PEDRO M. GONZÁLEZ
El Partido Popular de Madrid ha propuesto reducir el número de diputados de la Asamblea de la Comunidad de ciento veintinueve a sesenta y cinco. Como medida económica no está mal ya que en un sistema sin representación política el número de parlamentarios en la asamblea legislativa es absolutamente intrascendente. Sin embargo, la impecable lógica económica se vuelve en contra del promotor de la medida si quiere sostener a la vez que este sistema proporcional partidocrático representa a alguien más que a los propios partidos de estado. Y es que puestos a ser económicos, podemos reducir la cifra de parlamentarios madrileños no a sesenta y cinco, sino a solo cuatro sin que la relación de poder de las fuerzas políticas en la producción legislativa varíe ni un átomo.
¿Y porqué a cuatro? Muy sencillo, porque cuatro son los grupos parlamentarios con representación en la asamblea autonómica que administran los resultados electorales obtenidos con la misma proporcionalidad que el número de votos obtenidos. Resultando a través del sistema D´Hont que el partido Popular obtuvo 72 escaños, el PSOE 36, IU-Los Verdes 13 y UPyD 8, bastaría que se reunieran en un pequeño gabinete alrededor de una mesa camilla sus jefes de grupo para legislar conforme a esa proporción. El resto de diputados simplemente, sobran. El resultado en la aprobación de leyes y enmiendas resultaría invariable si en lugar de transformar los votos a partidos en escaños se hiciera en un porcentaje de cualificación a un solo representante por partido. Así, al representante del PP, le bastaría con esgrimir su 55, 81% de fuerza legislativa, al PSOE, su 27, 91%, a IU su 10, 08% y a UPyD su 6,20% para promover leyes, enmendarlas, proponer y aprobar la designación de cargos en comisiones de investigación, prebostes de designación legislativa, regalías y demás iniciativas de su competencia. ¡Incluso para nombrar a su Presidente!
La inanidad del debate legislativo cuando el mandato imperativo es de los partidos a sus delegados en las asambleas en lugar del ser del ciudadano a su diputado de distrito es así de crudo. La matemática de la proporción se contradice con la representación ciudadana del sistema mayoritario. Al residir el poder legislativo en los partidos en lugar de en la Nación, el cómputo y mercadeo postelectoral de escaños no tiene reflejo representativo alguno, sino tan solo en la fuerza, la stamina con que los sujetos monopolísticos de la acción legislativa ejercerán la relación de poder durante cuatro años en las Cortes Generales o Autonómicas. El PP abre así una vía muy peligrosa para sus propias tesis oficialistas. Claro que ninguno de sus contradictores de los partidos, aunque se den cuenta de ello, se lo opondrán, ya que tan sencillo razonamiento les deslegitima también. Ni que decir tiene que lo referido para la asamblea madrileña, vale para todas las autonómicas y para el parlamento español. Aún más, para todas las partidocracias europeas.
No es que los ciento veintinueve sean los modernos trescientos aguerridos espartanos de las Termopilas defendiendo ahora la “democracia”, como tampoco los sesenta y cinco que propone el PP. Tras la tramoya hay cuatro personas, representando a cuatro partidos de estado que bien podían reunirse rotativamente en sus respectivas sedes para legislar conforme a su cuota de poder electoral. El resultado, desde luego más económico, sería el mismo.
