PATRICIA SVERLO.
Las primeras elecciones generales se convocaron para el 15 de junio de 1977. Fue una auténtica sopa de letras. Pero el bosque de siglas distraía la atención respecto a las que faltaban: las de los partidos que no se habían legalizado. Salían como favoritos, no necesariamente por este orden, el PSOE, con la financiación de Alemania; la Alianza Popular de Manuel Fraga, en la que se habían unido varios grupos de derechas que se autoproclamaban «reformistas» y «democráticos», con el apoyo de la banca y, desde luego, la UCD de Suárez. La Unión de Centro Democrático respondía a la idea que había empezado a desarrollar Torcuato Fernández Miranda de un «partido gubernamental» y de la monarquía, que, en principio, tenía que haber unido a toda la derecha, ocupando el mismo espacio que AP. Si no fue así, se debió a dos razones: la primera la incompatibilidad manifiesta entre Suárez y Fraga, que quiso impulsar la creación de su propio grupo desde el comienzo de la legislatura de Suárez, primero a través de Reforma Democrática y, 95 después, uniéndose con otros en AP; la segunda y fundamental, la aceleración en el ritmo que Suárez estaba imprimiendo a las reformas, impuesto desde los Estados Unidos, con el cual muchos falangistas –aunque favorables al conjunto de la Transición– no estaban de acuerdo, ni siquiera los más próximos a la Zarzuela, como Armada o Torcuato Fernández Miranda. Armada se puso del lado de AP, donde era candidato su propio hijo, en el puesto 27 de la lista por Madrid. Suárez, en otra alucinación argumental delante de Armada, le acusó de haber enviado cartas con el sello de la Casa Real en las que pedía el voto para esta formación política, pero no se probó nunca nada. A Torcuato no le valía el liderazgo de Fraga, no le habría aceptado nunca. Pero su ruptura con Suárez ya era manifiesta. Y 15 días antes de las elecciones, presentó su dimisión como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino y se fue a casa. Preveía que la UCD y Alianza Popular obtendrían un número de votos muy igualado, y que ninguno de los dos conseguiría la suficiente mayoría para gobernar. Y tenía planes para que, como Suárez y Fraga no querían pactar entre ellos, el rey encargara a un independiente –él mismo– la presidencia de un gobierno de centro-derecha. En aquellos momentos, sí que habría aceptado ser presidente del Gobierno, cargo que había rechazado cuando el rey se lo ofreció tras la muerte de Franco. Aun así, esta vez sus proyectos políticos no le salieron nada bien.
La UCD renunciaba a la derecha más dura, y se presentaba como un partido de centro incorporando a grupos de socialdemócratas, democristianos y liberales. Tuvo el apoyo del rey, absolutamente deslumbrado con los encantos de Suárez que ya se había ganado, de golpe, el sitio en el corazón del monarca que hasta entonces había ocupado su viejo profesor, Torcuato Fernández Miranda. En un principio, el proyecto de UCD no fue comprendido por la gran banca franquista, que puso toda clase de dificultades antes de dar el apoyo económico que necesitaba para preparar la campaña. Suárez, con su verborrea, fue el único que consiguió convencer a los representantes de las finanzas españolas en una cena memorable en casa de Ignacio Torta, el banquero que se acabó suicidándose unos años más tarde a causa de sus deudas. Pero, además, contaba con otros apoyos. Hay pruebas de que, por lo menos para preparar las elecciones que vendrían a continuación, las municipales, se pidó dinero a los países árabes. A la corte de Teherán, en concreto, llegó una carta del rey de España, fechada el 22 de junio de 1977, en la que se pedían 10 millones de dólares para apoyar al partido de su primer ministro, Adolfo Suárez, en las elecciones que se celebrarían al cabo de seis meses. Quien firmaba la carta, el rey Juan Carlos, explicaba a sus «hermanos árabes» que el PSOE contaba con la ayuda plena de la Internacional Socialista, especialmente de la riquísima socialdemocracia alemana; y que hacía falta contrarrestar esta situación y buscar apoyos para que un gobierno de centro-derecha, como el de Adolfo Suárez, se pudiera sostener y, así, proteger a la institución monárquica de la amenaza marxista. La monarquía saudí (en aquel momento se trataba del rey Halid, y Fahd era el primer ministro), que se sepa, respondió favorablemente con la concesión de un crédito por un importe de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas), mucho más de lo que se había pedido, que la Casa Real tenía que devolver en un plazo de diez años sin intereses.
Respecto a otros grupos legalizados para participar en las elecciones, es preciso señalar que no jugaban en igualdad de condiciones en cuanto a la financiación ni en cuanto a las oportunidades de obtener representación parlamentaria. Merced al sistema proporcional establecido por el Gobierno de Su Majestad, se favorecía a los partidos que obtuvieran más votos, con la intención de dejar fuera del parlamento a la oposición, despreciándola, y favoreciendo el bipartidismo según el modelo yanqui. Además, todos se tuvieron que avenir a varias condiciones previas. Tenían acceso a la televisión para los breves espacios electorales, igual que hoy día, pero había temas intocables: el rey, las Fuerzas Armadas, la bandera y la unidad de España. Para el PSOE, el PCE y el PSP de Tierno Galván, que también se había reunido varias veces con Suárez para pactar su legalización, esto no suponía ningún problema. Lo aceptaron sin poner objeciones. Para otros fue un poco más complicado, pero también acabaron pasando por el aro. En particular, el espacio televisivo que había preparado la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) fue materia de discusión. Su líder, el sociólogo Jaime Pastor, salía ante el Palacio Real diciendo, más o menos: «La grave crisis de miedo que atraviesa España tiene un máximo responsable: el inquilino de este palacio, el rey, que ha sido impuesto por Franco». Para afrontar esta clase de casos se había formado una comisión gubernamental, encargada de pasar revista a la propaganda electoral y censurar lo que hiciera falta.
En esta comisión estaba, como subsecretario del Ministerio de Información, precisamente Fernández Campo, que muy poco tiempo después fue secretario general de la Casa del Rey. Y fue él quien más se opuso a que se emitiera el vídeo de la LCR. Jaime Pastor criticó duramente a los miembros del PCE, del PSOE y del PSP por «tragarse las exigencias antidemocráticas» del Gobierno, pero no tuvo más remedio que retirar el anuncio.
