ROBERTO CENTENO
Una banda de mafiosos racistas ha osado dar un ‘golpe de Estado‘ alentada por la absoluta pasividad de Mariano Rajoy. Es el culpable principal por su dejación criminal en la persecución de los delitos y el cumplimiento de la ley, un presidente del Gobierno que ha culminado un daño económico y político a la nación española que perdurará generaciones. Y fue iniciado por su precedesor José Luis Rodríguez Zapatero. En lugar de coger el toro por los cuernos, Rajoy se ha lanzado a un espectáculo circense de imagen y gestos vacíos, haciendo como que escucha a las demás fuerzas políticas pero buscando solo su propio interés electoral, como promocionar a Pablo Iglesias, un ambicioso sin ideología ni principios que quiere inventar una España perroflauta en base cero, para segar la hierba al memo solemne de Pedro Sánchez. Solo Albert Rivera ha presentado un documento serio para la defensa de España que Sánchez no quiere firmar y Rajoy se “tiene que pensar”.
Resulta grotesco ver a la mayoría de medios aplaudiendo a rabiar la mascarada montada por Rajoy -‘consultando’ hasta a la Cospedal en burla a los españoles- en busca de un consenso que importa una higa a los secesionistas. Pero, además, ¿en qué nación civilizada un Gobierno de mayoría absoluta necesita el consenso de las demás fuerzas políticas para hacer cumplir la ley? ¿O es que entre los dosieres con los que Pujol parece amenazar a la cúpula de la clase política para evitar que ni él ni nadie de su familia sea procesado hay alguno que afecta al PP? Como sostiene García Trevijano, el mayor experto en teoría política y derecho constitucional de nuestro país, “la consecuencia más nefasta del consenso es que pone a lo consensuado por encima de la ley y a los consensualistas por debajo de toda conciencia. El consenso expresa una acción antipolítica y un pacto criminal”.
El consenso ha sido la plaga que ha asolado este país desde la infausta Transición. El consenso permitió hurtar la democracia a los españoles y sustituirla por una oligarquía de partidos que impuso un modelo de Estado único en el mundo para repartirse España como si fuera un solar y enchufar a legiones de parientes y amigos. El consenso permitió una corrupción institucional y personal como jamás se ha conocido en la historia de España y de Europa, el saqueo de Pujol -capo intocable de los mafiosos de CiU- al pueblo catalán, por ejemplo, conocido perfectamente desde el principio, es fruto precisamente de ese consenso. La destrucción, por una casta política de ladrones e incompetentes, del sistema de cajas de ahorro, que había canalizado el ahorro y la inversión de las capas más humildes de la población durante casi dos siglos, es otro resultado del consenso. Y así todo lo demás.
El ingenuo y desinformado pueblo español vuelve a ser engañado una vez más con la ayuda aplastante de unos medios al servicio no de los intereses de España, sino de una clase política que les regala canales de televisión y les permite refinanciar deudas imposibles de devolver. Muy bien, ya han montado el circo del consenso para “defender la unidad de España”, como si la unidad de una de las naciones más viejas del mundo dependiera del consenso de nadie. Se han hecho las fotos, han salido en la tele y en las tertulias y han hecho una ‘demostración de democracia’ sin separación de poderes y con una Justicia al servicio de los grandes oligarcas nacionales. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué piensan hacer estos ‘demócratas’ consensuados para que se cumpla la ley y meter en la cárcel a todos los responsables del golpe de Estado del 27-O?
Rajoy: que otros resuelvan la sedición
Rajoy, aparte tolerar durante años el incumplimiento sistemático de la ley y la no persecución del delito, ha puesto además la alfombra roja a los sediciosos disolviendo las cámaras sin arreglar nada y dejando así a España indefensa, momento aprovechado, como era perfectamente previsible, por la mafia racista de la Generalitat para dar un golpe de Estado. ¿Y qué piensa hacer Rajoy después de obtener el consenso verbenero? Pues lo de siempre, en la línea de su pasividad digna de reproche penal: todo menos enfrentarse directamente a los sediciosos, no vaya a ser que se enfaden. Así que, en lugar de declarar el estado de excepción y acabar con un acto reaccionario contra la historia de España, lo enviará al Tribunal Constitucional (TC).
¿Y qué va a hacer el TC? Pues o bien tratar de impedir -igual que el famoso chiste de Otto y Frisch del franquismo (1)- la celebración del pleno en el que los sediciosos hagan firme su declaración de independencia, en contra del 64% de la población catalana y del 52% de los votantes, o esperar y, una vez oficializada, Rajoy presentará un recurso de nulidad de la resolución del Parlamento catalán ante el TC. Este tribunal lo admitirá a trámite y decretará como medida cautelar la suspensión del acuerdo sedicioso, pero como los mafiosos ya han anunciado que no obedecerán las resoluciones del TC, harán caso omiso de la orden.
