ROBERTO CENTENO

La infausta Transición, la mayor estafa política, económica y social a todo un pueblo de la historia de Europa, donde al contrario que en otros países en los que los totalitarismos dieron paso a democracias reales, en España una casta política incompetente y venal nos robaría la democracia, imponiéndonos una oligarquía de partidos sin separación de poderes y donde los diputados no representan a los ciudadanos; dividiría al país en 17 trozos contrarios a la realidad geográfica e histórica, no para gestionar mejor sino para robar y enchufar a cientos de miles de familiares y amigos. “La democracia está muy bien pero lo importante es crear buenos empleos para los demócratas”, diría cínicamente el socialista Enrique Múgica. El resultado sería una explosión de nepotismo, despilfarro y corrupción como jamás se ha conocido.

Como consecuencia España crece desde 1975 por debajo de su potencial. De una renta per cápita relativa a los 9 países centrales que entonces constituían la CEE del 81,4%, alcanzada desde el 56% en 1959 (cifras de FUNCAS) gracias a un crecimiento económico espectacular durante 17 años, lo que nos convertiría en la octava potencia económica mundial –hoy se ha desplomado al 72,1% de esa misma media (estimación FMI para 2015). Con igual renta per cápita que Irlanda en 1975 (10.000$), hoy nos superan en un 46% y es el país áas rico de la UE. Con una potente producción industrial que representaba el 36% del PIB, igual a la de Corea del Sur, hoy es del 14%. Con una enseñanza pública excelente, la tercera de Europa, hoy estamos en la cola. Es inaudito el sectarismo y la vileza moral de personas “informadas” que ocultan estas evidencias irrefutables sobre nuestra posición económica relativa, la única que mide la eficacia de un sistema político.

Lo sucedido en Madrid, cuya gestión en los últimos ocho años va a ser auditada, es una buena muestra del océano de enchufismo, derroche y deshonestidad que asola hoy todo lo público, y que ha llevado a nuestra capital a tener la mayor deuda de Europa que el nuevo gobierno califica de “ilegítima en un 80%”. ¿Por qué para cada tarea que antes necesitaba una persona hay ahora 3?, ¿para qué necesita Madrid una Asamblea con 128 diputados – más de mil en toda España- donde la mayoría en definición de uno de ellos se “están tocando los cojones”, y cuando no se los tocan mucho peor, porque están legislando para dividir España? Esta es la la Transición “modélica”, dos millones de empleados públicos a dedo, más de 3.000 empresas públicas inútiles, 36.000 millones de euros dilapidados en duplicidades entre AAPP, un Senado, unas diputaciones y 17 reinos de taifas inútiles. Un despilfarro anual del 10% del PIB: ¿cuándo alguien va a auditar España?

Auditar la mayor deuda municipal de Europa

Pero nadie va a auditar esta cueva de Ali Babá en que la casta política ha convertido nuestra Patria, ni siquiera Eurostat que tiene la obligación grave de auditar la Contabilidad Nacional cuyas incoherencias son clamorosas igual que ocurrió con Grecia, pero al menos si se va a auditar Madrid. Durante su campaña electoral Esperanza Aguirre afirmaría: “no pienso pisar el Palacio de Cibeles, no voy a tener un Ayuntamiento megalómano”, refiriéndose a los megaproyectos ejecutados y absolutamente innecesarios realizados por sus compañeros del PP, y que han sido y son un expolio al pueblo de Madrid, que ha visto como todo el aumento de una presión fiscal creciente y asfixiante va destinado a pagar gastos financieros y amortizar deuda de proyectos megalómanos que jamás debieron realizarse. Solo el IBI se ha multiplicado por 3 desde 2009 para atender a un servicio de la deuda, que ha pasado del 9,5 % de los ingresos corrientes en 2009 al 34% en 2014, un auténtico disparate.

La auditoría, responsabilidad del nuevo concejal de Economía y HaciendaCarlos Sánchez Mato, tiene toda la justificación del mundo. Madrid es la capital más endeudada de Europa y la razón de ese endeudamiento no está en absoluto justificado, pero puede no llegar a nada si la forma de realización no es creíble. Para empezar es un error hablar de auditoría “popular”, cuya connotación de arbitrariedad y sectarismo le quita credibilidad , aquí hay que dejarse de apellidos equívocos y hablar de auditoría a secas. Y para seguir, no puede ser realizada por la nueva Subdirección de Auditoría creada al efecto–y que sin duda es un acierto– porque siendo ella quien debe promoverlas no es quien pueda hacerlas, porque aunque lo hicieran en la forma más honesta posible, sus conclusiones se tomarían más como manipulación política que como un análisis serio de la realidad.

Por ello, la auditoría debería ser encargada a un tercero con experiencia y credibilidad, por supuesto siempre bajo la supervisión de la Subdirección General, o no servirá para nada. Deloitte es la auditora con más experiencia en temas urbanísticos pero como trabaja para las grandes constructoras eso la inhabilita. La opciones sería Price entre las multinacionales y Auren, la número uno española. No se que hará Carlos Sánchez, pero si no lo hace desperdiciará una oportunidad de oro de poner en manos de la Justicia, con el marchamo de objetividad y seriedad, hechos escandalosos que han endeudado a los madrileños para varias generaciones.

Dicho esto, las acusaciones mayores se refieren a la M-30 , a la remodelación del Palacio de Comunicaciones y las obras olímpicas realizadas antes de habérsenos adjudicados los Juegos, algo insólito en el mundo. Caja Mágica es el ejemplo que escoge, aunque no es la única inversión olímpica injustificada. En todas ellas la diferencia entre la cifras presupuestada y el coste final es disparatada, pero esto por si solo no representa prueba de despilfarro o corrupción, para detectar presuntas irregularidades hay que mirar mucho más a fondo.

