El abogado J. L. C. C.*, detenido en la «Operación Emperador» que desarticuló un grupo de mafia china en España, fue indultado por Mariano Bermejo, el ministro de Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado una oleada de indignación popular en internet. El asunto ha destapado además una corrupción generalizada entre los partidos, pues se ha conocido que políticos y banqueros de PP, PSOE y CiU se aprovecharon de los indultos del Gobierno, que deben ser «excepcionales» y revelan en cualquier caso una «práctica absolutista», según un magistrado del Tribunal Supremo.
El ex diputado socialista Carlos Navarro, condenado a 11 años de cárcel, y los ex responsables de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, sentenciados a 10 años por financiar ilegalmente al PSOE obtuvieron un indulto parcial de Aznar, ya que, según explicó el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, cumplían el requisito. El presidente cántaro, Juan Hormaechez, fue indultado dos veces por Felipe González y Zapatero, el ínclito Jesús Gil también obtuvo la medida de gracia en los Gobiernos de González, banqueros como Alfredo Saenz se libraron de la pena por Zapatero, «pero también se ha indultado a José Barrionuevo y a Rafael Vera, exministros socialistas en gobiernos de Felipe González indultados por José María Aznar. También fue indultado por Felipe González el exmilitar Alfonso Armada, condenado anteriormente por su participación en el golpe de estado de 1.981 tras cumplir 7 años en prisión. El juez Manzanares, que practicó de manera continuada la prevaricación, fue indultado por Aznar, la misma persona que indultó a Gómez de Liaño», según denuncia Damián Jiménez Cuesta en su blog donde expone que el preso más antiguo de España, Miguel Montes, no podrá salir hasta 2021 y se le niega el indulto.
Y el bloguero no se equivoca. El indulto de Aznar benefició a diez de los doce condenados por el secuestro de Segundo Marey: el ex director General para la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; el ex jefe del mando único de la Lucha Contraterrorista, Francisco Alvares, y el ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo. También se beneficiaron Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas en Vizcaya, y los ex inspectores de Policía Julio Hierro, Francisco Saiz, Luis Hens y Juan Ramón Corujo. A su vez, Felipe González indultó a Afonso Armada, el principal encausado por el 23-F y mano derecha del rey Juan Carlos, por «razones de equidad».
A Hormaechea le salvó Zapatero, con la alegría de su socio regionalista Miguel Angel Revilla, por la condena de tres años de prisión a que fue condenado por un delito de malversación de caudales públicos y que fue ratificada por el Tribunal Supremo en el año 2004. El Gobierno ya le indultó en el año 1995 tras haber sido condenado en 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a seis años de cárcel. A Jesus Gil, además del indulto de Franco por la tragedia urbanística de Los Angeles de San Rafael, la medida de gracia por un delito de estafa le llegó en esta ocasión para una pena de privación de libertad, suspensión de cargo público y ejecución de profesión relacionada con la gestión de sociedades mercantiles.
Los Gobiernos de PP y PSOE han concedido más de 6.000 indultos en los últimos doce años, según figura en una respuesta parlamentaria al diputado de la Izquierda Plural Chesús Yuste. De los 6.075 indultos concedidos, 1.731 corresponden al año 2000, mientras que en el resto de los ejercicios las cifras oscilan entre un mínimo de 237 en 2001 a un máximo de 521 en 2007. Hasta el 28 de junio de este año, según la respuesta del Gobierno, se han contabilizado 247 indultos. Aznar concedió en un año 1731 indultos y al final de su mandato la media anual rondaba las 245 medidas de gracia. En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el año con más indultos fue 2007, con 521, uno más que en el año anterior (2006). Rajoy ya lleva 247 indultos en sólo once meses de mandato.
La Audiencia de Barcelona impuso cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, y dos años y tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña. Ambos fueron indultados por Rajoy, junto a un hermano de un concejal del PP. También el Supremo condenó a Carlos Navarro a la pena de tres años de prisión menor y una multa de 500.000 pesetas por un delito de asociación ilícita. Y a Luis Oliveró y a Alberto Flores a dos años de prisión menor y multa de 250.000 pesetas. Estos tres condenados por el caso Filesa obtuvieron el 1 de diciembre de 2000 por parte del Gobierno de José María Aznar el indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas que hoy están ya extinguidas.
Políticos y banqueros se han aprovechado de esta «barra libre» de una norma excepcional para evitar la prisión, la inhabilitación o las multas. Josep María Servitje, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Jordi Pujol que fue condenado por prevaricacióin y desvío de fondos públicos, cuatro Mossos d’Esquadra juzgados por torturas, el banquero Alfredo Saenz (BBVA), indultado por Zapatero… Son tantos y tan numerosos, que ha llevado a un magistrado del Tribunal Supremo a denunciar la situación.
De hecho se refiere a que el indulto concedido en noviembe de 2011 por el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero al banquero Alfredo Sáenz fue «un arbitrio» que convirtió en «vana» una sentencia condenatoria, gracias a que la Ley de Indulto en España, «herencia del absolutismo», no exige ningún tipo de justificación. Añade que el origen del indulto actual es la prerrogativa regia de lo que se denominaba «justicia retenida». Para el Supremo, es una «herencia del absolutismo, al fin y al cabo, de no fácil encaje, en principio, en un ordenamiento constitucional como el español vigente, presidido por el imperativo de sujeción al derecho de todos los poderes, tanto en el orden procedimental como sustancial de sus actos; y, en consecuencia, por el deber de dar pública cuenta del porqué de los mismos».
* Omitimos el nombre completo de acuerdo con la LOPD 1999
