Luis Escribano señala que «El Gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) actuó en contra de los intereses de los españoles, al no solicitar su Letrado la responsabilidad civil (tres millones de euros) a los responsables de uno de los casos ERE enjuiciados, que, menos mal, sí solicitó la Fiscalía. El rapapolvo del Tribunal al gobierno andaluz del PP y C’s es colosal. Una vez más queda probado que, al igual que ocurría con el PSOE, al PP y C’s les importa una mierda luchar contra la corrupción y defender los intereses de los ciudadanos, lo que viene siendo habitual en esta partidocracia. Pido a los votantes que lean la noticia y nos den espléndidas explicaciones, a los que no votamos en esta partidocracia tóxica, sobre lo maravillosos que son esos políticos a los que adoran».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño analizan con el policía y sindicalista Mariano Vicente la posible reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y señalan aquellos aspectos más perjudiciales para los ciudadanos —perdón, súbditos—, y que responden a razones de cálculo político del partido ahora en el poder y sus aliados.

Paula Fraga afirma en una tribuna en El español que «una nueva religión recorre los países occidentales, el fundamentalismo queer, en manos de un lobby que persigue, acosa, agrede y silencia a las mujeres feministas que denuncian las tesis acientíficas y misóginas de las leyes de identidad de género». Denuncia la persecución que sufren algunas mujeres feministas (en un caso, incluso, instigado por la Junta de Andalucía). «Y -concluye-todo ello por cuestionar el dogma acientífico y sexista de la identidad de género. Por criticar su asunción en la norma jurídica. Y por rechazar la creencia transgenerista de que los varones pueden ser mujeres. A pesar de todo, seguiremos oponiéndonos a las creencias irracionales del fundamentalismo queer. Seguiremos enfrentándonos a su feligresía sectaria e inquisitoria. Y siendo críticas. Porque la crítica no es odio ni pecado de fobia. Sabemos, como decía Nawal Al Sadawi, que decir la verdad en un mundo que miente es peligroso. Asumimos el riesgo. El feminismo y la razón aplastarán a esta Santísima Inqueersición». Estas ideologías biologicistas e identitarias son un perfecto instrumento en manos de las partidocracias para crear miedo dentro de la sociedad civil, censura «virtuosa», clientelas y división social al servicio de los intereses de los partidos del régimen.

El economista Juan Ramón Rallo realiza uno de los mejores análisis sobre la calificación que da la revista The Economist a España como «democracia defectuosa». Revisa, pues, los indicadores y señala que aquellos en los que estamos peor son los que atañen al funcionamiento del Estado: 1. La insuficiencia de separación de poderes y control externo sobre el poder ejecutivo. 2. La corrupción generalizada. 3. Consecuente desconfianza de la sociedad hacia los partidos políticos, que instrumentalizan unas instituciones insuficientemente controladas. No cabe, pues, —concluye—, que la solución venga desde dentro (léase «reformismo»).

Alberto Iturralde y Emilio Triviño entrevistan al economista y escritor Guillermo Rocafort, con quien analizan la desastrosa gestión del Sareb (conocido como «banco malo») comparada con su equivalente irlandés, (que aumentará la deuda del Estado, sin que nadie pague por sus responsabilidades) y la función de los llamados «fondos buitres» (entidades financieras sin regulación dedicadas a la compra y reventa de activos) —de los que los bancos españoles actúan a menudo como pantalla— en la depredación de España, en alianza con el poder partidocrático, que no funciona como gestor, sino como liquidador de los bienes del Estado.

Con motivo de la gala de los premios Goya, Víctor Lenore expone el detrimento artístico sufrido en el cine español por su acomodamiento a las directrices del poder político: «El caso es que el enfoque artístico del cine español también recibe sólidas críticas desde la izquierda. Mi preferida son dos columnas publicadas en la web CTXT, firmadas por Luis E. Carrasco y Luis Parés, bajo el título de Confort y conflicto. La tesis es que el cine español se volvió acomodaticio tras la Ley Miró – en realidad, un decreto de 1983- y que nunca nos hemos recuperado del todo. Un fragmento muy explícito: “La mayor pérdida que sufrió el cine de esa década fue la de dejar de relacionarse críticamente con la sociedad a la que pertenecía, cosa que no había pasado ni durante el franquismo -piénsese en el cine de los cincuenta, con películas como Surcos, Esa pareja feliz o El inquilino-. El cine español de los ochenta pasó a ser un cine acrítico, más centrado en un esteticismo consensuado (las prácticas de vanguardia fueron desterradas) o en la accesibilidad de las narrativas antes que en contar su propio tiempo o el pasado reciente”, lamentan los autores. Esta noche veremos a un montón de personas satisfechas y acomodadas, envueltas en trajes carísimos, dándonos lecciones blandas de moral tipo Mr. Progreful. Hace más de treinta años, en plena apoteosis cultural del PSOE, la mayoría del gremio decidió que prefería el confort a cualquier conflicto artístico sustancial. Siempre es más sencillo escribir una fábula sobre malos patrones ficticios que plantarse ante empresarios ‘progres’ de carne y hueso que se llenan la boca de trotkismo pero guardan sus millones en paraísos fiscales y tratan a sus empleados igual o peor que unos marqueses de toda la vida».

