Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan, entre otros aspectos, que la inseparación de poderes característica del Estado de partidos o partidocracia redunda en una concentración de poder de índole expansiva y totalizadora, de lo que sería manifestación el designio del actual gobierno partidocrático de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales los que instruyan en vez de los jueces, ya que aquéllos dependen jerárquicamente del Fiscal General del Estado, elegido directamente por el Gobierno. Recuerdan, asimismo, de acuerdo con lo expuesto por Antonio García-Trevijano en su libro «Teoría Pura de la República», que es el recurso de inconstitucionalidad el que aseguraría la función tutelar de la potestad judicial sobre el poder legislativo, tal como sucede en E.E.U.U. («Sin esa potestad de los jueces y tribunales ordinarios, para declarar en sus sentencias la inconstitucionalidad de las leyes, no podrá existir control de poder legislativo por parte de la potestad judicial», op. cit., El buey mudo, Madrid, Madrid 2010, p. 567).

Podemos propone a Justicia que no exista delito de sedición si no se usan armas. La Sociedad de Socorro Mutuo que constituye la casta partidocrática busca favorecer a los suyos incluso retorciendo desvergonzadamente el Código Penal para modificar una ley (que lo es porque es para todos) convirtiéndola en un privilegio (para unos pocos políticos del régimen); así podrán participar en condiciones de igualdad en el reparto de poder de las votaciones catalanas del 14 de febrero (¿igualdad, equidad, espíritu deportivo?). Queda, empero, la última bala del indulto.

Rufián mantiene su hoja de ruta a pesar de la respuesta del Supremo a los presos del 1-O. Igual que partidos como Podemos remite a un futuro indeterminado el advenimiento de la república (Pablo Iglesias Turrión dijo que la traerían los jóvenes -hay que ver cuán rápido envejecen algunos-), ERC difiere la «implementación» de la independencia de Cataluña y la defensa de sus conmilitones presos ante su ambición de poder de pequeño partido de régimen (que hay que ver también cómo une la partidocracia en tanto que patria y predio de nuestros oligarcas), que le lleva así a mantener su apoyo al Gobierno para no perder terreno, en sus cálculos, ante otras fuerzas nacionalistas (en realidad estatalistas) como los herederos de la corrupta (valga la redundancia) Convergencia, en calidad de «interlocutores privilegiados» del Gobierno de cara a las votaciones regionales de febrero de 2021.

Ayuso, sobre el rey emérito: «No somos todos iguales ante la ley». La torpe defensa que hace esta ignorante oligarca del rey demérito es el mejor ataque contra lo que éste representa. La monarquía, forma del Estado basada en la desigualdad y un principio de ejemplaridad que encarnaría el monarca, según un modelo divino que explica que lo sea «por la gracia de Dios», pierde en el caso del sucesor de Franco a título de rey todo ese valor edificante. Las últimas noticias sobre su presunta corrupción y regia defraudación a Hacienda pretenden ser relativizadas por la Sra. Ayuso afirmando que la ley, siendo igual para todos, no lo es en casos como el de Juan Carlos I (reconocimiento de un indigno privilegio, pues tiene derecho a regularizar como cualquier hijo de vecino -no siéndolo, claro- un presunto fraude a Hacienda, pero cuidadito con reprochárselo pues, -falso mito fundante- trajo la democracia a España, ya que no se llevaba muy bien con la dictadura -es decir, con Franco, su padre adoptivo, del que -según decía García-Trevijano- no toleraba que se hablara mal en Su presencia- cuando en realidad lo que nos ha servido es una antidemocrática partidocracia, de cuya corrupción ha sido el más elevado espejo.

