Luis Escribano señala que «los partidos han generado un grave problema con el empleo público temporal, y las maquiavélicas soluciones que plantean darán pie a numerosas reclamaciones de opositores, estatutarios, funcionarios y laborales fijos, que podrán acabar en millonarias indemnizaciones que pagaremos todos los españoles, como es habitual en esta partidocracia», y concluye así que «en caso de ganarse las reclamaciones patrimoniales, el coste a pagar por las Administraciones Públicas debería ser repercutido, según la ley, en el patrimonio personal de las autoridades y funcionarios responsables. Sin embargo, este deber legal, que se conozca, no ha sido ejercido por ninguna Administración Pública, porque ya saben que perro no come perro. ¿Se imaginan a un cargo político del PSOE, PP, VOX, IU, Podemos, Ciudadanos, etcétera, exigiendo directamente la responsabilidad patrimonial personal a otros cargos de su propio partido? Con esta partidocracia, les aseguro que no lo verán en ninguna Administración Pública».

Exmiembros del Tribunal Constitucional, tribunal político al servicio de los partidos que lo elige, hablan de reforma del llamado Estado de las Autonomías, pero en el sentido de profundizar en él y, por tanto, en la disgregación del sujeto constituyente, bienquista a este órgano constitucionario. Apelan a una «lealtad federal» que delata el proyecto del régimen partidocrático de blindar, como se dice ahora, el cacicato autonómico cubriéndolo de ropajes federales —imposibles de toda imposibilidad pues los estados a unos estómagos agradecidos que piensan que pueden sobrevivir a la ruina de la nación política y de sus compatriotas—.

Sobre el postsanchismo se pronuncia Ignacio Ruiz Quintano: «Al españolejo se le vende que “muerto Sánchez, se acabó la rabia”, y luego vendrán los ayes. Pues no son Sánchez, ni Mariano ni Zetapé ni Aznarín ni Gonzalón ni Leopoldo (“marmolillo peatonal”, para Guerra) ni Suárez ni Arias… Es el sistema, es decir, el sindicato de poder de lo que en buena literatura política se conoce por “oligarquías inverecundas” cuyo factor de gobierno es el consenso político (reparto, corrupción) en el Estado de Partidos, ese Imperio del Bien (Muray) en el que el vicio es la virtud, la mentira la verdad, el mal el bien, el valor la cobardía, la estulticia sabiduría… Ni derecha ni izquierda: centro. No te metas en política (conflicto), que de ella se ocupan los que saben.  –La derecha y la izquierda —dice Negro— han convergido en el consenso político: la conspiración de los partidos consensuados contra las libertades en lugar del partido único de los regímenes totalitarios. Es el comunismo por arriba. El consenso, dicho por Muray, ha desplazado al comunismo “porque por fin lo ha realizado”. El consenso político es una nomenklatura tecnocrática economicista semejante a la soviética, que consagra, según Negro, las distopías de Huxley y Orwell como los mejores manuales de teoría del Estado o del Gobierno».

Refiriéndose al gobierno actual, Luis Riestra se pregunta: «¿Pero de dónde salen estos individuos? Pues del sistema electoral de esta partitocracia, como hemos explicado aquí tantas veces, una aberración política que cada día que pase degenerará más. La mejor demostración de eso tal vez sea la que da en un vídeo, que debe verse, aunque el personaje es bastante «aburrido», un diputado compañero de escaño del mismo Garzón. En él explica la desconexión total entre ciudadanos y unos diputados que simplemente hacen lo que les dice el órgano director del partido, que vayan ustedes a saber para quién trabajan, pues algunos parecen a sueldo de Marruecos u otros gobiernos aficionados a repartir sobres. Ante esto siempre aparece alguno que dice «disfruten lo votado», como si en una partitocracia votar sirviera de algo (salvo para legitimarla), y si no, pregúntenles a los votantes del PP en Baleares o Galicia».

Sobre la auténtica naturaleza del voto en blanco se expresa Ignacio Ruiz Quintano: «El TC declaró inconstitucionales los confinamientos consensuados por socialistas y populares, por lo que populares y socialistas, en lugar de entregar sus actas e ingresar voluntariamente en un Centro de Rehabilitación Democrática, resolvieron cambiar de TC, y en la votación para “legitimar” el chalaneo la diputada popular Doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, que, al revés que Barras, habla bien y vota mal, votó… “en blanco”. El voto en blanco no es el chaleco blanco de Robespierre ni el desaparecido derecho de resistencia del pueblo (¡hasta aquí lo mucho de tonto y lo poco de soberano que es el pueblo!); significa, simplemente, que aceptas el sistema, pero que, entre un haz de heno y otro haz de heno, no sabes con cuál quedarte, como le pasó al asno de Buridán. Pero los partidejos se rigen por la ley de hierro de la oligarquía estudiada por Michels en la socialdemocracia alemana (y puesta a prueba –con éxito, con lo cual se silenció– por Bujarin en el comunismo soviético). Esa ley se resume en que los intereses que representan los partidejos son los que convienen a sus jefes, y el jefe del PP ha incoado a su diputada rebelde un expediente disciplinario por desobedecer el mandato imperativo expresamente prohibido por la Constitución, circunstancia que en su día ya tuvo en cuenta Margarita Robles, nuestra jurista más alta, para sacudirse una multa de su partido por votar contra Rajoy cuando el mandato era la abstención, y a este chamarileo llaman nuestros Hamilton “democracia representativa”. En el Estado de Partidos, un Estado dentro del Estado, los partidos son a la vez “órganos del Estado, legisladores y representantes de sí mismos bajo el pretexto de integrar (nunca ‘representar’) a las masas en el Estado».

