Deseo agradecer a Merche Alonso por haberme inspirado estas palabras.

Partiendo de la premisa de la libertad política, en la que los gobernados deben tener el derecho a designar a sus gobernantes, encontramos en la libertad política colectiva varios descubrimientos ya descritos en su sentido fundante y fundador. A saber, que los gobernados designen libremente la forma de Estado y de gobierno, y que la única forma institucional que garantiza esa libertad política de forma indefinida es la República Constitucional.

Bajo estas palabras, quiero señalar que lo que los palmeros llaman Constitución de 1978 en el mito de la «transición», quizás debiera señalarse como el atentado institucionario de 1978.

Atentado porque fue un ataque en contra de la nación para usurpar la libertad política a favor de la oligocracia, e institucionario porque devino en la arquitectura institucional que padecemos desde hace 45 años.

Ese atentado institucionario provoca atentados institucionales de forma indefinida, desde el momento en que entra en vigor. No sólo en el ámbito legal, político, patrimonial y social, si no a modo de delitos de sangre, como los perpetrados en los GAL.

No sean estas palabras apología de que la libertad política colectiva institucional impida atentados institucionales, ya que la naturaleza humana impide un modelo político ideal; sin embargo, la razón aplastante de la libertad, en su modalidad de garantías frente a los eventuales abusos de poder, es lo que nos dicta la conciencia y el pragmatismo para su búsqueda.

No obstante, existen atentados institucionales irreparables y de una dimensión tal que es de difícil mesura bajo la percepción de un individuo. No se trata de las cantidades colosales de dinero robadas y estafadas a las arcas públicas, son cuestiones aún más graves.

La calidad del atentado fraguado por las instituciones autonómicas de Cataluña, a favor de la burguesía independentista catalana, cristalizó en una rebelión en contra del Estado institucionalmente y en la fragmentación social de buena parte de los nacionales españoles. Así mismo, se atenta socialmente en otras cuestiones de índole ideológico como la inmigración o el feminismo, etc. Desde las instituciones públicas, hasta llegar al mayor atentado padecido por la nación en este régimen: las medidas políticas por la declarada pandemia de Covid-19.

No sólo se secuestró a la población entera durante 40 días en contra del orden jurídico y del Derecho, amén de otras medidas como restricción de movilidad, imposición de tratamientos médicos generalizados y demás, si no que asistimos al sacrificio de miles de ancianos bajo el pretexto de lo que la prensa se molestó en llamar como «triaje».

Frente a los hechos descritos no cabe interposición de demanda o recurso, ni podemos esperar juicio, ya que todos sabemos de quién depende la fiscalía y la judicatura en sus órganos superiores; cuestión que frustra a la porción indignada de los muchas veces mal llamados «negacionistas». Y los hay que claman al cielo al no entender por qué en el periodo pandémico la «Constitución» de 1978 hizo valerse cuál papel mojado, mientras los más cínicos olvidan aquellos atentados institucionales por no ver a la justicia actuar de oficio ante las atrocidades cometidas.

Es así pues, que la amnistía propuesta a los rebeldes catalanes, en el tema de turno concerniente a la oligarquía de partidos y reproducida por los tertulianos, palidece ante la amnistía de facto concedida a todos aquellos que llevan atentando en contra de la nación española durante décadas, y en especial a las medidas bajo el pretexto de la pandemia de Covid.