, sino de desviación de poder cometido por la Administración y en concreto por las personas que dieron la orden, el visto bueno, o indicaron que se concedieran tales contratos al Instituto Nòos”.

Dicho en roman paladino, que la culpa no fue de Iñaki Urdangarin ni de su socio, Diego Torres, sino de las Administraciones públicas que soltaron el parné, porque esos contratos no serían ilegítimos. “La finalidad que pudo haber presidido la suscripción de los mismos no fue la satisfacción de un interés público o general, sino que respondía a la voluntad de la administración de favorecer a Iñaki y a la asociación por él presidida, por ser quien es y en calidad de yerno del Rey”. La ilegalidad habría sido cometida por los políticos que pagaron. Oído cocina Camps, Barbera et altri. La culpa es del dante, no del tomante, brillante pirueta jurídica que permite cargarse de un plumazo el meollo, la esencia del caso, y que en buena lógica abre la vía para que Urdangarin y señora salgan de naja.

Cuentan las fuentes que, partiendo de ese supuesto, el amaño extrajudicial del caso podría estar ya muy armado, y consistiría en convencer a Torres de que renuncie a seguir sacando la artillería pesada de esos correos que han venido poniendo a la Infanta en más y más dificultades [ambos magistrados, en lo que podría considerarse una grave coerción al derecho de defensa, ponen su grano de arena en aras a ese “pacto” asegurando que como “no es admisible que sea una defensa la que marque el devenir y curso de la instrucción, resulta necesario que por parte del Instructor (el juez Castro) se proceda de inmediato a conceder un plazo a la defensa del Sr. Torres para que aporte todos aquellos correos que pretenda utilizar en su favor y en contra de otros imputados, dándole un plazo para que tal aportación se produzca y con la advertencia de que transcurrido éste (…) no se le admitirán nuevos correos”], o simplemente a que de una vez saque lo que tenga que sacar, que sería lo más liviano de ese arsenal, a cambio de una rebaja de los grados de calificación de la pena para el aludido y su esposa.

Por delito fiscal, como Al Capone

Las buenas gentes de la prensa se han dado prisa en enfatizar la supuesta peligrosidad que para la pareja ducal representa la vía del delito fiscal que el auto de la Audiencia de Palma ha dejado abierta, y han sido muchos los que se han apresurado a decir que en realidad la Infanta y la Casa Real tienen pocos motivos para estar contentos porque Hacienda podría, como a Al Capone, llevarse por delante al talonmanista y señora por un delito fiscal, lo cual ha provocado más de una carcajada en no pocos bufetes madrileños, convencidos todos de la diligencia que nuestro querido Montoro, ministro del ramo, pondrá en señalar con el dedo a la Infanta y sentarla en el banquillo. En eso precisamente está pensando Mariano Rajoy… Sirva de botón de muestra la información publicada en este diario por Javier Ruíz y Óscar López-Fonseca, según la cual “las opiniones de la Agencia Tributaria sobre la inspección hecha a Urdangarín y la infanta Cristina en Barcelona fueron depuradas por altos cargos de Hacienda en Madrid. Fuentes internas de la Agencia Tributaria confirman que no es nada habitual que la Unidad de Delitos de una zona remita a otra el expediente para que lo supervise”.

Desengáñense las almas cándidas: el Sistema se ha conjurado para sacar del trance a la señora de Urdangarin cueste lo que cueste, le cueste incluso a la Corona las últimas briznas de prestigio que pudieran quedarle tras tanto escándalo. Capital el papel jugado en este caso por Alberto Ruiz-Gallardón. El caso Nòos le ha servido al polémico ministro de Justicia para acercar posiciones con La Zarzuela y la persona del Rey, del que estaba distanciado. Y es que, amante de la belleza como pocos, a piquito Gallardón no se le ocurrió cosa mejor que festejar a María Zurita, hija de la infanta Margarita de Borbón y de Carlos Zurita y por tanto sobrina del Monarca. De esto hace ya algún tiempo, pero quienes saben del episodio, muy sonado en su día, dicen que el ex alcalde de Madrid, fogoso donde los haya, se mostró dispuesto a todo. Por raro que pueda parecer a estas alturas, cumbres en las que todo parece darle de lado, cuentan que el propio Juan Carlos I paró en seco la pretensión con una negativa inflexible. Ni hablar. Un “marrano” no puede emparentar con un Borbón ni harto de vino.

