España es una entidad geográfica, histórica y política, reconocida como Nación por todos los Estados del mundo, desde hace cinco siglos; dotada de idioma propio, segundo de la civilización occidental; respetada por las naciones vecinas; habitada por más de 45 millones de personas: integrada en la Unión Europea; enriquecida con un patrimonio cultural y artístico de envergadura mundial; instalada desde hace décadas en un nivel de vida decoroso y caracterizada, negativamente, por su incapacidad para la investigación científica, la creación de ideas y el amor a la libertad.

Desde la Revolución Francesa, España no ha tenido sabios, pensadores ni estadistas. Las ideas dominantes en la opinión pública, salvo la riqueza de pretextos del miedo al cambio, no son de origen español. Y la tradición autoritaria del Estado ha impedido el nacimiento de un espíritu crítico en la sociedad. Ni siquiera durante los breves periodos republicanos.

Las rebeliones contra la última República no se fundaron en la libertad de la sociedad civil, ni en la individual, sino en la autoridad de las organizaciones institucionales. La militar y eclesiástica, en la derecha. Las de partidos y sindicatos, en la izquierda. La II República fue concebida por unas y por otras como Re-Total, según la expresión acuñada por Sieyès en su discurso (20 de julio de 1795) a la Asamblea constituyente del Directorio, que Mussolini realizó con el fascista Estado total.

La Monarquía propaga que sus instituciones son republicanas. Pero la diferencia entre las vestiduras monárquicas y el cuerpo estatal que revisten, aleja de la Re-pública a la Monarquía y la acerca a la Re-total. Con la variante, frente a la re-totalidad de la dictadura, de que la res pública monárquica está repartida entre Autonomías, partidos, sindicatos, medios de comunicación y financieros que viven al calor de lo público y lo estatal.

El miedo al cambio regaló la Re-publica a la Monarquía de Franco. Y los partidos estatales la convirtieron en Re-Privada, desnacionalizando al Estado para repartirlo en Autonomías Re-privadas, y re-privatizando las empresas públicas y los servicios estatales más rentables. El sentido histórico de la Transición no está tanto en la constitución del poder oligárquico que sustituyó fácilmente a la dictadura, dada la cultura autoritaria de los gobernados, como en el enriquecimiento de los medios informativos que hoy la celebran, en la distribución de riqueza entre partidarios del poder, en la formidable acumulación de capital financiero y en el analfabetismo acrítico de las nuevas generaciones.

La función histórica de la República Constitucional viene dictada por la necesidad de dar a la sociedad civil el protagonismo de las libertades públicas y, especialmente, el de la libertad política, para que la res pública sea el asunto común de los ciudadanos. Del mismo modo que, en épocas ideológicas, la izquierda pedía la nacionalización de las empresas de servicios públicos, la era de la verdad, sin ideología, exige la republicación del secretismo de Estado y la republicanización de la vida política, hoy privativa de los partidos estatales, para extenderla a toda la ciudadanía.

Preguntar a los repúblicos sin son de derechas o de izquierdas supone un profundo desconocimiento de lo que es la revolución de la libertad y de la verdad. Pues equivale a cuestionar la universalidad española de la República Constitucional. Los futuros gobiernos republicanos serán de derechas o de izquierdas, según sea la naturaleza ideológica de las mayorías absolutas que determinen la elección del poder ejecutivo y la composición del legislativo. Y para ese momento el MCRC se habrá disuelto, devolviendo a sus miembros la libertad de acción ideológica y de opción electoral.

Pero la acción de republicar y de republicanizar no consiste en un acto que el Estado pueda decretar en virtud de su autoridad, sino en un proceso continuado de humanización, unificación y nacionalización de lo público, que solamente la acción societaria puede emprender, con iniciativas libres y horizontalmente convergentes, para que emerja de su seno una sociedad política intermedia, que interprete las necesidades y represente los intereses de la sociedad civil ante el Estado.

Dada la naturaleza estatal de los partidos, en la Monarquía de Juan Carlos no existe sociedad política alguna. Solo sociedad estatal y sociedad civil. Aquélla es una sinarquía o sindicato de poder sin control. Ésta, un conglomerado informe de millones de individuos sin poder, que vacan a sus ocupaciones, sin preocuparse no ya de la República que les conviene, sino hasta de la res publica que en todo caso les concierne.

Sólo un potente movimiento de ciudadanos, intolerante de la disolución monárquica de la conciencia nacional, de la inmoralidad pública y de la negación de la libertad política a los españoles, puede llevar a buen fin el proceso de republicación y republicanización de la sociedad. Y a ese fin, la teoría pura de la República Constitucional necesita ser completada con un praxeología del proceso republicano, que pueda orientar las acciones por el camino, el ritmo y intensidad que la situación y el momento determinen, sin hacerlo depender de la inteligencia y la voluntad de una sola persona.