Los intentos del PSOE y la Democracia Cristiana para que el PCE abandonara la Junta Democrática fueron infructuosos. El PCE fue leal, no le convino en ese momento o la tentación de marcharse -que la tuvo- fue vencida por la voluntad del coordinador de la Junta, García-Trevijano, cuya autoridad dentro de la misma era reconocida por todos (había sido este quien había creado la Junta Democrática y diseñado la estrategia política a seguir para conseguir la ruptura democrática). Los integrantes de Plataforma entendieron que la Junta no podía ser desmantelada y que un entendimiento con esta era imprescindible. En agosto de 1975 comenzaron las negociaciones entre Plataforma y la Junta. El Secretariado de Plataforma de Convergencia Democrática invitó privadamente a la Comisión Permanente de la Junta Democrática de España a una reunión informativa. La Comisión Permanente de la Junta comunicó públicamente a todas las Juntas su decisión de aceptar esta reunión para proponer la apertura de negociaciones encaminadas a lograr la unidad de la oposición democrática. En esta circular la Comisión Permanente de la Junta Democrática invita a la Plataforma de Convergencia a «que realice un esfuerzo de clarificación pública» sobre tres problemas políticos fundamentales que Plataforma trata con ambigüedad o silencia: la posición de Plataforma respecto a la monarquía de Juan Carlos, que la Junta rechaza explícitamente; la posición respecto a la formación de un Gobierno Provisional que garantice las libertades y el libre desarrollo del proceso constituyente en el que el pueblo elija tanto la forma del Estado como la de Gobierno; y la posición respecto al modo de llegar a la ruptura democrática, que para la Junta sólo puede conseguirse construyendo la democracia de abajo arriba, con una legitimidad surgida de la sociedad civil. [1] Fue habitual a partir de entonces declaraciones conjuntas de los dos organismos de la oposición, se creó un Comité de Coordinación y se convocaron conjuntamente manifestaciones que eran encabezadas por miembros de la Junta y Plataforma.
El treinta de octubre de 1975, cuando el Príncipe Juan Carlos asume la Jefatura del Estado en funciones, los dos organismos de la oposición, Junta Democrática y Plataforma de Convergencia, firman un acuerdo en Madrid y hacen una declaración conjunta en la que «rechazan rotundamente la continuidad del régimen y de todas las instituciones que han hecho imposibles las libertades democráticas, sea bajo la forma concreta establecida en las leyes sucesorias, bajo cualquier tipo de Gobierno, monárquico o republicano, que se pretenda imponer al pueblo sin la necesaria consulta previa con plenas garantías de libertad e imparcialidad». [2] Unos días antes, como se recoge en los cables de la embajada estadounidense publicados por Wikileaks, Felipe González, Secretario General del partido más importante dentro de Plataforma, le decía al embajador Stabler que el PSOE estaba dispuesto a darle una oportunidad a Juan Carlos como rey y que prefería una «ruptura bajo la monarquía». Esta manifestación de González era incompatible con el compromiso de una «necesaria consulta previa con plenas garantías de libertad e imparcialidad». Y también incompatible con el objetivo manifestado en ese mismo acuerdo de «la realización de la ruptura democrática mediante la apertura de un período constituyente, que conduzca, a través de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma del Estado y del Gobierno». El PSOE firmaba compromisos en los que no creía y no tenía intención de cumplir.