Dicen que aquello dejó huella en el almario del fiscal redicho, y que desde entonces las relaciones con Zarzuela y la persona del Rey han sido frías. Hasta que le han necesitado; hasta que ahora han tenido que llamar a su puerta, porque esa puerta, la del ministro de Justicia, era la que había que tocar para conseguir sacar a la niña Infanta del embrollo. Y cuentan que María “se ha portado” haciendo de enganche entre las partes. El caso es que ha sido Don Alberto quien ha movido jerárquicamente al Fiscal General del Estado, Torres Dulce, para que Fiscalía, amén de la Abogacía del Estado, impugnara la decisión del juez Castro de imputar a la Infanta. Iniciativa extraordinaria, tanto como que no hay memoria de precedente similar en la historia judicial española, como el magistrado Juan Jiménez Vidal ha dejado claro en su brillante voto particular al auto de la Audiencia de Palma: “Sin duda el ministerio Fiscal es dueño y señor de la acusación pública en el proceso penal. Sin embargo, las decisiones instrumentales de la investigación están en manos del Juez de Instrucción, único legitimado para dirigirla acordando las diligencias oportunas y adoptando las medidas instrumentales necesarias para su práctica. Si se ve perturbado en la adopción de resoluciones encaminadas a obtener declaraciones de testigos e imputados (…) pierde el control de la investigación y ésta se dificulta en extremo”. “El Fiscal no puede neutralizar la acción investigadora del Juez”.

¿El mismo destino que a Gómez de Liaño?

El intento de la Fiscalía, es decir, el Gobierno de la nación, de interferir el trabajo del juez Castro en pleno proceso de instrucción es sencillamente un escándalo. Quienes conocimos de primera mano el “caso Sogecable” no podemos dejar de advertir ciertas sangrantes concomitancias entre ambos asuntos. También en Sogecable se trató de impedir que el juez Gómez de Liaño culminara su labor de instrucción. El hombre más poderoso de España entonces, Jesús Polanco, dueño del grupo Prisa, y su lugarteniente, Juan Luis Cebrián, lograron su objetivo con la inestimable ayuda del Gobierno de José María Aznar, echando de la carrera judicial al juez Liaño. Aquel fue un episodio revelador de la corrupción que a todos los niveles se había adueñado del régimen salido de la transición. De entonces a esta parte, el enfermo no ha hecho sino empeorar.

Sostienen que Urdangarin ya no se va a Qatar. Dicen que el Emir estaba esperando una llamada que no se ha producido, ello en línea con las informaciones que el entorno amical del Monarca ha deslizado estos días en la prensa de papel, según las cuales la Zarzuela no ha movido un dedo para que su yerno se fuera al Golfo Pérsico a jugar al talonmano. Dicen que el Rey se la tiene jurada desde el mismo momento en que tuvo las pruebas de que su yerno se la había jugado con su “entrañable amistad”. Querellas propias de atletas del sexo. El columnista Sostres, muy bien informado, argumentaba el 7 de abril en El Mundo apuntando con bala: “Quien es capaz de engañar a su esposa, ¿cómo no va a ser capaz de engañar a cuatro politicuchos?”. Ahora están intentando colocarlo en Londres, que es un pueblo como mucho más grande, con millones de gentes venidas de las cuatro esquinas, donde residen también los parientes griegos destronados la reina Sofía, y donde la pareja ducal, además de los niños –que están sufriendo mucho en su colegio español- podrá pasar desapercibida. Falta saber quién correrá con la cuenta. En las grandes empresas españolas han dado orden de apagar los móviles, cerrar las puertas a cal y canto, y no atender llamadas.