DEMOCRACIA ESPAÑOLA

¿La forma de gobierno que hay en España, es o no es democracia?

Veamos primero si se cumple el primer requisito necesario, el del principio de representación. ¿Podemos decir sin faltar a la verdad que son nuestros diputados nuestros representantes?

Los partidos políticos son en España los portadores de la soberanía. Ellos, que en lugar de residir en la sociedad civil, son órganos del Estado, del que cobran, son los que por medio de los jefes de partido hacen las listas electorales. Y al hacerlas, ya están eligiendo a los que ponen en puestos de salida. Los votantes luego refrendarán, escogerán, la cuota de cada partido, pero no elegirán a las personas que ocuparán los escaños.

Luego, entre todos los partidos y proporcionalmente a los resultados obtenidos se reparten el poder por cuotas, de forma que todos ganan, unos más, otros menos, pero ya tenemos la repartija. Todos han sido financiados por el Estado y todos entran al reparto del botín.

El diputado ¿a quién le debe el puesto? ¿a quién obedecerá? ¿quién le pondrá o no en puesto de salida la próxima vez?  Se debe a quien todo le debe, esto es, al partido. De forma que siempre votará lo que le mande su señorito, el jefe del partido.

El simulacro de debates parlamentarios y votaciones consiguientes es ya grotesco. Bastaría que se juntasen seis o siete en una mesa de café con el voto ponderado que cada partido tuviese y nos ahorraríamos un dineral. Y el bochorno de ver cómo aprietan el botón que les indican.

No se deben a su distrito, a sus votantes. El mandato imperativo no lo es de sus electores, lo es de sus jefes. En el consecuente conflicto de intereses siempre estarán con el amo.

Son delegados del partido en provincias. No tenemos por tanto representación. De hecho, nadie recuerda quien encabezaba la lista que votó, votan al partido, quien detenta el poder.

Con el reparto proporcional de escaños, ellos, que no nosotros, escogerán en obediencia debida a sus jefes, al presidente del ejecutivo.

De forma que, sin representación nuestra, los legisladores elegirán al ejecutivo. Entrambos nombrarán al judicial.

Hay división de funciones, como en las dictaduras, pero no de poderes, ya que unos emanan de los otros, cuando debieran ser diferenciados por sus distintos orígenes.

Amén de no elegir representantes de los ciudadanos, y de tampoco elegir al presidente, el Jefe del Estado hereda de su familia el cargo. Por reinstauración del sistema monárquico por parte de Franco. Ese es su origen y su legitimidad, la surgida de la guerra civil.

Esta forma de gobierno no es democracia, se llama Estado de partidos.

La forma de estado no es republicana (igualdad ante la ley), es monárquica.

Y ésta es la realidad, España es un estado de partidos monárquico.

REFORMA O RUPTURA

Tras la muerte de Franco el régimen sabía que no se podía mantener en el tiempo porque, en primer lugar, era un régimen muy personalista, que dependía para su propia existencia de la de quien encarnaba la victoria en la contienda civil. En segundo lugar, por el contexto internacional y, en tercer lugar, por la propia evolución de la sociedad española.

El debate político era entre reformar el franquismo o romper con él.

Vencería la primera opción haciendo bueno el dicho de que aquello que se reforma lo hace para perpetuarse por adaptación. Perdería la opción que defendió la Junta Democrática, convocada y liderada por el pensador político y hombre de acción Antonio García-Trevijano Forte, que aglutinaba todas las fuerzas políticas ajenas al franquismo y que no estaban dispuestas a ser absorbidas. Y con él, perdería España entera la posibilidad de conocer la libertad política y de poder elegir, por primera vez en su historia, la forma de gobierno y la forma de estado.

La reforma consistió en incorporar al régimen a la disidencia, mediante el establecimiento de un consenso que garantizase la forma monárquica del Estado, y la impunidad de las responsabilidades tanto de la guerra como del ejercicio del poder. Además, se sustentaba el consenso en un reparto del poder tal que impidiera el sistema de mayorías y minorías. Se pasaba del partido único estatal a varios partidos, también estatales. Pura estrategia lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual.

Todos los partidos pasaron, traicionando así el acuerdo firmado en el despacho de Trevijano, por la ventanilla de Arias Navarro solicitando la legalización que los fuese incorporando como órganos del Estado.

El Rey, designado por Franco saltándose la línea de la legitimidad dinástica, traicionaría la memoria de éste, al que le debía el poder, y a su padre, al que arrebató la Corona al dejarse coronar por el dictador.

Suárez, jefe del Movimiento Nacional, traicionaría al Movimiento.

Santiago Carrillo traicionaría la memoria de cuantos lucharon y sufrieron por otra causa.

Y todas las fuerzas políticas de oposición al franquismo traicionaron a Trevijano, que se quedaría solo con la bandera de la ruptura con el franquismo y la alternativa democrática.

La transición reformista, controlada de cerca por Kissinger y tutelada por la socialdemocracia alemana, requería la desaparición política del independiente Trevijano. Tal y como indicaba el PSOE, no se podía llegar al consenso reformista con el liderazgo indómito de quien, sin partido ni organización propia, mantenía el pulso. Así primero, por orden de Fraga, Trevijano entró en la cárcel de Carabanchel, donde estuvo lógicamente fuera del juego político, mientras se pactaba y, después, fue difamado con una burda mentira lanzada por Mújica, maniobra que se comprobaría muchos años después al publicarse los papeles de wikileaks, donde se habla de Trevijano, adjetivándole como un maverick (indomable), la única oposición rupturista al proyecto reformista que consistía en evolucionar de la dictadura hacia la partidocracia.

Y así, de la mano del ministro Secretario General del Movimiento y del sucesor a título de Rey designado por Franco, se acogió en la maquinaria del Estado a aquella disidencia que, bien agotados de la lucha o bien ávidos de entrar en el poder, se dejaron abrazar, traicionando a la sociedad civil y al compromiso adquirido de no ser legalizados hasta que en España no hubiese libertad política.