La Asamblea de Cataluña era el organismo unitario de la oposición en Cataluña formado por todo tipo de partidos, sindicatos, asociaciones, etc. José Andreu, de Esquerra Republicana, en la Junta Democrática desde 1974, no dijo a la Asamblea que la estaba representando en la Junta, esto retrasó dos años el entendimiento de la Junta Democrática con la Asamblea de Cataluña. En diciembre de 1975, partidos nacionalistas y otros de influencia marxista (Convergencia Democrática de Cataluña, Convergencia Socialista de Cataluña, Esquerra Democrática, Esquerra Republicana, Front Nacional, Partit Carlis, Partit Popular, Partit Socialista d´Alliberament Nacional dels Països Catalans, Partit Socialista Unificat, Reagrupament y Unió Democrática) crean el Consell de Forces Politiques de Catalunya. [3] Se dice en su documento constitutivo: «Las fuerzas políticas abajo firmantes han visto la necesidad de crear un nuevo organismo político de negociación unitaria, abierto a las demás fuerzas de disciplina catalana que quieran incorporarse». En el programa del Consell (una copia del programa de la Junta Democrática: utiliza el concepto de ruptura democrática e imita su estrategia, aunque dando importancia a los objetivos nacionalistas) se manifiesta en su primer punto que el Estatuto sólo será un «primer paso en el ejercicio concreto del derecho de autodeterminación», derecho que también defienden especialmente para el País Valenciano y las Islas Baleares, y que hacen extensivo «al resto de los pueblos del Estado español». Es evidente que la necesidad de crear un nuevo organismo político de negociación unitaria respondía a una necesidad de defender explícitamente objetivos nacionalistas. El Consell, no sin discrepancia con los partidos de influencia marxista, subordinará las aspiraciones democráticas a sus intereses nacionalistas por ejemplo cuando rehúsa participar en el encuentro de la oposición en Madrid en septiembre de 1976 para no identificarse con grupos que consideraban «centralistas».
La restauración de los Estatutos de Autonomía de la Segunda República era insuficiente para los nacionalistas periféricos los cuales consideraban que era sólo un paso previo al derecho de autodeterminación. Y esta convicción era compartida ampliamente por los partidos de izquierda de la oposición democrática, el derecho de autodeterminación es reconocido en el programa de Plataforma de Convergencia y también en la resolución política surgida del Congreso del PSOE en Suresnes. Sobre este supuesto derecho que defendían nacionalistas periféricos y partidos de izquierda escribía Antonio García-Trevijano en 1977: «No se pueden homologar las concepciones políticas elaboradas para la liberación y la independencia nacional de los países colonizados u ocupados militarmente por una potencia extranjera, con las necesidades orgánicas de las comunidades diferenciadas en los Estados que realizaron su unidad con anterioridad al momento histórico en que la revolución burguesa realizó la separación entre la sociedad y el Estado. Y éste es el caso de España. […] La autodeterminación, que no es equivalente a separación, sino a derecho de separación, sólo interesa a las fuerzas sociales que tienden a constituirse en Estados nacionales, es decir, a la burguesía. La misión de las clases trabajadoras no es constituir Estados, sino liberarse de la explotación económica y de la alienación social bajo la que realizan su existencia cotidiana». [4] Hoy no se emplea tanto el concepto de derecho de autodeterminación y se habla más de derecho a decidir, que no es sino un eufemismo.
En enero de 1976 tiene lugar en París un pleno de la Junta Democrática a la que asisten unos cincuenta representantes de los partidos y personalidades de la Junta y se trata, entre otros temas, la unidad de la oposición. Dice así la declaración del Pleno: «La sesión plenaria de la Junta Democrática de España celebrada en París los días 7 y 8 de enero bajo la Presidencia del Sr. Antonio García-Trevijano, ha examinado la actual situación política de España y ha aprobado el informe que sobre la misma ha presentado el coordinador de la Junta. La conclusión principal de dicho informe se refiere a la urgente necesidad de realizar la unidad orgánica de la oposición como medio indispensable para mantener la iniciativa política que conduzca al Estado democrático. En este sentido, el Pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta dirigida a la Plataforma de Convergencia Democrática y ha concedido un amplio margen de confianza a la Comisión Permanente para llevar a término la negociación unitaria». [5]
Tendrían que pasar todavía tres meses para que ambos organismos se unieran. Pero el PSOE, seguido por los partidos demócratas cristianos, seguiría negociando a la vez con el gobierno de la dictadura.
[1] Mundo Obrero, nº25, 1975
[2] Mundo Obrero, nº35, 1975
[3] Mundo Obrero, nº1, 1976
[4] Antonio García-Trevijano, La alternativa democrática, Plaza y Janés, 1978
[5] Mundo Obrero, nº 2, 1976
