En febrero 2008, justo tres semanas antes de las elecciones generales, MAFO, entonces gobernador del Banco de España, falsificaría el PIB del cuarto trimestre 2007 afirmando que había crecido en un 0,8%, y como en el trimestre anterior había crecido en un 0,7%, significaba que la economía española, al contrario que las del resto del mundo, seguía creciendo. Con esta increíble patraña y un PP incapaz de desmentirla, el indigente mental Rodríguez Zapatero volvería a ganar las elecciones. A fin de año, el INE rebajaría la cifra: España también estaba cayendo, pero ya era demasiado tarde.

De nuevo en el poder, Zapatero y Solbes, que jamás supieron por qué la economía había crecido y mucho menos por qué se hundía, inventaron la fantasía, avalada por bancos y constructoras, de que la crisis era pasajera y que en dos años el crecimiento volvería con fuerza, “jugamos en la Champions League”. Y así no hubo tropelía (darían por buenos los balances falsos, mantendrían el valor de activos hundidos, ocultarían la morosidad, etc.) ni manipulación que no realizaran, desde el PIB al paro o la presión fiscal, ya que como la recuperación era inminente, todo se ajustaría, y nadie tenía por qué enterarse de sus trampas y mentiras. En las democracias, meten a la gente en la cárcel por esto.

 

El resultado: el grandioso sistema de cajas de ahorros que durante casi dos siglos fue refugio seguro del ahorro y financiador de las clases menos favorecidas, y que representaba el 52% del sistema financiero, entregado a políticos y sindicalistas ineptos y/o ladrones, resultaría aniquilado y sus despojos entregados a precio de saldo a los grandes bancos —Botín diría que Zapatero era el mejor presidente de toda nuestra historia—. El paro pasaría del 8% en 2008 al 18,7%, el real, según el BCE, es del 30%. Los salarios caerían en un 20%, y la riqueza de las familias se contraería en un 40%, el mayor expolio a un pueblo de que se tiene memoria. La deuda pública se multiplicaría por tres, hasta 1,54 billones. El sistema de pensiones ha quebrado y la carga fiscal sobre los trabajadores y la clase media es la tercera más alta de la OCDE y la mayor de nuestra historia.

Régimen del 78, causa y motor de todo el caos

Nada de lo que ocurre a día de hoy, desde la pérdida relativa de riqueza de España frente al resto del mundo desarrollado a la mayor degradación salarial y el más injusto reparto de la renta y la riqueza de la UE, a la mayor fiscalidad de nuestra historia con las grandes empresas y las grandes fortunas prácticamente exentas, a la corrupción de Estado y personal a niveles jamás conocidos, y la gigantesca burbuja de deuda que no cesa de crecer cada semana, lo que arruinará la vida de las próximas generaciones de españoles durante no menos de 50 años, puede explicarse sin remontarnos al origen de todos nuestros males: el infausto y tan autoalabado régimen del 78.

En palabras de Antonio García Trevijano, el mejor pensador político español de todo el s. XX, y único opositor democrático al franquismo, “los partidos clandestinos y los herederos del franquismo, con el Rey a la cabeza, jamás persiguieron la democracia. Ni siquiera sabían lo que era. Solo se interesaron en el lucro personal, y en ocupar puestos de rango social y de poder. No persiguieron tampoco el poder. Tampoco sabían lo que era eso, ninguno —Rey incluido— tenía la menor visión ni proyecto de España, solo soñaban en participar en el festín de reparto del Estado: en los cargos oficiales y en vivir como rajás del dinero publico”.

“Y para que todos, familiares, amigos y correligionarios, participaran del festín, y no solo en Madrid, trocearon España en 17 pedazos contrarios todos ellos a la realidad geográfica e histórica, y eliminaron todos los controles y contrapesos propios de un Estado, para permitir el saqueo de España con absoluta impunidad, lo que ha dado lugar a la mayor ola de corrupción estatal y personal de la historia de Europa. Los propios partidos se convirtieron en poco tiempo en lo que son hoy: bandas mafiosas con forma de partido sin más ideología que el lucro, la vanidad de los cargos públicos y el reconocimiento social en los medios”. Otro genio español, Camilo José Cela, diría de los responsables del régimen del 78: «Si tuvieran vergüenza y honor, se habrían pegado un tiro».

Un hecho que aclara bien la intencionalidad del régimen del 78 con la creación del Estado de las autonomías es lo que Gómez Llorente, uno de los socialistas más capaces de esa época, explicó a Trevijano: “Tienes que comprender, Antonio, nuestro deber como partido de premiar a quienes se han sacrificado en la lucha antifranquista, y para ello es imprescindible descentralizar el Estado creando CCAA a semejanza de Cataluña, y colocar ahí a todos los que han participado en la lucha contra el régimen de Franco”. Enrique Múgica, otro de los grandes barones socialistas, afirmaría con la desvergüenza que le caracterizaba: “La democracia está muy bien, pero lo más importante es crear puestos de trabajo bien remunerados para los demócratas”.