Josu Ternera: «La violencia nunca ha sido el objetivo de ETA». La ETA, presunta hija descarriada del PNV, aumentó exponencialmente su actividad con la instauración de la monarquía franquista de partidos. El pecado original de la ausencia de ruptura democrática con el régimen alimentó el sentimiento de culpabilidad de los veterofranquistas (UCD y AP) y de los consentidores del régimen recauchutado (PCE y PSOE) hacia las reivindicaciones de los nacionalistas, que sólo inspiraban desprecio a los dirigentes izquierdistas de la república en guerra como Azaña y Negrín; aquéllos, pues, supieron hábilmente recoger las nueces del árbol que ametrallaban los asesinos etarras a guisa de poli malo. No obstante, el quimérico proyecto de ETA, que consistía en incitar un estado de excepción, que llevaría -en su opinión- al levantamiento del oprimido pueblo vasco en vistas a la constitución de una Cuba cantábrica, era inviable, y de la primitiva fase de Guerra Sucia a base de los Escuadrones de la Muerte de los tiempos de Felipe González, el Estado partidocrático, sobre todo a partir de Rodríguez Zapatero, ha optado por la vía de intentar integrar a los terroristas en el sistema de partidos estatales proponiéndoles que se convirtieran, a su vez, en otro partido del régimen, subvencionado por el estado con sus cuotas de poder, prebendas y clientelas.

Aprobado exterior a la democracia española pero inquietud por la tensión. El diario oficial de la mañana (aunque la inmensa mayoría de los restantes también lo son en la medida que son sostenedores del régimen partidocráticos y llenan sus páginas de sus starlettes) trae a colación una serie de informes internacionales (sin que se tome tampoco la molestia de indicarnos en qué baremos basan su clasificación) que «aprueban» la «democracia» española, aunque inciden en la tensión (que el diario progubernamental tiende a achacar a la llamada oposición, por más que todos los partidos sean iguales, socialdemócratas -esto es, adoradores del Estado del que se constituyen en facción- que azuzan a sus respectivos rebaños de seguidores, ansiosos de lucir el hierro de la ganadería de «izquierda» o «derecha», sintiéndose así superiores moralmente a «los otros» y liberados de la penosa tarea de pensar). Se cita, empero, como uno de esos ítems taxonómicos el «alto grado de fiabilidad del sistema electoral», esto es, el sistema electoral proporcional de listas cerradas de partido, que, sin duda, no deja resquicio a la libertad política del sujeto constituyente, la sociedad civil, y asegura el poder de los partidos como dueños del Estado, y cumple, pues, plenamente la función para la que fue creado: la integración de las masas en el Estado a través de la identificación de éstas con los partidos, al modo fascista.

Alberto Iturralde y Emilio Triviño explican cómo funciona el fenómeno de las llamadas «puertas giratorias», pago de favor a los políticos del régimen que legislan a favor de grandes empresas y contra el pueblo, y cómo esta clase política, cuyo único objetivo es el mantenimiento del poder, demuestra su falta de preparación e inoperancia en situaciones como la actual pandemia.

Discurso de Navidad del rey: El rey desaprovecha la ocasión para dar explicaciones sobre el emérito y centra su discurso en la pandemia y la crisis. Acusaciones incongruentes, pues, ¿qué iba a decir?: «Soy el sucesor del sucesor de Franco a título de rey, que era tan corrupto como este régimen partidocrático en el que, dada la falta de auténtica representación política del ciudadano y de control del ejecutivo mediante la separación de poderes, la corrupción es necesario factor de gobierno, y que es el régimen que yo ahora sostengo». Los medios repiten lo que quieren que digan los partidos a los que sirven por afinidades e intereses, y ninguno está interesado en la verdad.

Sánchez sugiere que indultará a los líderes del ‘procès’ para favorecer la «reconciliación». El término «reconciliación» se puso de moda en los albores de la Transacción o Transición, aunque, en aquella época, hacía par con la palabra «amnistía». En esos momentos contribuyó a dar un ropaje sentimental pseudorreligioso al consenso o acuerdo oligárquico entre las fuerzas vivas franquistas y la oposición oportunista para el reparto del Estado. Ahora parece surgir para aliñar el aparente consenso separatista que podría perfilarse, siempre, claro está, que concuerde con los intereses de las fuerzas oligárquicas mayoritarias.