Los valientes colombianos que salieron a las calles para protestar por la acción abusiva de un Gobierno que intentaba gravarlos con más y más altos impuestos, cuando ese mismo Gobierno ya los había conducido a la ruina económica, por obligarlos a cerrar sus negocios y actividades, para controlar los efectos de la pandemia, fueron traicionados por una autodelegación de líderes del paro cívico.
Mientras que los que protestaban de buena fe llenaban las calles de las ciudades, haciendo oír sus voces de rechazo a las malas medidas del Gobierno, los supuestos líderes del paro ponían en riesgo la integridad personal de los primeros al organizar, fomentar y agitar la violencia y el vandalismo.
Peor aún, ante las quejas de los manifestantes por los abusos de la policía, enviada por el Gobierno a contener el vandalismo, los dirigentes del paro, en lugar de averiguar la clase de abusos a que se referían, declaraban a los medios de comunicación —principalmente a los extranjeros— que se trataba de la misma brutalidad policial que se da en algunos otros países; es decir, de aquella que dispara, hiere y mata a vecinos pacíficos y desarmados. Pero dado que esta brutalidad no existe ni en Colombia ni en donde supuestamente es corriente —o sea en los Estados Unidos— el problema real al que esos colombianos se referían quedó sin resolver, al no ser siquiera mencionado.
Así, las acciones de los manifestantes fueron dilapidadas por los dirigentes del paro. Cuando los primeros tumbaron la reforma tributaria, a los segundos ni siquiera se les ocurrió exigirle al Gobierno que se abstuviese de intentar cualquiera otra reforma de subida de impuestos. Por el contrario, se les ocurrió demandar del Gobierno asistencia social para mitigar la pobreza, subsidiar la educación y mejorar el sistema de salud. Con estas demandas ya no es suficiente lo que se esperaba recaudar en impuestos mediante la reforma tributaria caída, sino que es necesario el cuádruple de dinero.
Como implícitamente el Gobierno y la dirigencia del paro están de acuerdo en que se trata de un problema de inversión social, el primero ya viene adelantando otra reforma tributaria en cuya elaboración tendrán participación todos los partidos políticos, incluidos los de oposición, y también los dirigentes del paro. Así, la subida de impuestos no murió, sino que se multiplicará, por consenso, ¡como si esto hubiese sido lo que pedían los valientes que salieron a protestar!
Pero la pérdida de los colombianos no se detiene en el tema de los impuestos, pues sobre la acción policial, el Gobierno —con pompa— ya publicó un proyecto de reforma, según el cual se cambia el color de los uniformes de los agentes de policía y se les exige a estos que tengan maneras más cordiales al relacionarse con la población. Pero los actos de la policía que coartan las libertades ciudadanas —por órdenes del Gobierno—, a los cuales inconscientemente se referían quienes protestaban, seguirán siendo ejecutados indefectiblemente.
Desde el momento en que la dirigencia del paro demandó inversión social sus metas quedaron limitadas a la obtención y reparto de dinero. Desde entonces quedaron por fuera las justas aspiraciones de numerosos manifestantes que necesitaban libertad y condiciones estimulantes para emprender de nuevo las actividades con que se ganaban la vida. La dirigencia no comprendió que la asistencia social no alcanza para proveer los medios de vida de los colombianos, y que tan solo la libertad puede proporcionárselos.
Que el Gobierno nacional fuera incapaz de comprender que no debería haber obligado a los colombianos a cerrar sus actividades y confinarse en casa durante la pandemia es normal, porque la clase política que la conforma imita, no piensa soluciones. Pero una dirigencia que se oponía a las medidas del Gobierno debería haber averiguado el error o falla de ellas y el acierto de aquellas con las que deberían haber sido substituidas.
