Dos webs cívicas confirman el despilfarro y abuso de los dirigentes españoles pese a la crisis

Los últimos informes externos de organizaciones independientes como Transparencia Internacional y Access Info han sido confirmados por dos webs ciudadanas españolas. “Sueldos Públicos.com” y “El Boe nuestro de cada día”, acreditan que, lejos de amortiguarse o disminuir, los despilfarros, ineficacias, duplicidades y abusos, a los que están acostumbrados nuestros políticos y sindicatos junto con nuestras administraciones, no han cejado lo más mínimo con la crisis.

La primera trae en su portada los sueldos públicos anuales y los años que llevan cobrando del erario público de unos cuantos políticos escogidos al azar: Gil Lázaro (PP), 95.000 euros (30 años); Cristina Narbona (PSOE), 64.000 (10 años); Francisco Javier Iglesias (PP) 68.000; Yolanda Vicente (PSOE), 116.000 (8 años); Joseba Zubía (PNV), 113.000 (24 años); Juan José Lucas (PP), 116.000 (27 años);  Gabriel Elorriaga (PP), 70.000 (8 años); Jose Manuel Barreriro (PP), 113.000 (17 años); Alberto Unamunzaga (Eusko Alkartasuna), 113.000; Jordi Vilajoana (CiU), 118.000; José o Josep Montilla (PSOE), 113.000 (32 años); Teresa Cunillera  (PSOE), 71.000 (30 años); Santiago Cervera (PP), 84.000 (24 años); Joan Coscubiela (Izquierda Unida), 105.000; Juan José Imbroda (PP), 81.000 (33 años); Enric Xabier Morera (Bloc Nacionalista Valencià (Coalició Compromís), 71.000 (5 años); Alicia Sánchez Camacho (PP), 101.000 (13 años).

 

 

Gracias a «El BOE nuestro de cada día» nos enteramos de que el Ministerio de Defensa gasta 225.000 euros para alquilar 133 apartamentos de vacaciones de miembros de la Armada, que el Estado compra en «El Corte Inglés» 38 millones de euros en netbooks a la Xunta de Galicia y mantiene los equipos de la DGT, mientras que los antidisturbios, el personal del Museo del Prado y la policía local de Sevilla, entre otros, visten sus uniformes comprados en las tiendas de la cadena de grandes superficies.  También se ha sabido por esta web que el rey no paga sus flores, sino el Gobierno, a razón de 128.000 euros netos en dos años gastados para la decoración floral de las cenas de gala y recepciones de la Casa Real. Presidencia, Exteriores, Defensa e Interior, entre otros, sufragan los gastos derivados de la Monarquía más allá de los ocho millones de su presupuesto.

Entre 2009 y 2011 se han celebrado trece cenas de gala y ocho recepciones, un total de 21 actos, lo que daría una media de más de 6.000 euros por celebración. De Interior y Defensa salen los gastos de seguridad, por ejemplo, aunque el Gobierno no detalla cuánto se destina a estos servicios al Rey. El Ministerio de Exteriores se hace cargo de las facturas de los viajes oficiales y el de Presidencia, bajo el epígrafe Apoyo a la gestión administrativa del Jefe del Estado’, paga los gastos de personal de Zarzuela (más de seis millones de euros.

 

 

Además, el gobierno balear destina este año 1,7 millones de euros para el mantenimiento y limpieza del Palacio de Marivent en Palma de Mallorca. A eso habría que sumarle que buena parte del presupuesto de Patrimonio Nacional (casi 118 millones de euros en 2012) se destina al mantenimiento y pago de facturas varias del resto de palacios de los que hace uso la Casa Real -Zarzuela, Palacio Real, El Pardo, etc. Es bajo ese capítulo de gastos donde se encuentra la partida para para sufragar la decoración floral de los actos protocolarios.

Y es que estas webs confirman que tampoco funciona la labor de control mediática tradicional. Las denuncias apenas asoman a los medios de comunicación “oficiales” ni a las televisiones, cada vez más dependientes del dinero estatal, autonómico y local. Se lo proporcionan a crédito los políticos o los bancos, cajas o empresas dependientes de ellos, inmersos además en graves crisis financieras que los hacen cada día más cómplices del poder y adversarios del control ciudadano. Ellos se limitan a narrar o describir el “cuento de hadas” de la “sociedad feliz” con la Monarquía de partidos.

 

 

Los jueces, cuyos dirigentes y altos cargos son a su vez nombrados por los partidos, tampoco tienen valor cívico, conocimientos políticos, ni tradiciones capaces de auparlos sobre la “casta” política, regia, económica, judicial y mediática, de las que son dependientes, cuando no admiradores. Cualquier investigación la consideran “un marrón”, como explicó gráficamente la magistrada que archivó una de las últimas demandas de paternidad contra Juan Carlos. Como ya es habitual en todos los sectores económicos o administrativos del país, ascienden no los más laboriosos, valientes, innovadores o brillantes, sino los más dependientes y más manejables por los otros poderes del Estado. Los mas dúctiles a las presiones.

La sociedad civil sigue prácticamente desarticulada y reducida a unos pocos voluntarios y altruistas de la decencia pública, cuando no está domeñada y manipulada por partidos estatales minoritarios. “Nadie plantea una profunda reforma del Estado que desatasque la economía en el sentido requerido por unas instituciones que sean de verdad democráticas. Sigue ahogado el principio de representación y los mecanismos de control”, afirma Antonio García Trevijano.

“Hoy España se asemeja a una nave a la deriva cuya tripulación sólo contempla y espera el momento en que la escollera la desgarre. Y lo peor es que el hacinado pasaje desconoce que los principales cargos públicos avistan desde sus lujosos camarotes y tienen ya a mano los botes de salvamento para huir los primeros del naufragio”, concluye Trevijano.

 

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