Aún se desconoce, porque ningún grupo parlamentario lo ha pedido ni lo pedirá, la composición de la comisión de funcionarios y políticos del Senado que designó a 3 empresas como ganadoras del concurso por el que obtendrían casi medio millón de euros por crear la nueva web de la Cámara Alta. El escándalo en el sector ha sido tal, que numerosos expertos han definido la situación como «engaño», «fraude» o incluso insinúan que la concesión pudo estar amañada con engaños, dado el abultado sobreprecio, lo que viene a sugerir que parte del dinero se habría quedado por el camino. Para colmo, el día del estreno y tras emplear supuestamente dos años de trabajo, la web no funcionaba.
Internet echa humo pero solo dos periódicos se han atrevido a indagar. El diario Abc denuncia que «un espacio dedicado a una institución de tal dimensión podría estar en torno a los 50.000 euros, una cifra alejada del medio millón de euros presupuestada (437.691,5 para ser exactos), que ha generado un torrente de críticas en redes sociales por sus fallos de seguridad». José Antonio del Moral, fundador de Alianzo, declara que no debería haber estado «por encima de los 100.000 euros», aunque confiesa una práctica que muchos desconocen: que a las administraciones públicas «siempre se le cobra más». Tras analizarla, Del Moral ha criticado al nuevo buscador de la institución, cuyo coste asciende a 118.338 euros, aseverando que «nadie en su sano juicio» crea una web de amplia documentación sin utilizar software libre como Lucene o Sphinx. «Quien utiliza Oracle es porque le han engañado», añade.
«No se debería haber ido jamás por encima de los 50.000-60.000 euros», señala Álvaro Vázquez de Prada, de Abatec Online Marketing, quien estima una duración de dos meses de trabajo para su desarrollo y configuración. De «ilógico» y «escandaloso» califica Daniel Yuste, de Designit, para quien la finalidad de la página web rondaría los 20.000 euros, el diseño «no debería de superar» los 40.000 euros, mientras que el desarrollo técnico unos 30.000 euros «tirando por muy alto». Míriam Pastor, de Grupo Antón, califica el gasto de «una burrada». En «El Confidencial» otro experto señalaba: «Nosotros hemos trabajado con empresas del Ibex 35 y te puedo decir que, hoy por hoy, medio millón en un desarrollo web solo lo paga el Gobierno». Y desde el mundo de la consultoría, ratifican esta versión: «El precio es muy alto, sobre todo el de la web y el del buscador».
Con este estado de cosas la pregunta es simple: ¿Quien se ha llevado el medio millón de euros? La parte relativa al Senado debería escudriñarla una comisión de investigación propia, pero eso sí que se parece a una «quimera» regia. Analizando la escasa documentación aportada por la cámara, sólo se puede confirmar que han sido 3 empresas las lujuriosamente caras e ineficaces: VASS, GFI e IBERMATICA. ¿Quienes se esconden bajo estas siglas?
Después de ocho años en el mercado, VASS rompió su silencio mediático en las páginas de ComputerWorld. A su director general, Javier Latasa, hijo del ex director general de IECISA, Miguel María Latasa, le preguntaron: ¿En España se nota que hay una empresa como Indra a la hora de adjudicar contratos en la Administración Pública?. Y respondió con naturalidad: «Todas las empresas fuertes de consultoría tienen una amplia presencia en la Administración Pública. Lógicamente, el mercado de la consultoría se apoya en la confianza que pueda tener, en este caso la Administración Pública, en un grupo de personas o empresas… Además del vínculo familiar que le une con el que fuera».
Amiguismo o parentesco, también GFI trabaja mucho con la Administración y Carlos Muñoz, consejero delegado, confiesa a la misma revista que «en España trabajamos fundamentalmente con las Administraciones Públicas, el sector de la banca y los seguros, las ‘telco’ y con el sector industrial, que también abarca a otros de menor volumen para nosotros. Digamos que el negocio lo tenemos bastante repartido. Un 30% proviene de la Administración, otro 30% del sector ‘telco’ y el resto se reparte por igual entre la banca y los seguros y la industria, aunque quizás tenga algo más este último». Y pone como ejemplo de sus clientes a «Aena (como parte de una UTE), el Ministerio de Sanidad, el Banco de España… También son clientes Telefónica y el Gobierno vasco…».
IBERMATICA está dirigida por José Luis Larrea y describe como «Estamos posicionados en el conjunto de ámbitos de la Administración Pública: central, autonómica, regional y local, donde implantamos soluciones informáticas específicas. Nuestras principales áreas de actividad son el desarrollo de proyectos de difusión de la Sociedad de la Información y Open Government, la integración de soluciones de Administración electrónica que faciliten a los ciudadanos su relación con la Administración, y la implantación de sistemas corporativos de gestión (área económico-financiera y administración de personal y recursos humanos). Adicionalmente, contamos con una sólida presencia en áreas como la Administración de Justicia, Universidades, Sanidad y Vivienda». Según informó «El País» en agosto, «perdió dos contratos que tenía asegurados, dentro y fuera de Euskadi, dos semanas después de que fuera implicada junto a la empresa Indra, por la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, en la comisión de supuestas irregularidades durante la ejecución de trabajos para el departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009, y cuyo procedimiento judicial ha sido archivado por el fiscal del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro».
La guinda del pastel es que dos de estas tres empresas pertenecen a la Asociación de Empresas de Consultoría (AEC), que ha elegido recientemente como presidente al ex ministro del PP, Manuel Pimentel. Cuando le preguntaron a Carlos Muñoz (GFI) por su figura, respondió: «Me parece perfecto. Era importante tener un presidente independiente de las compañías de la AEC que nos ayude y transmita a la sociedad los valores que proporcionamos a la economía del país, los problemas que tenemos, nuestra capacidad de innovación…». Y en efecto, pese a la oleada de indignación popular por el despilfarro de dinero del contribuyente, sus compañeros de profesión están encantados con la nueva web del Senado: el senador del PP José María Chiquillo dice que es una «inversión en democracia» que tendrá la «máxima rentabilidad», Ander Gil García (PSOE) sostiene que «es algo más que una web, es una sede más del Senado». «Esto vale lo que vale», señala Jordi Vilajoana (CiU), a lo que Mónica Almiñana, de la Entesa, ha añadido que «conocer la web, también dejará claro nuestro trabajo» y el senador José María Cazalis (PNV) apunta que «el coste es elevado, el precio dependerá del uso de la web».