En el caso de la M-30, la cifra presupuestada ( 1.700 millones de euros) y el coste final (6.300 millones) no son comparables, porque el coste final lleva muchas más cosas, como amortizaciones, intereses y costes de explotación y mantenimiento, durante 30 años que explican buena parte de la diferencia. En concreto en las obras no parece que se haya incurrido en costes injustificados, trabajaron unas 15 empresas y las liquidaciones fueron entre un 8 y un 10% superiores a lo presupuestado, algo absolutamente normal. Es en la concesión de la explotación y el mantenimiento donde está el problema, un contrato a 25/30 años al que se presentaron solo 3 o 4 empresas, las de mayor garantíaFerrovial/ACS y FCC/Sacyr. Todos los informes técnicos señalaban que la segunda era la mejor oferta, pero sobre todo y aún en caso de igualdad la primera era mucho más cara, ¿por qué razón se adjudicó a Ferrovial/ACS?, este es el tema central que la auditoría tendrá que investigar.

La inversión siguiente, la remodelación que no construcción del Palacio de Correos, es sin duda la más escandalosa ya que de un lado la desviación presupuestaria es del 1.200 por cien –un presupuesto inicial de 40 millones se convertiría en un costo final de 530- algo inédito en el mundo, y de otra era una obra absolutamente innecesaria fruto de la megalomanía casi infinita de Alberto Ruiz Gallardón. A efectos comparativos, la sede del BCE en Frankfurt, 30 veces mayor, con dos torres de cristal inclinadas de 45 plantas, con jardines suspendidos, cascadas y un gigantesco atrio entre ambas, costaría 1.300 millones de euros, y provocaría enormes manifestaciones por considerarla un gasto suntuario inaceptable en medio de una crisis. Y lo mismo con la Caja Mágica y demás obras olímpicas cuyas adjudicaciones e incrementos de costo de hasta el 400% deberán ser investigados a fondo.

Cómo reducir el grueso de la deuda de Madrid

Sin embargo, y con independencia de los hechos lícitos o ilícitos que ponga al descubierto la auditoría, el Ayuntamiento puede sacar si lo desea la parte de su deuda derivada de la M-30 y que constituye el grueso de la total. Es una deuda a largo plazo y cómoda de pagar, porque se hace a lo largo de la vida del contrato de explotación y mantenimiento, pero que no tendría por que figurar como deuda, lo que permitiría a Madrid ceder a otros el dudoso honor de ser lacapital más endeudada del mundo desarrollado. Lo que esta haciendo el Ayuntamiento hoy es pagar a las empresas concesionarias una especie de“peaje en la sombra”, fórmula con la que otras AAPP financian infraestructuras sin que su coste figure como deuda. Pero para ello es necesario que Bruselas lo acepte, algo que no puede plantear el Ayuntamiento sino que tiene que ser gestionado por el Gobierno, único interlocutor válido para ello.

Este procedimiento se intentó al principio pero Solbes se negó tramitarlo por puro sectarismo. La argumentación para conseguirlo es clara: los pagos del Ayuntamiento a la concesionaria no son un compromiso firme, sino que dependen de que se cumplan unos ciertos estándares de calidad en la explotación y en el mantenimiento, por lo que de algún modo la concesionaria está corriendo con un cierto nivel de riesgo que es lo que hace la diferencia para que la deuda sea computable o no. Ustedes se preguntarán, bueno ¿y por que el PP no lo hizo cuando gano por mayoría en 2011?. Por pura y total incompetencia. La señora Botella tendría que explicar por qué no pidió esto al Gobierno cuando pudo hacerlo, y Montoro y Rajoy tendrían que explicar por que no les ha dado la gana liberar a Madrid grueso de su deuda si es que la alcaldesa lo pidió.

Pero ahora Sánchez Mato si piensa que la deuda de Madrid es socialmente ilegitima, lo primero que tendría que hacer, con independencia de la auditoría, es demostrar que el contrato de explotación y mantenimiento de la M-30 es un “peaje en la sombra” que lo es, y acto seguido exigir al Gobierno que pida a Eurostat el no considerar deuda la inversión pendiente de amortizar de la M-30. Mato demostraría así el desastre de gestión del PP y liberaría formalmente a Madrid – lo que es esencial cara a los mercados financieros- del grueso de su deuda.

Y finalmente esta el tema de los servicios externalizados prestados por solo 6 empresas –ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Dragados y Sacyr– que representa más de un tercio del gasto total municipal, y de los que Mato afirma que no son más baratos –como afirmaban Gallardón y Botella– sino más caros que la gestión pública, y utiliza para demostrarlo el informe del Tribunal de Cuentas de 2011 según el cual el coste por habitante de la gestión externalizada es un 71% superior al de la gestión pública en la limpieza viaria, y un 27 % superior en la recogida de residuos sólidos.

Sánchez Mato acusa abiertamente de esta situación a “la corrupción de los que desde el ámbito municipal la han promovido”, algo gravísimo que de ser probado podría llevar al procesamiento y condena de los responsables. Sin embargo le puede ser difícil anular los contratos vigentes, y ahí mi consejo a Sánchez Mato sería renegociar los contratos con las concesionarias para la reducción de los costes al nivel de la gestión pública, y solo si no aceptan resolver los contratos. La experiencia práctica es que en que en los contratos con las AAPP hay tanto que ocultar, que no parece razonable que una gran empresa con proyección internacional prefiera pleitear a negociar. Y por supuesto ir a muerte en la auditoría en la posible corrupción de altos cargos, en este tema y en todos los demás. ¡Vale ya de impunidad en 40 años de saqueo de España!.