El 14 de enero pasado el diario El Mundo publicaba un artículo de Marina Pina con el título Felipe VI reclama la “separación de poderes” como imprescindible para la democracia mientras el Gobierno carga contra el Supremo. Se trataba de una crónica sobre el discurso que el monarca pronunció en la conferencia de embajadores celebrada ese mismo día.

La lectura de dicho titular y posterior cuerpo de la noticia solo puede dar lugar a dos interpretaciones. O el rey no está tan preparado como se suponía, desconociendo lo que sea la separación de poderes, ausente en España, o se trata de un ejercicio más de confusión propagandística del régimen de partidos coronado. No hay otra. De hecho, si esa reclamación regia fuera coherente con lo que implica, debería desalojar la jefatura del Estado de inmediato.

La separación de poderes es un requisito elemental de la democracia explicado por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes (1748). Se trata del principio organizativo que garantiza que el poder no se concentre en un solo cuerpo político. Tales cuerpos políticos son dos: La nación y el Estado. De modo que la separación de poderes se materializa entre quienes respectivamente los encarnan: el legislativo y el ejecutivo. Para ello se precisa de la elección separada de ambos que la instituya en origen.

La independencia judicial, en cambio, concierne a la autonomía de la función jurisdiccional del Estado respecto de presiones externas, ya sean del ejecutivo, del legislativo o de intereses particulares. El judicial no es ni tiene que ser un poder político. Lo que tiene que ser es independiente. Esta independencia es una condición necesaria para que la justicia pueda ejercer su labor con imparcialidad, garantizando el respeto a la legalidad y protegiendo los derechos.

Independencia judicial y separación de poderes no son sinónimos, aunque estén intrínsecamente relacionados. La segunda es una condición estructural que permite la existencia de un gobierno limitado, mientras que la primera es una garantía funcional dentro del ámbito judicial. Sin una separación efectiva de poderes, la independencia judicial carece de fundamento, ya que el poder dominante puede corromper al órgano judicial mediante mecanismos de control político. Este es el caso español.

La confusión entre la separación de poderes y la independencia judicial es un error conceptual que persiste y que es utilizado instrumentalmente para asentar la legitimidad de las partidocracias, incompatibles con aquella, y es fomentada tanto por la ignorancia como por la manipulación. Solo queda resolver si quien escribe los discursos al rey es un manipulador o un ignorante.