Estas declaraciones de la vicepresidenta Díaz de que advirtió al resto del gobierno de la gravedad de la pandemia antes del 8-M y no fue escuchada deben enmarcarse en la campaña electoral permanente que realizan los jefes de partidos del régimen. Estas puñaladas a sus coyunturales socios de gobierno —PSOE y Podemos— son de una gran torpeza, pues también la señalan a ella misma, ya que debió haber dimitido o denunciado públicamente el altísimo riesgo de contagio que significaron acciones estandarte de la izquierda indefinida como el 8-M, así como otros actos colectivos que se permitieron esas infaustas fechas (lo que demuestra que a ella tampoco le importaba mucho la salud pública). Pero quizás sea demasiado pedir que se añada inteligencia al torpe tacticismo de la clase política en su lucha por asegurarse parcelas de poder del Estado.

Víctor Lenore pasa revista a varias publicaciones sobre la llamada movida de los años 80, para preguntarse: «¿Cuál fue la ideología de la Movida? Antes de nada, hay que aclarar que aquellas canciones chispeantes fueron la banda sonora del aterrizaje en España de la sociedad de consumo. Son prácticamente iguales que los anuncios de radio y televisión, basta escuchar “Quiero ser un bote de Colón” (Alaska y los Pegamoides), “Enamorado de la moda juvenil” (Radio Futura) y “Busca algo barato” (Mecano). Alguna incluso terminaría sirviendo de sintonía para anuncios de la ‘Planta Joven’ de El Corte Inglés. La ideología de la época, podemos decir tranquilamente, fue el consumismo hedonista, con su fuerte poder uniformador. Lo explicó Pier Paolo Pasolini con máxima precisión: “La homogeneización ‘cultural’ nos afecta a todos: pueblo y burguesía, obreros y proletarios. El contexto social ha mutado en el sentido de que se ha unificado de manera extrema. La matriz de la que salen todos los italianos es ahora la misma”, lamentaba en un artículo de 1974. Algo parecido hizo la Movida: disolver casi todas las culturas previas en el crisol del pop estandarizado del turboconsumismo socialdemócrata». Todo ello, sin duda, impulsado por el poder político partidocrático, que, detentado por el PSOE, animaba a los súbditos, como en el franquismo, «a no meterse en política», y a vivir, en este caso, la vida «a lo loco», frente a las requisitorias morales católicas de su régimen progenitor, y que no dudó tampoco —señala Lenore—, como el franquismo, en censurar aquellos elementos disentientes en aquel conglomerado socio-artístico-cultural.

Ignacio Ruiz Quintano reflexiona sobre la conmemoración de la Carta Otorgada de 1978: «Fabián Estapé, el fabiano del desarrollismo franquista, decía que la Transición la trajo el 600, pero la C’78 tuvo un origen misterioso (religioso): no salió de la libertad constituyente, sino de un poder constitucionario (el poder constituido que se atribuye poder constituyente), y no constituyó una separación de poderes (única razón de ser de una Constitución), sino una oligarquía de partidos. El pueblo español, que presume de habérsela dado “con mucho trabajo”, se enteró de que se estaba haciendo por una primicia de “Cuadernos para el Diálogo”. –La han leído ya el Rey, Suárez y el cardenal Tarancón; ha pasado por la Generalitat y está en un armario de “Mundo Obrero”. ¿Por qué se le escamotea al resto de los españoles? […] Hoy, los mismos partidos que la atropellan para confinar ilegalmente a los españoles, se cargan al TC que se lo afea y montan la Love Parade del Consenso. Están por encima de la Constitución: es la dictadura de los festivócratas».

