¿Cuánto nos cuesta la corrupción en España? El Gobierno italiano de Mario Monti acaba de cifrar en 60.000 millones de euros anuales la práctica de engordar los contratos públicos en un 40%. ¿Y en España? ¿No existe la corrupción? ¿Cuánto cuesta anualmente? ¿Por qué ningún banquero, político, empresario o sindicalista ha pisado aún la cárcel con el país prácticamente en bancarrota? Silente y ensimismado, quien sabe si por temor a que alguien descubra su ambiguedad o su misterioso pasado, como lo definió «The Economist», lo cierto es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy no tiene respuesta. Y lo peor es que tampoco Rubalcaba (PSOE), Cayo Lara (IU) o Roa Díez (UPyD) le preguntan, ya que descontamos el silencio cómplice de siempre tanto de PNV como CiU y ahora ERC, que acaricia hasta el principado de Cataluña en general o de Girona en particular para jugar la baza de entrar en un próximo bipartito catalán. Lo llaman Monarquía de Partidos y el informe de Transparencia Internacional no deja lugar a dudas.
No hay espacio en un periódico, ni siquiera de internet, para detallar los casos de corrupción que acontecen a diario en España. Ayer era Maite Zaldívar, ex esposa del ex alcalde de Marbella, la que denunciaba: «José María del Nido le daba sobres a Julián pero yo no sabía lo que había dentro». Al presidente del Sevilla le corean su entrada en prisión por los campos de fútbol de media España, pero ahí sigue. Hoy Alfredo Saenz, mano derecha de Emilio Botín (Banco Santander), que acusó falsamente a cuatro accionistas minoritarios de la sociedad catalana Harry Walker a quienes metieron en la cárcel unos días por ello, no va a cumplir condena, pese a las quejas del Tribunal Supremo. Fue indultado por el presidente Zapatero junto al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, también condenados por los mismo hechos. El juez Pascual Estevill admitió a trámite la denuncia de Banesto y mandó a prisión a los cuatro industriales, lo que derivó finalmente en la condena del juez por prevaricación y detención ilegal en 1996.
Alberto López Viejo (PP), consejero de Deportes al que echó Esperanza Aguirre, al tanto de sus andanzas después de que las supiera medio Madrid, se niega a declarar. Se le imputan cinco delitos por su presunta participación en el «caso Gürtel». No es el único caso, ni el único Alberto, desde que la conocida pareja del mismo nombre tampoco entró en prisión, esta vez tras un requiebro judicial del Tribunal Constitucional que avergonzó a media España (la otra media ni se enteró).
También hoy sale el «caso ITV» que investiga un juzgado de Barcelona y que apunta directamente al secretario del Ejecutivo catalán, Germà Gordó, quien recibía informes por escrito sobre la “hoja de ruta” que se iba a poner en práctica hace un año para anular los concursos de inspección técnica de vehículos (ITV) que había convocado el Tripartito y promover otros nuevos. Según los informes que constan en el sumario, y a los que tuvo acceso El Confidencial, las nuevas estaciones estarían adjudicadas de antemano. «Para pilotar la operación, Convergència i Unio (CiU) había incrustado en la Administración a uno de sus cargos, uno de los responsables de la sectorial de Industria, Josep Tous, que tenía como misión principal controlar todo el proceso, anular los concursos que se habían hecho en el 2010 y dibujar un nuevo mapa de estaciones de ITV en toda la comunidad. Tous fue uno de los detenidos en marzo pasado por el escándalo de este fraude. Los restantes detenidos fueron los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou, así como el subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles».
Miguel Blesa en Bankia (antigua Caja Madrid) desoía al Banco de España, el consejo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) era «la orquesta del Titanic, y su director general, Roberto López Abad, el solista», ha denunciado el ex consejero Angel Strada. Hasta falsificación de actas tiene el juez: «Si aparecen distorsiones en las actas, nosotros nunca supimos que eso iba a aparecer, es una barbaridad. Jamás se dijo y nos enteramos a ‘posteriori’ por la prensa», ha puntualizado Strada, quien ha recordado además que en los consejos de administración «había claramente dos grupos oficialistas, campsistas y zaplanistas». La CAM quebró, las indemnizaciones de sus directivos fueron millonarias y al rescate tuvo que acudir el Banco Sabadell, que la compró por 1 euro.
En el colmo de la desfachatez, el exdirector general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Francisco Javier García de Paredes, ha defendido ante la Audiencia Nacional que su prejubilación fue «legal» y que incluso ahorró dinero al banco al cobrar su importe de 5,3 millones de forma acumulada. En este caso también están imputados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, así como el excopresidente de la caja, Julio Fernández Gayoso. Italia ha cuantificado su corrupción y la persigue. En España sigue armarizada.