Si el TC ordena la ejecución de algo que no tiene naturaleza ejecutable, los sediciosos pasarán olímpicamente y continuarán su ruta independentista
Seguirán construyendo con el dinero de todos los españoles las instituciones del nuevo Estado e intensificando, como nazis que son, el aislamiento y la persecución de la mayoría catalana no secesionista, las grandes víctimas olvidadas de esta gran canallada. En 30 días, el Parlamento de sediciosos se ha comprometido a tener listas las leyes ultraizquierdistas impuestas por los antisistema de la CUP que regirían la futura República catalana, un justo castigo a la traición sin límites de un empresariado y una burguesía miserables y racistas, al sinfín de prebendas y ventajas comerciales y de localización industrial (farmacia, alimentación, automóvil, petróleo y gas) en detrimento de las demás regiones españolas, recibidos de los gobiernos de España, con Franco en cabeza, que llevó su renta per cápita al nivel más alto de España hasta que socialistas y separatistas corruptos lo hicieran caer al cuarto lugar.
Si el TC ordena la ejecución de algo que no tiene naturaleza ejecutable, porque son meras declaraciones y no actos que transformen ni la realidad social ni la situación jurídica, los sediciosos pasarán olímpicamente y continuarán su ruta hasta realizar actos efectivos de independencia; y no solo sobre el papel. Y si estos actos son recurribles otra vez ante el TC, y este vuelve a suspenderlos, entonces si no atienden la suspensión ordenada por el TC pueden ser forzosamente anulados por los Mossos d’Esquadra, y si no obedecen se les deberá desarmar y disolver a manos de la policía o la Guardia Civil. En este punto, sería forzoso que el Gobierno realizara un acto de fuerza, algo que debió acometer hace mucho tiempo en defensa de la ley.
Es decir, estarían abocados a declarar el estado de excepción, solo que en muchas peores condiciones que ahora mismo. De la misma manera, hoy estamos en una peor situación que el 9-N de 2014, cuando los sediciosos celebraron un referéndum en fraude de ley y Rajoy, que había jurado que no se realizaría, se escondió en Moncloa asustado y totalmente paralizado y fue incapaz de actuar. El estado de excepción es la única salida, como ha defendido en estas mismas páginas nuestro mejor jurista en derecho político e institucional internacionalmente reconocido a la vez que silenciado por la oligarquía política, un hombre que sin haber ocupado un puesto en el Estado es el español con mayor experiencia política en el terreno de la acción y enemigo público número uno del consenso.
Ante el secesionismo, el Rey ni modera ni arbitra
Y solo nos queda hablar del papelón de su majestad el rey Felipe VI. Haciendo de chófer de Mas en la Seat, con la carga simbólica de tal hecho. Pero, sobre todo, con la increíble indignidad cuando un empresario catalán miserable y maleducado se negó a darle la mano en una recepción, y en lugar de ignorarle volvió para atrás para preguntarle por qué no le había dado la mano, a lo que el animal respondió que porque no quería dar la independencia a Cataluña. Don Felipe dio una respuesta inaudita, que eso «no era de su competencia». Esta vez con toda razón el empresario se negó de nuevo a darle la mano. ¿Es esta acaso la persona que debe garantizar “la unidad y permanencia” de la patria? ¡Apañados estamos los españoles!
Existe el extendido error, incluso entre gente culta y preparada que no se ha molestado en profundizar sobre ello, de que el Rey no puede hacer nada en este tema, y sin embargo nada más lejos. De acuerdo con el artículo 56.1 de la Constitución, “el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Eso significa que es no solo su competencia, sino la única y más sagrada obligación de su majestad el Rey el resolver un conflicto entre las instituciones del Estado, como es el caso, y para ello está legitimado a proceder libremente usando de su facultad y arbitrio.
Esto significa, en román paladino, que una vez agotadas las vías de acuerdo entre instituciones, el Rey está obligado por la Constitución a tomar la medida que considere necesaria para garantizar la unidad de España. ¿Ha hecho algo el Rey? ¿Ha arbitrado o moderado la agresión secesionista? ¿Ha reunido a los líderes políticos y les ha conminado a terminar en el delito de secesión de Cataluña? No ha hecho absolutamente nada. Y entonces, ¿para qué necesitamos un rey?
(1) Otto y Frisch, para quienes lo desconozcan, eran dos personajes hegemónicos en los chistes de la Alemania nazi. Otto le dice a Frisch: “Mi mujer me engaña y no sé qué hacer”. «Pero ¿cómo lo sabes?”, pregunta Frisch. “Pues porque los he visto haciendo el amor en el sillón de mi casa”, responde Otto. “Déjamelo pensar y mañana te contesto”, dice Frisch. Al día siguiente aparece Frisch triunfante: “¡Ya tengo la solución!”. “Y ¿cuál es?”, pregunta Otto esperanzado. “Pues muy sencillo: vende el sillón”. Esta es la solución de Rajoy al golpe de Estado catalán, vender el sillón, es decir, impedir que los traidores se reúnan el día 9 en el Parlamento, así que lo harán otro día o en otro sitio. ¡Váyase señor Rajoy, váyase, es usted una desgracia nacional!
