El fantasma del conservadurismo recorre España. Partidos conservadores —llamados de derechas y derechas radicales—, vienen tomando el poder, tanto en el ámbito municipal y regional como previsiblemente sea también en el reparto de la cuota de poder nacional a partir del 28J.
En un ciclo inacabable de «ahora tú, mañana yo, alternamos luego existimos», votación tras votación —y no elección, porque elegir, lo que se dice elegir, no elige nadie, salvo los jefes de los partidos—, se van renovando las instituciones nacionales, regionales y municipales.
El gobernado no es libre de elegir ni a su representante de distrito ni al jefe del ejecutivo, ni tampoco al alcalde ni al concejal de su barrio o distrito. El elector no puede elegir a su presidente del ejecutivo (a ése lo eligen los diputados de listas de partido que previamente han sido designados por él) y el elector tampoco puede elegir a su diputado de distrito. En España no existen diputados de distrito. Los diputados cumplen las órdenes de sus jefes de partido, por eso van en unas listas y casi nadie los conoce (excepto los jefes de partido). Sólo rinden cuentas ante los jefes del partido que los ha puesto ahí.
Nada de separación de poderes en origen, nada de representación política del elector. Y a todos estos se les llena la boca con palabras como Estado, nación, democracia, ciudadanía, participación ciudadana…
Todas las naciones europeas están privadas de la libertad política colectiva. En el Reino Unido sí eligen a diputados de distrito, y en Francia también —sin embargo, todo hay que decir, el mandato imperativo de los votantes del distrito está prohibido por la Constitución de la V República—. No obstante, tampoco en estos dos países hay separación de poderes en origen.
Lo que vivimos en Europa no es otra cosa que el vaivén recurrente de la socialdemocracia, de manera que no me equivocaría al decir que tanto la izquierda como la derecha están atravesadas por esa bien conjugada atmósfera liberal y socialdemócrata, que hace posible la alternancia de las oligarquías partidarias en el poder político. Mientras tanto, las masas se distraen y confunden y van prestando su adhesión, se adhieren y votan por afinidad ideológica, por identificación. Por simpatía y afinidad se integran en el Estado.
La lógica e histórica polarización entre esa izquierda social, más preocupada por la justicia social y la igualdad, frente a la derecha, más preocupada por la propiedad y la seguridad, se disipa o confunde en las manos de estas oligarquías estatales, y muy poco cambia de verdad cada vez que una sustituye a la otra. Este régimen de poder es cerrado e impide que sea el ciudadano quien los controle cuando mienten, se corrompen e incumplen lo prometido.
Bajo este régimen es imposible elegir y, lo que es peor todavía, es imposible controlar y deponer a quienes ostentan un cargo público. Los españoles tenemos todos los derechos imaginables, menos el principal, el de elegir a quién nos ha de gobernar y a quién nos ha de representar.
Y, de esta manera, y desde el año 1977, un fantasma recorre España, el fantasma de la partidocracia.
De democracia nada. Que lo llamen partidocracia u oligarquía, pero democracia no es. Que digan que esto les gusta, que así, ellos, están mejor que de otra forma, pero que no mientan. Sin representación y sin separación de poderes en origen no hay democracia. Estas dos condiciones son ineludibles para que un sistema político pueda ser llamado democracia, democracia formal, democracia como forma de gobierno. Otra cosa es la democracia material, o democracia social, que lucha por la utópica justicia social, y que se rige por el principio de igualdad.
Vivimos en un régimen partidocrático que ha retirado el mandato imperativo al elector para dárselo a los jefes de esos partidos estatales. Y, aunque en la carta otorgada del 78 se dice expresamente que está prohibido el mandato imperativo, lo cierto es que todas las leyes en España se han aprobado y se aprueban por el mandato imperativo del jefe del partido a sus respectivos diputados de listas. Y aquí encontraremos la explicación al desamparo que han sufrido y sufren, por ejemplo —y este es un solo ejemplo de los miles que hay—, los afectados por la línea de alta tensión de Adif en el Valle del Guadalentín (Totana). De los 10 diputados regionales de Murcia en las Cortes Generales ni uno solo de ellos se ha interesado por estos vecinos y por el atropello que sufren de parte de esta empresa estatal durante toda la legislatura. Como fantasmas, están desaparecidos.
