Quiebran los bancos y después cobran indemnizaciones millonarias por ello, con la impunidad añadida que supone que nadie fiscalice la gestión que provocó el «agujero» bancario que ha hecho saltar por los aires la economía española por los irresponsables créditos otorgados a los promotores y constructores inmobiliarios. Cada dia se conoce un episodio nuevo y hoy José Ignacio Goirigolzarri, responsable de Bankia, quiere evitar lo que en su día le pasó a José María Castellano, presidente de Novagalicia, con el pago de las indemnizaciones millonarias a la cúpula directiva, ahora denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción. El primer ejecutivo de Bankia ha ordenado no abonar los 4,5 millones de euros que le corresponderían como blindaje al exdirector financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, al que despidió el pasado 17 de mayo, según informa El Confidencial.

 

Por su parte, el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones, según el auto dictado este martes. El juez titular Ismael Moreno concluye que los hechos a los que se refiere la querella «revisten ‘prima facie’, y sin perjuicio de ulterior tipificación, carácteres de delito, por lo que procede su admisión a trámite, así como la práctica de las diligencias de investigación que correspondan».

La Audiencia Nacional asume así la competencia para investigar a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia (José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y Javier García de Paredes) y contra uno de sus copresidentes, Julio Fernández Gayoso (en la imagen), por presuntos delitos de administración deseal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida, informa la agencia Europa Press.

El auto considera que todos ellos actuaron «con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia», intervenida por el Banco de España en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros. El juez admite las acusaciones de Anticorrupción de que todos ellos «dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)».

Por otro lado, Moreno remite al Ministerio Fiscal otra querella presentada por un particular contra Gayoso y Pego, ambos procedentes de Caixa Nova, y contra el que fuera director de Caixa Galicia durante casi 30 años, José Luis Méndez López, y sus hijos, también exdirectivos de la caja, José Luis y Yago Méndez Pascual, por presuntos delitos societarios, apropiación indebida y administración desleal y fraudulenta. La Fiscalía tendrá que informar sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, antes de que el juez se pronuncie sobre su posible imputación.

El Estado es propietario del 93% de la entidad tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la intervención, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su «verdadera» situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.

La Fiscalía reclama a todos ellos la devolución de las cantidades, que en el caso de García de Paredes, superan los 5 millones de euros. La querella relata cómo tras el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova de 11 de mayo de 2010 y de la petición del primer apoyo financiero por parte del FROB, los directivos llevaron a cabo un «plan preconcebido» «para preparar su previsible y futura salida» de la entidad. En este marco, los cinco querellados se pusieron de acuerdo para modificar sus contratos de alta dirección para introducir nuevos pagos por prejubilaciones y futuros beneficios, antes de la intervención del Banco de España, y beneficiarse posteriormente presentando su renunciar al cargo. En total se estima que han sido 52 millones lo que se llevaron, aunque la Justicia sólo podrá recuperar en el mejor de los casos esos 7,8 particularmente escandalosos.