Los precios de la electricidad en España, los más elevados no solo de Europa sino de toda la OCDE, son, junto con la presión fiscal a las familias, el claro exponente del mayor expolio de toda nuestra historia industrial y fiscal. En 1975, el sector eléctrico español, totalmente regulado (es decir, los precios al público se establecían en función de los costos más un beneficio razonable para las empresas) eran los más bajos de Europa. Estos precios eran consecuencia de un sistema de generación extremadamente eficiente —hidráulico ( 32%), nuclear (10%), carbón y ‘fuel oil’ (58 %)—, con un coste de producción en valor actual de 21 euros/Mwh, y de la imposibilidad de la empresas eléctricas de ejercer su poder monopolista, al corresponder al Gobierno el sistema de fijación de tarifas.

En 1977, después de la desastrosa gestión económica de Suárez, con una inflación del 40% y un desequilibrio exterior insostenible, España se encontraba al borde mismo del abismo. Tanto, que de muy mala gana tuvieron que recurrir al gran artífice del Plan de Estabilización en 1959, que había permitido sacar a nuestro país del subdesarrollo secular y convertirlo en la octava potencia económica del mundo en solo 15 años, Enrique Fuentes Quintana. Él elabora un paquete de medidas urgentes contra la inflación y el desequilibrio exterior que se aprueban en octubre 1977, con el nombre de Pactos de la Moncloa.

Dentro de este paquete se integraba un Plan Energético Nacional que tuviera en cuenta los nuevos precios del petróleo, y cuyo objetivo era precisamente basar nuestro desarrollo futuro en energías distintas a los hidrocarburos. Fuentes Quintana me responsabilizaría a mi de la realización de ese plan, el cual se basaba en dos ejes esenciales: energía nuclear para la generación y, además, nacionalización de la red de alta tensión para garantizar la eficacia del funcionamiento del sistema de transporte, fuertemente fragmentado en las redes eléctricas de cada empresa.

La patronal eléctrica, apoyada por el ministro de Industria Oliart, se opondría frontalmente. A la nuclear, no por la energía en sí misma, sino porque el plan pretendía poner fin al dislate de que cada empresa construyera la central nuclear que le viniera en gana, lo que había llevado a que España tuviera todas la tecnologías nucleares existentes en el mundo con unas deseconomías de escala brutales, exigiendo que se pactara una tecnología única. Y lo de unificar las redes de alta tensión, que erróneamente veían como un primer paso para la nacionalización del sector, ya ni les cuento.

Sea como fuere, Enrique Fuentes, que estaba harto de la frivolidad e incompetencia de los ministros económicos de Suárez —Garrigues Walker, Oliart, Jiménez de Parga y Sánchez de León—: “¿Qué les diferencia de los ministros de los años sesenta? Van a los suyo en forma escandalosa, ¡apañada va España con estos inútiles y con un presidente que es un cortoplacista ignorante hasta la náusea y sin el menor sentido del Estado!”, me diría indignado. Presentaría la dimisión irrevocable a los ocho meses de haber aceptado el cargo. La gota que colmó el vaso fue su enfrentamiento con Oliart por la red de alta tensión.

La moratoria nuclear y las renovables

En octubre de 1982, Felipe González arrasaría en las elecciones generales, acabando con UCD y con Suárez, el político que más daño ha hecho a España en siglos, con su disparatado «café para todos” y el Estado de las autonomías, fuente de todo nepotismo —entrarían cientos de miles de enchufados entre parientes y amigos y correligionarios—, despilfarro y corrupción. Desde entonces, España crecería muy por debajo de su potencial y se empobrecería frente al resto del mundo. Por no hablar de que nos robó la democracia, imponiéndonos una oligarquía de partidos con el control del poder legislativo y el poder judicial, esto ultimo cada vez más escandaloso con la ampliación de funciones a la Fiscalía. Que el aeropuerto de Barajas se llame Adolfo Suárez es un insulto a todos los españoles.