Gregorio Morán explica la situación creada tras la petición de unos padres de Canet de Mar (Barcelona) de que su hijo reciba un cincuenta por ciento de enseñanza en español: «La epístola del matrimonio de Canet de Mar ha sacado a flote lo más oculto de la retórica nacionalista en Cataluña. El secreto mejor guardado desde los tiempos de Jordi Pujol. La inmersión lingüística, el falso objetivo de lograr una coexistencia entre dos idiomas pertrechados y empujar a uno para que pudiera equilibrarse con el otro. Todas las paparruchas respecto a las bondades del bilingüismo asimétrico se han venido abajo, cuestionando el mito autocomplaciente del supuesto pilar de la convivencia en Cataluña. La inmersión lingüística, consensuada y benevolente, escondía un objetivo que se convirtió en descaro: la inmersión política. La obligatoriedad de una lengua única era la añagaza para lograr la identificación con el catalanismo desde la infancia. […] La lengua en Cataluña es un instrumento político que, además, constituye una forma de relacionarse entre la ciudadanía […] ¿Qué sería de Esquerra Republicana si ahora que el independentismo está en caída libre no pudieran apelar a la lengua? Es la última fortaleza que consiente las dosis de mando y xenofobia imprescindibles para construir una ideología patriótica. El valor de la carta del frutero de Canet está en que cuestiona la hegemonía omnímoda de la inmersión política, ese sujeto imprescindible para conformar una mayoría parlamentaria […] Pedían el 50% y los tribunales les concedieron el 25%, pero lo consideran demasiado quienes viven y medran gracias al 100%. Admitir agujeros amenazaría al sistema clientelar construido durante décadas. […] Tocan a rebato: todo el que cobre la subvención deberá manifestar su rechazo. Los sindicatos UGT y CCOO se apuntaron los primeros». Este episodio demuestra, como indica Ruiz Quintano, la inexistencia de una constitución: «Cinco años tiene el niño de Canet, famoso porque en el cuento de hadas de la Transición que los liberalios cantan como ruiseñores en los pimpollares, grita “el rey va desnudo” (idea que en El conde Lucanor nuestro Don Juan Manuel representa con un negro —“yo estoy ciego o vos desnudo vais” — en el papel del niño). Y ha sido un niño de cinco años quien dijera al “viejo y sabio pueblo español”, solo en la escuela, que no hay auténtica Constitución, pues si la ley es la defensa de todos contra uno, una Constitución es la defensa de uno contra todos.–La única seguridad que puedo darles es que la Constitución será sostenida por mí con todos los recursos legales bajo mi poder –contesta el presidente Eisenhower al gobernador de Arkansas, Orval Faubus, que desafía con la Guardia Nacional la orden de la Corte Suprema de admitir en el distrito escolar de Little Rock a nueve estudiantes negros. Y envía a la 101 División Aerotransportada, cuyos paracaidistas escoltan a los estudiantes en la escuela».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño comentan la noticia de que el gobierno favorecerá la creación de la figura de los «comunicadores fiables» en las redes contra los delitos de odio como una manifestación más del afán totalitario del régimen partidocrático del 78, para que todo quede bajo el control de los partidos políticos estatales. La censura bienintencionada o virtuosa ha pasado a convertirse en una herramienta cada vez más eficaz en la abolición de la libertad de pensamiento, sin la que la libertad de expresión carece de sentido.

La respuesta del pequeño ayuntamiento de Camporredondo a la extemporánea petición del Senado de cambiar el nombre de una calle en aras de la llamada «Memoria histórica» (conceptos que no serían conjugados para Gustavo Bueno, pues según éste mismo la memoria pertenece al terreno de lo subjetivo personal, frente a la historia como disciplina científica) es índice de la rebelión de la sociedad civil, encarnada por munícipes que no reciben un sueldo y que aspiran a ser representante de sus paisanos en un sistema que no es representativo. Su réplica va directa al meollo del problema que representa una clase política, la partidocrática, por ende ignorante de las propias leyes que elabora sin contar con los súbditos a los que irrepresenta, todo ello para consolidar un conglomerado ideológico en el que pretende hacer florecer el criadero de sus votantes.

Alberto Pérez Giménez analiza el discurso navideño del Rey: «Que el discurso de Nochebuena del Rey es supervisado por el Ejecutivo es algo sabido. Pero este año ha sido el primero en el que sus palabras podrían ser suscritas, de inicio a fin, por el inquilino de Moncloa en una de sus jaculatorias televisadas disfrazadas de comparecencia institucional sin preguntas. […] En definitiva, cinco palabras para el tarifazo, cuatro líneas para la crisis económica, ni una sola sobre su padre. A cambio, confianza total en la recuperación económica pese a lo que digan las previsiones, orgullo por la recuperación del empleo y presumir de la vacunación para afrontar una pandemia que ha dejado en casa, solos, a muchos españoles viendo el discurso más sanchista de Felipe VI». Todo esto está, empero, en consonancia con el papel que le corresponde al rey en la actual Monarquía de partidos españoles, el de dar un barniz de prestigio institucional al reparto del poder del estado, al saqueo de los súbditos, y a las divisiones ideológicas interesadas introducidas en el sujeto constituyente nacional. Indigno papel, pues, de una institución, que, aparte de consagrar el principio de desigualdad, supone una deshonra para los españoles amantes de la libertad política.