No quiere más Urdangarines. El rey Juan Carlos está auspiciando un Estatuto de la Casa Real que extienda la impunidad civil y penal que le garantiza la Constitución para todo tipo de delitos y que ésta pueda acercarse a la mayor parte de su familia más directa, fundamentalmente a su hijo Felipe y a Letizia, pero sin descartar tampoco a sus dos hijas Elena y Cristina y posiblemente a los yernos, pasados, presentes o futuros, según fuentes de la propia institución. Este nuevo «Estatuto» saldrá de un pacto entre PP y PSOE que sustanciarán Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en cuanto concluya el juicio a Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina como socios de la empresa fiduciaria Noos.
Para facilitar el acuerdo, se aprovechará la iniciativa parlamentaria que ha firmado el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que en este caso ha ejercido la conocida función de «tonto útil» al querer forzar este debate parlamentario, según fuentes del Congreso consultadas por DRC.
La noticia procede del diario Voz Populi, que asegura que Ruiz Gallardón quiere servirle al monarca un último favor para erigirse en uno de sus ministros más cortesanos y favoritos. De hecho, «Justicia está pendiente de que se sustancie todo lo referido al caso Urdangarín, de que haya sentencia firme, para abordar la redacción de un estatuto jurídico de la Familia Real, puesto que, salvo el Rey, el resto de la Familia, incluido el Heredero, carece de fuero especial, blindaje que por el contrario sí tiene una larga lista de cargos públicos e institucionales. El Gobierno espera contar para esta iniciativa con el apoyo del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba».
Para ello se aprovechará que Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha registrado una iniciativa parlamentaria con la que busca acabar con el “limbo jurídico” que afecta a la Casa Real y en la que, entre otras cuestiones se busca “promover el desarrollo por Ley, tal y como sucede con el resto de las instituciones del Estado, del Estatuto Jurídico y Fuero de la Casa de S. M. el Rey, de los miembros de la Familia Real y de los miembros de la Familia del Rey con sus correspondientes funciones e incompatibilidades”.
Para Llamazares, “los acontecimientos del ‘caso Urdangarin’, más allá del procedimiento judicial en curso, han puesto en evidencia ese ‘limbo jurídico’ que afecta a la Casa Real”. Recuerda que en las últimas semanas están apareciendo “informaciones contradictorias que lo que vienen a demostrar son las insuficiencias legales y el uso interesado que se hace de la regulación hoy existente, que queda más al albur de interpretaciones que de la claridad que exigen cuestiones de Estado como ésta”.
El parlamentario de IU incide en que “la Corona carece de ley que establezca y desarrolle, como ocurre con las demás instituciones del Estado, su estatuto jurídico, el fuero, las funciones y las incompatibilidades respectivas, lo que hace mucho más difícil la valoración y control efectivo de sus actividades en un Estado de derecho como el que nos hemos dotado, así como la ineludible necesidad de transparencia de todos sus miembros tanto en el ámbito público que desarrollan como en el privado”.
La proposición no de ley presentada por Llamazares a través del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA recuerda la legislación existente, entre ella el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores dela Familia Real y de los Regentes, que incluye a los consortes de los hijos del Rey “mientras lo sean o permanezcan viudos”, lo que va en contra de recientes cambios sugeridos desde la propia Casa Real en la situación en que ha quedado en la actualidad alguno de sus miembros.
El texto recuerda también, por ejemplo, que el Código Penal, en su artículo 485, prevé una protección específica para la Familia Real, y la Constitución Española, en su artículo 56.3, establece que sólo “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
Gaspar Llamazares recuerda también que “tampoco existe la necesaria regulación para dotar de transparencia a las partidas que el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su Familia y de la Casa Real. IU lleva exigiendo desde hace décadas esta mayor transparencia y siempre ha chocado con la sistemática oposición del PP y el PSOE, que han rechazado todas nuestras iniciativas mientras han mantenido su alternancia de gobierno. Ahora esta situación de desinformación sólo ha mejorado recientemente en parte, aunque claramente motivado por los mencionados acontecimientos antes señalados”.
Por este motivo, la iniciativa parlamentaria de IU insta también al Gobierno a que promueva “el desarrollo de la Constitución y la consiguiente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para dotar de una mayor precisión y transparencia a la declaración de intereses, patrimonio y actividades de los miembros de la Casa de S.M. el Rey, y en relación con la responsabilidad de sus miembros”.
La actual lista de aforados es interminable, por eso el rey y su familia qieren entrar en el «cupo». Hoy están el jefe del Ejecutivo, los ministros, los presidentes del Congreso y del Senado y los diputados nacionales y senadores, que sólo responden ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, siempre y cuando el alto Tribunal solicite el suplicatorio a las Cámaras, que tienen la potestad de negarlo. También disfrutan de fuero los presidentes autonómicos, sus consejeros, además de los presidentes de los Parlamentos autonómicos y sus respectivos parlamentarios, que, como los anteriores dependen de la Sala de lo Penal del Supremo o de la Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Además gozan de fuero especial en el ámbito penal el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, los magistrados de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, el Fiscal General del Estado, y los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados y fiscales.
La lista de aforados la completan el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, y el Defensor del Pueblo, así como los defensores autonómicos. «Una larguísima enumeración que contrasta de forma llamativa con la ausencia que, en este sentido, existe en torno a la Familia Real, con la única excepción del Rey», se quejan en Zarzuela.
Fuente: Vozpópuli