Felipe González tuvo una oportunidad de oro para cambiar este estado de cosas, pero no lo hizo. Antes al contrario, tomó decisiones que convirtieron lo que era una pujante economía industrial (representaba el 36% del PIB en 1975) en una economía de enchufados públicos, especuladores (Solchaga sería el gran apóstol de la cultura del pelotazo) y camareros. Su reconversión industrial fue, sencillamente, el desmantelamiento industrial de España a mayor gloria de Alemania y Francia y, en el tema que nos ocupa, la ‘moratoria nuclear’ fue lo que culminó nuestro desastre industrial. Se desmantelaron cuatro centrales prácticamente terminadas y se paralizó la instalación de otras cuatro iniciadas.

El costo para los consumidores de dicho desmantelamiento, ya que hubo que compensar a las empresas los costos incurridos, llevamos pagándolo décadas en concepto de ‘moratoria nuclear’. Pero lo peor es que ocho centrales con una potencia conjunta de 8.000 Mw —que de haberse construido estarían generando hoy unos 60.000 millones de kwh, más que toda la energía eólica— y a un precio de 20 euros Mwh, permitirían reducir el precio del ‘pool’ (el precio del ‘pool’ más la subvenciones constituye el precio total) un 14%. Un disparate histórico que pagamos muy caro todos los españoles y no solo los marxista-ecologistas.

Pero lo peor vino después, y esta vez de manos de la derecha, los ‘golfo-ecologistas’. En noviembre 1997, se promulga una Ley del Sector Eléctrico, donde de un lado se decía que se iniciaba el ‘proceso de liberación’, que efectivamente fue así, pero no porque se permitiera la competencia, si no porque se pasó de un oligopolio con precios administrados a otro con precios libres, igual que ocurrió con el petróleo y el gas. Un expolio gigantesco a favor de los oligopolios del Gobierno Aznar donde, en el eléctrico, la introducción de un denominado Régimen Especial encubriría el mayor robo legal a los consumidores de la historia industrial de España y de Europa.

El Régimen Especial supondría una serie de escandalosas subvenciones a las energías renovables que, además, y en contra de toda lógica, se mantenían intactas en el tiempo sin tener en cuenta, como en el resto del mundo, la mejoras tecnológicas que iban a producirse. La magnitud de los ‘pelotazos’ que han llevado el recibo de la luz al nivel más elevado de la OCDE fue de miles de millones por quienes, a pachas con el poder político —para mayor dislate, las concesiones fueron transferidas por Zapatero a las autonomías—, obtuvieron las concesiones. Ríanse ustedes de Pujol, Rato, Blesa o Granados.

Para cuantificar el expolio, la subvenciones: a día de hoy, son de 41 euros/Mwh la eólica, 390 euros la fotovoltaica, 240 la termosolar y 46 euros la cogeneración. Eso por encima del precio del ‘pool’, que hoy está en torno a los 50 euros/Mwh. Ninguna de estas energías necesita hoy subvención alguna. El coste de la eólica se ha reducido en un 30% y la fotovoltaica, en un 90%. Los últimos parques en desarrollo en México y Marruecos generan esta energía a 36 euros Mwh, la misma que nosotros pagamos a 390+50= 440 euros/Mwh. Que en estas condiciones el ministro de Energía, que todo lo que sabe de energía es que empieza por E y termina por A, nos diga que el recibo de la luz sube porque hace frío, simplemente no tiene pase. Nadal une al expolio masivo el insulto a los consumidores.

