Pese a los esfuerzos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los partidos políticos, y de las asociaciones de jueces mayoritarias, también sometidas a PSOE y PP, la mayoría de las juntas de jueces no descarta ir a la huelga el próximo día 26 de Junio aun tras los acuerdos parciales alcanzados con Caamaño.   El CGPJ, crisol de la voluntad política de los partidos, emitió un comunicado el día 28 de Mayo último, en el que recomienda el “diálogo”, apostando por continuar las negociaciones con el Ministerio de Justicia como la única vía “adecuada para avanzar hacia un acuerdo satisfactorio, que sitúe a la Justicia española en el nivel de exigencia de servicio público que requiere la sociedad española”.   Entre las Juntas de Jueces que manifestaron su apoyo a la huelga están las de Asturias, Málaga, Córdoba, Castellón, Santander, Huesca, Zamora, Valencia y Castilla la Mancha. Por el contrario, en las celebradas en Zaragoza, con el incombustible Belloch como elemento determinante de la decisión, se optó por continuar con las negociaciones para reformar la Justicia antes de adoptar cualquier medida de protesta. En Navarra se valoraron positivamente los avances y no se tomó ninguna resolución concreta sobre la huelga, mientras que en Murcia los jueces se cubrieron las espaldas solicitando de las asociaciones judiciales un posicionamiento claro antes del próximo diez de junio para someterse a su criterio. En otras ciudades como Bilbao, San Sebastián, Sevilla y Barcelona, no se alcanzó el quórum necesario para llevar a cabo las juntas de jueces por inasistencia de los convocados, lo que presagia la “espantá”.   Los jueces de Madrid son los más belicosos, manteniendo en pie la huelga y señalando expresamente que las propuestas de reforma de Caamaño, según en esta misma columna se ha ido desgranando durante las últimas semanas, justifican aún más la huelga considerando que “la situación es ahora peor que hace unos meses”, acordando así “ir por libre” en la adopción de las medidas de presión que consideren oportunas.   En Madrid se entiende que la administrativización de los registros civiles, la sustracción de la instrucción de las causas penales a los jueces para entregarlas a la fiscalía, el recorte de funciones de los Secretarios Judiciales y el establecimiento de un depósito obligatorio de forma genérica para recurrir, junto con el recorte del propio sistema de recursos, suponen nuevos obstáculos que no existían el 18 de Febrero y que han venido de la mano de Caamaño. El diagnóstico madrileño es correcto, falta que los jueces capitalinos den el salto cualitativo en sus reivindicaciones para que éstas se dirijan en lugar de a reformar la Justicia como mejora de un servicio público, a la ruptura de las cadenas de su administrativización para convertirse en auténtico Poder del Estado.