El sentido común nos indica que lo que conviene a un país con tecnología de vanguardia no siempre conviene a un país rezagado. En Estados Unidos las medidas restrictivas a los pequeños negocios, aunque arruinaron a muchos individuos de la clase media, fortalecieron las arcas de los estados y a la gran empresa. Hoy, como nunca antes, los presupuestos de los estados de la Unión tienen superávit, hasta el punto de que ya se proyectan inversiones que serían excentricidades si no fuera porque si no se realizaran no habría ninguna otra cosa en qué gastar los fondos sobrantes.
En contraste, en Colombia, las duras restricciones que el Gobierno implementó durante la pandemia arruinaron a la clase media, y dejaron a los pobres sin tener qué comer; pero las arcas del Estado también quedaron vacías. Situación ésta que era previsible. En primer lugar, en este país, donde casi la mitad de los habitantes practica la economía informal —aquella que siendo lícita no se acomoda a los formalismos de la ley—, el día en que estas personas no pueden trabajar tampoco pueden comer. En segundo lugar, por no haber en Colombia empresas de vanguardia tecnológica no hubo quien tributara al Estado, cuando los pobres al no tener con qué comprar bienes de consumo no pudieron pagar impuesto alguno a las ventas —o a las compras o alcabala—.
Por lo tanto, una dirigencia sensata del paro habría fácilmente determinado que en Colombia urgía que el Gobierno terminara de inmediato las últimas medidas restrictivas de las libertades de la población, como abatimiento de la causa del malestar proletario. Sin esta terminación —y la garantía de que el Gobierno no implementaría medidas restrictivas sin antes considerar la situación particular del pueblo en situaciones como la de la pandemia— la exigencia de medidas de inversión social es condenar a la comunidad a la agonía, mientras recibe subsidios y paga alcabalas más que abrumadoras.
Las exigencias de los que dirigen el paro están conduciendo a que el Gobierno y el Congreso impongan, en cuestión de semanas, más impuestos. Esto es lo contrario de lo que los manifestantes buscaban con sus protestas. Pero la traición de la dirigencia del paro al pueblo colombiano no se detuvo ahí, pues también echó a perder la lucha que este dio en las calles para arrancarle al Estado la garantía de no molestar a los habitantes de Colombia sin justa causa para hacerlo.
Efectivamente, los manifestantes dieron la batalla en las calles para conquistar la garantía del respeto a la privacidad de toda persona en su cuerpo, en contra de las intromisiones del Estado o del Gobierno, por medio de los agentes de la fuerza pública. Incapaces de interpretar el meollo de la protesta contra los abusos policiales, los dirigentes del paro no vieron el problema que desde hace muchas décadas la población colombiana viene sufriendo por la acción de la policía, que la registra —como asunto de rutina de búsqueda de control del delito— corporalmente y la requiere a identificarse so pena de ser colocada bajo custodia.
Esas medidas rutinarias de la fuerza policiva, autorizadas por el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, son violatorias de la dignidad humana y de la libertad, además de ser inútiles. Sin embargo, la dirigencia del paro, por su incapacidad de interpretar el malestar ciudadano contra la fuerza policial, creyó que se protestaba contra eso que se vocifera en los medios de comunicación masiva, pero que no existe en la realidad, salvo en casos excepcionales y que hasta el más inconsciente de los agentes del Estado rechaza y condena.
Esa dirigencia tampoco atinó en interpretar la otra causa de insatisfacción de los manifestantes contra la policía, que era la de haber tenido que soportar la vejación de ser obligados por la fuerza física del Estado a cumplir las restricciones a la libertad de movilización, que el Gobierno había ordenado, para aminorar los efectos de la pandemia. El sentido común indica que esa clase de restricciones no podían ser ejecutadas por la fuerza.
En síntesis, la dirigencia del paro malogró una digna lucha de un grupo de colombianos valientes, para la conquista de valiosos derechos, que de haber tenido éxito, su resultado habría estado destinado a regir durante siglos las relaciones entre el pueblo colombiano y el Estado. Infortunadamente, la dirigencia del paro no es mejor que el Gobierno ni que la clase política que la conforma. Todos ellos están convencidos de que todo se soluciona con inversión social, es decir, con dinero. Unos y otros son socialdemócratas, y nada más.
