LUCIO A. MUÑOZ.

Los sindicatos y CEOE (junto con los partidos políticos) representan en nuestro país un modelo de pseudodemocracia subvencionada. Esto supone una contradicción, puesto que un país que subvenciona su democracia no es democrático.

Por el contrario, un sistema democrático auténtico debe mantenerse por sí mismo, sin necesidad de ser subvencionado. Consecuentemente, la democracia no exige ni implica subvencionar a los sindicatos y, evidentemente, tampoco a las organizaciones empresariales (ni a los partidos políticos).

El régimen de la subvención implantado en España ha creado un Estado del bienestar integrado exclusivamente por los sindicatos, la patronal y los partidos políticos (y mantenido por los ciudadanos que, injustamente, están excluidos del mismo). Esta cultura basada en la subvención, entre otros factores, ha llevado a España a la quiebra y, paralelamente, a unos pocos privilegiados (dirigentes de los dos principales sindicatos y de la patronal, además de la casta política) a gozar de un estatus inmerecido. ¿Esta es la democracia que nos han vendido las “élites extractivas”?

¿Qué modelo sindical y de representación empresarial debería implementarse en España? Nuestro país necesita urgentemente diseñar un sistema que elimine radicalmente las subvenciones a los sindicatos y a la patronal y por tanto, que garantice el mantenimiento de estas organizaciones sin que cueste un sólo euro a los ciudadanos.

Actualmente, los españoles trabajan durante seis meses al año para Hacienda y, de forma confiscatoria, el Estado destina parte de los impuestos recaudados a sostener económicamente tanto a los sindicatos como a la patronal.

CC.OO., el primer sindicato de España por número tanto de afiliados como de delegados elegidos en elecciones sindicales, presume, en su declaración de principios, de actuar de manera autónoma e independiente de los poderes económicos, del Estado y de los partidos políticos. La realidad es diferente, puesto que se trata de un sindicato que siempre se sitúa, al igual que UGT, a la sombra del PSOE (y depende de las subvenciones estatales).

Del mismo modo y a través del citado código de valores, CC.OO., se autoproclama como el principal defensor de los asalariados, los pensionistas, los desempleados, la juventud, los inmigrantes, los emigrantes, etc. Otro discurso falaz, debido a que los sindicatos, en su formato actual, solo representan a sus enriquecidos dirigentes y a los liberados sindicales (que cuestan a las empresas más de doscientos millones de euros al año). Incluso, perjudican los derechos de los trabajadores en multitud de casos al objeto de mantener ciertos privilegios de clase.

UGT, el sindicato mayoritario más antiguo de España (fue fundado en 1888) presenta, desde hace más de un siglo, las mismas reivindicaciones que en el momento de su creación. Los obsoletos, radicales y antidemocráticos planteamientos sindicales y la falta de renovación ideológica han provocado el fracaso, a nivel conceptual,  funcional y de afiliación de los dos sindicatos españoles de referencia.

El caso de los ERE de Andalucía define con suma perfección la corrupta arquitectura sindical y la verdadera esencia del movimiento sindicalista actual. Se trata, con casi total seguridad, del caso de corrupción más importante de España en función del dinero defraudado, en el que los sindicatos (federaciones andaluzas de UGT y CC.OO.) están siendo protagonistas debido a que la juez Alaya ha acusado, mediante un auto, a ambos sindicatos de (supuesta) financiación irregular y de apropiación de fondos públicos.

¿No tienen bastante los sindicatos (y sus dirigentes sindicales, verdaderos beneficiarios de los inmorales privilegios derivados del modelo sindical actual) con los, aproximadamente, novecientos millones de euros en subvenciones públicas que reciben cada año?

¿Por qué los sindicatos son reacios a someterse a la “Ley de Transparencia”? ¿Temen que la ciudadanía conozca, de manera oficial, que se financian mayoritariamente vía subvenciones públicas? ¿No quieren que los españoles se escandalicen al conocer los  salarios de los dirigentes sindicales?

¿Por qué los sindicatos critican la reforma laboral del Gobierno (que ha debilitado la influencia de los mismos) y, paralelamente, la utilizan para despedir a trabajadores en sus propias organizaciones?

¿Es ético que las organizaciones sindicales cobren una “comisión” en cada ERE empresarial?

¿Cuál es el uso final de los fondos públicos supuestamente destinados a la formación de los trabajadores?

Los dos principales sindicatos españoles están especializados en la compra de paz social a cambio de dinero público en forma de subvenciones, de este modo, salen fortalecidos los privilegios tanto de la casta sindical como de la política (perdiendo con ello los ciudadanos).

Una de las últimas ocurrencias de los sindicatos ha sido solicitar al Gobierno que aumente las cuotas de la Seguridad Social a las pymes y a los autónomos. ¿Quieren más subvenciones a costa de esquilmar a las empresas?

El documento corporativo de referencia que aparece en la web oficial de CEOE define a esta organización empresarial como “la voz de los empresarios españoles”. Sin embargo, CEOE representa únicamente a las grandes empresas, generalmente amigas del gobierno de turno (aquellas que pagan menos impuestos que las pymes aunque, en teoría y en virtud de la ley vigente, deberían pagar más).

Igualmente, los máximos dirigentes de esta confederación empresarial suelen ser, con honrosísimas excepciones, pseudoempresarios de  acentuado perfil político y fieles servidores del poder establecido (CEOE nunca será independiente mientras siga recibiendo subvenciones del Estado).

El perfil de empresario que está sufriendo los efectos de la crisis política, económica, institucional, etc., que afecta a España responde al de un gestor de micropyme o pequeño negocio que no se siente representado por ninguna organización empresarial.

¿Defienden, con eficacia y ante los poderes públicos, Cepyme y las asociaciones de autónomos las demandas de las pymes y de los autónomos (el 98%, aproximadamente, del tejido empresarial español)?

El reciente concurso de acreedores de Ceoe Cepyme Ciudad Real muestra la manera de gestionar que han llevado a cabo determinados dirigentes de esta organización empresarial de ámbito provincial (la “peculiar” gestión de las subvenciones ha podido ser uno de los factores relacionados con la quiebra).

CEOE, igual que los sindicatos, tampoco quiere someterse a la Ley de Transparencia, una postura  sorprendente tanto en cuanto un tercio de su presupuesto procede de fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas (que no supone ninguna garantía debido a su politización) jamás ha auditado las cuentas de CC.OO., UGT y CEOE.

El Gobierno ha renunciado a reducir el gasto público y político improductivo (la micro reforma de la Administración, recientemente presentada, es un “paripé” que sólo recortará el gasto, en el mejor de los casos, en 6.500 millones hasta 2015) y tampoco tiene previsto eliminar completamente las subvenciones a los sindicatos, a la patronal y a los partidos. (Recordemos que, al menos, se han reducido las mismas en un 40% en los dos últimos años).