En conjunto, las subvenciones a las renovables suponen hoy el 24% del recibo de la luz; si unimos las consecuencias de la moratoria nuclear y los mayores impuestos de Europa, los españoles estamos pagando un 47,5% de más por el sectarismo, la incompetencia y la corrupción masiva. La señora Merkel suprimió el año pasado la casi totalidad de subvenciones a las renovables en Alemania, y lo mismo ha ocurrido en el resto del mundo. Justo en sentido contrario, Rajoy no solo ha mantenido el grueso de las subvenciones, además ha impedido por ley la autogeneración, lo que permitiría a familias y pequeñas y medianas empresas reducir a la mitad el coste del suministro eléctrico. Afirmar que ha hecho todo lo posible por bajar el precio es una de las mentiras más inauditas de un personaje que no ha dicho una sola verdad en toda su vida pública.

El impuesto al sol y la pila Tesla

La fulgurante caída de precios de los paneles fotovoltaicos, un 90%, hizo que desde 2014 su instalación permitiera a familias y empresas reducir sustancialmente el recibo de la luz, ya que generan electricidad a mitad del precio de dicho recibo. El problema es que, durante las horas de sol, estos paneles producen más electricidad de la que se consume y no producen nada durante la noche. En el resto de Europa, y particularmente en Alemania y Reino Unido, que van a la cabeza de este tipo de energía, las empresas eléctricas están obligadas a comprar los excedentes y a vender la parte no producida en condiciones de mercado.

Y aquí es donde Rajoy y el PP se han quitado la careta. Paradigma universal de la cobardía ante los separatistas, demuestra su despotismo intimo con los indefensos. A final de 2015, y al objeto de impedir el autoconsumo, sacó un real decreto que impone lo que denomina ‘peaje de respaldo’ al autoconsumo energético, según la terminología de Iberdrola, que es la redactora del decreto. Es el denominado coloquialmente ‘impuesto al sol’. El indigno ministro Soria, tan ayuno de conocimientos que no sabía distinguir una placa fotovoltaica de otra para calentar agua, dijo: “Los consumidores deben pagar los peajes de transporte y distribución porque si no les estaríamos subvencionando”. ¡Vergonzoso! ¿Acaso ignoraba este inepto que en el recibo de la luz ya están incluidos todos los costos?

Este ‘peaje de respaldo’, que carece de justificación alguna y es solo un robo puro y duro, está calculado para impedir el autoconsumo. No es de extrañar que mientras que otros países, familias y empresas instalan miles de Mwh para el autoconsumo, en España apenas hay unas decenas. Pero si alguien creía que esto era todo, se equivocaba, la vileza de Rajoy para con lo débiles no tiene fronteras. En 2016, Tesla, la empresa que fabrica los mejores coches eléctricos del mundo, puso en el mercado un acumulador de litio que hace innecesaria la conexión a la red. La respuesta de Rajoy: prohibir bajo pena de fuertes multas su instalación. Algo propio de un capo mafioso y no de un jefe de Gobierno.

¿Y cuál es la solución a este expolio sin precedentes? Pues bien sencilla. El expolio ha sido una decisión política, es por tanto política su solución. ¿Hasta cuándo piensa el Gobierno hacer pagar a los españoles 440 euros Mw/hora por la fotovoltaica cuando su coste actual es de menos de 50? ¿Hasta cuándo va a seguir el BOE en manos del oligopolio eléctrico? ¿Hasta cuándo el Gobierno del PP, que ha convertido España en un infierno fiscal para la clase trabajadora y la clase media, va a mantener las fiscalidad sobre el consumo eléctrico mas alta de Europa?

Cualquier modelo europeo, excepto el de Italia, es mejor para España, el más rápido de implantar sería el de Alemania: fin del ‘impuesto al sol’ para el desarrollo masivo del autoconsumo por familias y empresas, fin de la mayoría de subvenciones a las renovables, como acaba de hacer Merkel, fiscalidad en la media europea y acabar con el oligopolio eléctrico —para que exista competencia, las tres primeras empresas no pueden tener más del 35% del mercado, aquí tienen el 73% directo y el 90% sumando las comercializadoras, que dependen de ellas—, y hasta que se consiga se vuelve a un sistema de precios regulados ‘cost plus fee’. Solo se necesita una cosa: voluntad política.