Tan bien remunerados que España es el segundo país del mundo después de Luxemburgo en el que los sueldos públicos superan de media a los del sector privado (un 40%), y tantos que, según Cristobal Montoro, “de los tres millones de empleados públicos, solo 700.000 han obtenido su plaza mediante oposiciones limpias y transparentes”. Pero sobre todo eliminaron todos los controles que fiscalizaban su gestión. Eso me lo explicaría el alcalde socialista de Prat de Llobregat que había pedido un soborno a Campsa para autorizar el paso del oleoducto Tarragona-Barcelona por su jurisdicción. Cuando le pregunté por qué habían eliminado los controles, me respondió: “Nosotros no necesitamos que nadie nos fiscalice, eso es puro fascismo, a nosotros nos fiscaliza el pueblo con sus votos”. Con dos narices.

Desgraciadamente, no era solo el punto de vista de un alcalde, el Tribunal Constitucional ha avalado que las CCAA, al ser autónomas, no necesitan de ningún tipo de control, dando cobertura legal a la corrupción a todos los niveles. Desde entonces es imposible obtener un contrato o una concesión públicos o una recalificación sin soborno previo, todo está dado de antemano El reciente acta de acusación de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes por la adjudicación de las comidas de la Comunidad de Madrid a un ‘benefactor’ del PP describe a la perfección el ‘modus operandi’ de estas contrataciones fraudulentas, que es extensible a la casi totalidad de las adjudicaciones públicas. Tenemos una Administración corrupta hasta la médula. El coste del Estado autonómico respecto a un Estado descentralizado y honesto como Francia es de unos 100.000 millones de euros año.

Hechos y cifras

PIB.– El PIB real calculado a través de las estadísticas oficiales y por las tres vías de cálculo posibles es un 17,5% inferior al oficial. Desde la perspectiva de la producción, está calculado con los valores añadidos obtenidos en las encuestas sectoriales de servicios, industria y construcción. Desde la perspectiva de la renta, con los datos de renta disponibles de la Agencia Tributaria. Y desde la perspectiva de la demanda, a través de las encuestas de demanda del propio INE. Una metodología que ha sido validada por el Instituto de Economía más prestigioso de Alemania.

Paro.– La última EPA (1T2017) fijaba el paro en el 18,75% de la población activa. Sin embargo, para que el INE considere parada a una persona, esta tiene que haber realizado una búsqueda activa de empleo la semana antes de la encuesta, si no lo hace es clasificada como inactiva. Cientos de miles de parados o ‘parados desencantados’ no han realizado esta búsqueda activa de empleo la semana de referencia y no figuran como tales sino como inactivos. No había cifras concretas del número hasta el mes pasado. El BCE, en su último boletín mensual, lo ha cuantificado: el paro en España es 11 puntos superior al de la EPA, un 29,75%.

Deuda pública.– Es algo tan obvio que casi da vergüenza repetirlo. La deuda con la que Gobierno, medios y ‘juntaletras’ engañan a los españoles es la deuda según protocolo de déficit excesivo (PDE), una convención contable de Bruselas para países con más del 3% de déficit que no recoge toda la deuda. La deuda total son los pasivos en circulación que publica cada tres meses el BdE, y ascendía a final de 2016 a 1,54 billones de euros.

Deuda/PIB.– Comparar deuda PDE que no es toda la deuda con el PIB oficial es ya una estafa a los españoles, pero la realidad es mucho peor porque el PIB oficial es falso: la relación deuda total/PIB real es del 168%, aunque como me decía un alto funcionario de la comisión: “ Sr. Centeno, dada la fragilidad de la eEurozona y las elecciones alemanas, todos van a mirar para otro lado, ¿como cree si no posible que España no haya presentado aún los PGE 2017 y no pase nada?”.

Déficit público.– Explicado aquí el 3 de abril.

Déficit pensiones.– Explicado aquí el 3 de abril. La cifra de déficit de 16.000 millones en los PGE 2017 es un insulto, será de más de 20.000 millones, y se necesitarán 10.000 millones de deuda y toda la hucha para poder pagarlos.

Presión fiscal.– La cifra oficial es de vergüenza: ¡la misma de 2007 después de haber creado 85 nuevas figuras tributarias! Además, piensan subir el IVA al 23% mientras los grandes del Ibex que debían pagar el 35% apenas pagan el 4%.

La conclusión es clara: por mucho que manipulen y mientan en hechos y cifras, como hizo Zapatero, no conseguirán evitar lo inevitable, solo empeorarlo. España suspenderá pagos por dos razones: la burbuja de deuda es ya impagable, y además no para de crecer —22.426 millones en el 1T2017—, mientras que la riqueza oficial (PIB) creció en 8.900 millones, ¡2,5 euros de deuda por uno de crecimiento!, ¡es de locos! ¿Cuándo?, cuando el BCE finalice la QE y empiecen a subir los tipos de interés o cuando los mercados sean conscientes de la realidad.

¿Cuales serán las consecuencias? Miren Grecia, las pensiones serán brutalmente recortadas —ya se está barajando la hipótesis de eliminar las pagas extra—; subirán la carga fiscal sobre la clase trabajadora y la clase media; los salarios públicos y privados se reducirán. No van a acabar con el despilfarro ni los cientos de miles de enchufados públicos. Como dice Rajoy, “eso no se toca”, a pesar de que acabando con las duplicidades en AAPP, cerrando las más de 2.000 empresas públicas inútiles y terminando con los asesores que no asesoran, los coches oficiales y otras prebendas escandalosas inexistentes en Occidente, el ahorro sería de 50.000 millones de euros, lo que solucionaría todos nuestros problemas.