«Pese a los intentos que algunos han hecho de mezclar el caso Urdangarin con el prestigio de la Monarquía, lo cierto es que la Jefatura del Estado ha emprendido una serie de actuaciones de modernización en las que participa plenamente el rey don Juan Carlos, con el apoyo del jefe de su Casa, Rafael Spottorno». Se puede decir más alto, pero no más claro. El fervor monárquico del diario «El País», desde hace ya algunos meses -coincidentes con su quiebra financiera y su draconiano recorte laboral- es ya tan habitual que ha dejado descolocado al diario ABC, tradicionalmente el más cercano a la Familia Real, ubicación que también disputa La Razón.
Mientras los miembros de la familia regia son abucheados por las calles de España, el diario que dirige en la sombra Juan Luis Cebrián señala que el hecho de que «el yerno del Monarca responda ante la justicia por el manejo de sus negocios privados demuestra que se encuentra tan sometido a los órganos jurisdiccionales como cualquier otro ciudadano. Las responsabilidades penales y civiles exigibles a los imputados del caso Nóos en absoluto requieren un trato distinto del que debe recibir cualquier sospechoso de haber cometido delitos. Como el propio don Juan Carlos subrayó en su discurso de Navidad del año pasado, todos los ciudadanos son iguales ante la ley».
Todos, menos el propio rey, que quedó impune en las demandas de paternidad interpuestas por dos hijos que se la reclaman, y en el propio «caso Urdangarín», pues auspició un negocio de su yerno invitando a almorzar a la Zarzuela al presidente y alcaldesa valenciana, Francisco Camps y Rita Barberá, según denuncia el libro «Iñaki Urdangarín: un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos».
En su nueva actitud cortesana, El País sugiere incluso que debe rebajarse la fianza a Urdangarín, aunque para otros reos lo habitual sea duplicar o triplicar la cantidad robada. «La fiscalía ha pedido que se fije una elevada fianza a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres (8,1 millones de euros)», señala el diario.
Además dice que para asegurar la devolución de los fondos cobrados por el Instituto Nóos «a cambio de negocios presuntamente ilegales con los Gobiernos autónomos de Baleares y de la Comunidad Valenciana», se le atribuye al yerno del Rey “una actividad delictiva premeditada” para apropiarse de fondos de esas entidades públicas. «La petición de fianza queda pendiente de la decisión del juez del caso, que de momento ha dado un plazo a las partes para que se pronuncien».
La fianza es para el editorial de ese diario, «un paso significativo en la continuidad del proceso que afecta al yerno del Monarca, no solo porque sigue su curso, como no puede ser de otra forma en un Estado de derecho, sino por la clara voluntad de obtener la restitución de dinero público supuestamente malversado.» Y a pesar del aluvión de pruebas, sostiene que incluso podría ser exculpado porque el juez va a decidir si el aprovechamiento fue «de Urdangarin, de su exsocio o de ambos».
«A los tribunales corresponde establecer la verdad jurídica de lo sucedido y, en su caso, dictar sentencia. El meollo de la cuestión son los convenios establecidos por instituciones públicas con Nóos, una entidad teóricamente sin ánimo de lucro, que fue usada como pantalla para la captación de fondos destinados a empresas privadas: casi seis millones de euros de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, so pretexto de la organización de eventos de muy dudosa necesidad vinculados al turismo y al deporte, y sin los debidos controles legales».
Con enorme cautela, el periódico describe asépticamente como «los imputados podrán defenderse con las garantías que la ley les concede. Y eso es independiente del juicio moral que la sociedad ya ha efectuado. Parece suficientemente claro que el caso Nóos forma parte del relato de una época de España donde proliferaron el tráfico de influencias y la falta de respeto al dinero público. Urdangarin se mezcló con personajes que adquirieron mucho poder en la organización autonómica del Partido Popular, como el expresidente balear Jaume Matas, durante un tiempo en que todo parecía poco para dar lustre a ciertos políticos. En ese entramado de intereses se introdujo presuntamente el yerno del Rey».
Fuente: El País