Ignacio Ruiz Quintano comenta la ocurrencia de un diputado de la oposición de llamar «déspota» al presidente Sánchez: «¿Sánchez, déspota? Sánchez es soberano, cuya soberanía nada tiene que ver con la Nación. Rajoy, su predecesor, para defender la soberanía española, envió al puerto de Barcelona la nao “Piolín”, señal de que nada iba en serio, igual que ahora Sánchez envía al Mar Negro la nao “Meteoro” en defensa de una soberanía ucraniana que al parecer también sería española, aunque todos sabemos que en España no hay más soberanía que la de Sánchez, que mueve barcos que ningún español ha pedido para hacer méritos ante Sleepy Joe y ser mejor tratado en la cumbre de la Otan en Madrid para celebrar los cuarenta años de la adhesión, ratificada por el pucherazo felipista del 86 que sirvió para encumbrar a Sabina, que lo apoyó, y “ostraconear” a Krahe, que tuvo la juguetona idea de cantar “Cuervo ingenuo” en TV. Sánchez (y quien ocupe ese puesto en un Estado de Partidos) es un soberano déspota y usurpador, en el moderno lenguaje con que Benjamin Constant juzga a Bonaparte (viene en la Wikipedia, Bolaños). Constant entiende por despotismo “un gobierno donde la voluntad del amo es la única ley, donde las corporaciones, si es que existen, no son más que instrumentos suyos”. –Para establecer la tiranía, dice Maquiavelo, hay que cambiarlo todo; también podría decirse que para cambiar todo es necesaria la tiranía. Déspota, y además, usurpador, “aquél que, estando investido de un poder limitado, traspasa los límites que le han sido prescritos”. Pero, de todas las calamidades políticas, la más temible para Constant es una asamblea que se limite a ser el instrumento de un solo hombre. El Senado de Tiberio, el Parlamento de Enrique VIII… y el Congreso de Sánchez. O del que venga».

Luis Escribano incide en la corrupción como factor de gobierno en el Estado de partidos, sostenida por los votantes del régimen: «Cualquier ciudadano medio sabe que, si produce algún daño a la Administración pública (impago de impuestos o de una sanción, no justificación de subvenciones, participación en algunos de los delitos contra la Administración Pública previstos en el Código Penal, etcétera), la Administración y, en su caso, la justicia, actuarán contra él, recibiendo el castigo oportuno incluso con recargos e intereses, dada su habitual condición de desigualdad y debilidad que presenta cuando se enfrenta al exorbitante poder del Estado. Pero cuando el daño lo produce un político de cualquier partido, esa condición de desigualdad no tiene ni siquiera la ocasión de aparecer, porque ni la Administración ni la Justicia suelen actuar. Las pocas acciones que llegan a conocerse públicamente son tan sólo una mínima representación de lo que realmente existe de corrupción, dado que las instituciones públicas españolas que deben velar por el cumplimiento de la Ley son los principales vulneradores de la misma, al estar en manos de los partidos gobernantes. […] Pero nadie debería sorprenderse por ello, porque la corrupción sistémica es algo inherente al sistema partidocrático que rige en España, el cual es perpetuado por una mayoría de españoles que sigue refrendando -que no eligiendo a sus representantes- las listas de candidatos que elaboran las oligarquías de los partidos y grupos allegados, beneficiándose de la torpeza de esos votantes españoles que no pueden controlar a los que creen que son sus representantes».

La Hemeroteca del Buitre recoge la crónica mediática de la caída en cinco días del jefe del PP, Pablo Casado —presentada como humillante— tras sacar pecho en su intento por acabar con un rival emergente en su propia formación, Isabel Díaz Ayuso, y la respuesta de ésta. Esta historia ejemplifica, más allá de los lances navajeros propios de la lucha por el poder que caracteriza a la política, el verdadero carácter de los jefes de los partidos de la partidocracia, que no son en absolutos líderes políticos que se nutren de las raíces de la representación popular que los sustente, sino jefes sin principios ni sentido de la responsabilidad hacia la sociedad civil, repartidores de cargos, puestos en listas electorales y prebendas, cuyo clientelismo es su verdadero sustento. Así, la oposición de parte de los medios, el abandono de sus secuaces directos y la movilización de partidarios de la otra parte, puede hacerles, primero, desistir de su «cruzada», y luego, dimitir suplicando al nuevo jefe que se les mantenga una nómina a cuenta del contribuyente.