La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha enervado a numerosos profesionales de la abogacía y a los jueces aún decentes que sobrevivan por los palacios de justica. Aquellos que día a día se pelean en los Juzgados, con toga y sin ella, por defender a sus clientes o la dignidad de un servicio esencial para la ciudadanía, echan humo de rabia y se suman a eso que ahora se llama Indignación, pero que más bien es pataleo infantil, perreta ineficaz por impotencia ante lo que les toca digerir a estos profesionales.   Por decirlo de manera simple, la LEC viene a regular el procedimiento judicial en el orden jurisdiccional civil; aunque la norma reviste trascendental importancia, es insoslayable manifestar que el procedimiento no es más que un cauce donde dilucidar las cuestiones de fondo de un asunto; una vía hacia una destino concreto: Impartir Justicia. El atasco judicial creado por la indolencia, la ineptitud, la demagogia, las tácticas cortoplacistas y basadas en la más absoluta ignorancia acerca del acontecer diario en Juzgados y Tribunales, ha obrado el efecto diabólico (¿tautológico?) de convertir el proceso en el núcleo fundamental del proceso; esto es, el medio se convierte en un fin. Y como es sabido, el fin justifica los medios; en Estados sin libertad política, sin democracia y sin ciudadanía organizada al margen del propio Estado, se agrava exponencialmente, por la incapacidad social de controlar el poder, como sucede en España.   Ya se ha puesto de manifiesto en este diario lo absurdo de la reforma, los mecanismos partitoráticos que la han ido generando fruto de la prepotencia del oligarca, tan irresponsable como intocable, ante la aberración que ha cometido. Han sido numerosas las críticas y, nuevamente sucede en provincias (esta vez es Lugo), un grupo de abogados está adoptando medidas coordinadas contra lo que se viene encima.   No es una cuestión de mayor o menor oralidad en el proceso; esta reforma no se soluciona con un curso de oratoria ni retórica jurídica, de los que empiezan a abundar en facultades de Derecho y Escuelas de Práctica Jurídica. No se trata tampoco de consagrar una Justicia para ricos y para pobres, aunque mucho habrá en eso. De las primeras cosas que aprendemos en las facultades de Derecho es que la Justicia no ha de ocuparse de “lo social”, sino exclusivamente de dar a cada uno su Derecho; lamentablemente, nos imponen el mantra de que será el legislador el que establezca lo que pertenece a cada uno o a nadie, quedando el Juez como mero ejecutor de las decisiones del Parlamento, desnudando así a la Justicia, no ya de su venda, sino de su pudorosa túnica, al albur de las decisiones de los diputados y de su retorcida y deficiente balanza.   Uno de los aspectos más graves de la reforma radica en que, para aquellos procesos de cuantía inferior a los 3.000 euros, el Juez de primera instancia se convierte en el Juez de única instancia, sin posibilidad real (motivos excepcionales siempre se prevén, aunque vayan a ser de muy dudosa aplicación) de apelación a instancias superiores. Muchas de las cuantías que se dilucidan en los procesos judiciales son inferiores a esa cantidad; en Asturias, por ejemplo, en materia de servidumbres o antojanas; pero a nivel general, sólo hay que pensar en el día a día de las reparaciones de talleres, las reclamaciones por accidentes de tráfico, las responsabilidades civiles por la persona que se cae en el supermercado, o todas aquellas que no cabrían en un Vademecum de cantidad inferiores a los tristes 3000 euros,… Para demostrar la gravedad del problema, sólo hay que comparar las magnitudes económicas siguientes: El IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para 2011 es de 7.455,14€, lo cual equivale 532,51 euros mensuales; y el salario mínimo interprofesional está 641,40 euros al mes; el alquiler medio de una vivienda en España se situaba en septiembre de 2011 en 696 euros mensuales, según la web www.enalquiler.com (esto quiere decir, por ejemplo, que un arrendador que quiera desalojar a sus inquilinos de su propiedad, para poder tener derecho a una segunda instancia de revisión de su procedimiento, deberá dejar –si está bien asesorado por un letrado- que transcurran seis meses antes de poder presentar la correspondiente demanda en el Juzgado). Y así sucesivamente.   La realidad de los jueces es que no actúan ciegamente, como la Justicia. Suena mal decirlo y cuesta escribirlo, pero no por ello es menos cierto. Los jueces son personas, con sus filias y sus fobias, sus favoritos y sus “caídos en desgracia”, sus días buenos y sus días malos. Hasta ahora, la apelación era una segunda oportunidad para todos los que accedían a la Justicia, incluidas las personas con pocos recursos o con un abogado mal visto, por combativo o, glosando a Cervantes, “mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla”. A partir de ahora, muchos jueces de primera instancia, recién salidos de la Escuela Judicial, con poca experiencia, mucha arrogancia y jactancia, demostrados conocimientos memorísticos pero poco prácticos, etc., incluso alejados de la realidad social en la que deberán ejercer su función, gozarán de una impunidad pluscuamperfecta: Nadie les va a controlar directamente por sus actuaciones. Y eso es muy peligroso. El poder sin control deviene en tiranía; cuando la tiranía no es ejercida en un régimen ad hoc, troca en clientelismo o caciquismo. Además, será del más rancio y hortera: el picapleitos pelota con la falsa sonrisa, el comercial de buffet que no se pierde una sola charla u homenaje al Juez del partido judicial de 3ª categoría, por ejemplo.   Aquellos abogados, procuradores o profesionales de la Justicia que piensen que pueden cambiar el sistema desde dentro, con las normas del propio régimen judicial, yerran tanto como los afiliados a partidos renovadores, regeneradores de la nada o asociaciones subvencionadas partícipes de la gran mentira del Estado de Partidos, que desde dentro pretenden dinamitarla a base de guijarros de piedra pómez. Deben comprometerse unidos, al margen incluso de sus colegios profesionales, con la defensa de la Justicia y contra el régimen injusto establecido. O eso, o se verán condenados a vagar cada vez más en un sistema que les absorberá la sustancia gris en superar las cuestiones formales a procedimentales, sin dejarles tiempo ni capacidad para abordar realmente los asuntos de fondo. Y es que el hombre no se hizo para el proceso, sino el proceso para el hombre. La solución, pese a quien pese, existe y tiene un nombre. La República Constitucional.