Esto ha quebrado. El régimen político surgido en la Transición -Monarquía parlamentaria de partidos oligárquicos de Estado- tras más de 30 años en el poder ha fracasado; es un muerto viviente, un zombi, que se complace en su putrefacción y de él se nutre.

Hay datos que dejan inequívoca constancia de este fracaso. Uno de los más significativos es del elevado índice de desempleo: Una cuarta parte de la población activa, según la terminología de la encuesta, está desempleada y sin perspectivas de encontrarlo a corto y medio plazo.

Otro de esos datos es el abultado endeudamiento público y la imposibilidad de aminorar el déficit para que, precisamente, ese endeudamiento no alcance cotas aún más tenebrosas.

La imparable caída de la actividad económica, el cierre masivo de empresas, el descenso incesante del consumo de las familias y las empresas, la pérdida constante del valor patrimonial, son también datos inequívocos del fracaso del modelo económico en el que se ha basado el régimen de la Transición.

Finalmente la generalizada e impune corrupción política que afecta a todos los partidos e invade todas las instituciones incapaces de contenerla, también es un dato relevante de la quiebra del régimen.

Hace meses, más de un año, se nos dijo que España había estado a punto de ser rescatada, como Grecia, Irlanda o Portugal, por la Unión Europea. Aquella situación se solventó aparentemente. Pero la quiebra de la economía española, del Estado y sus distintas administraciones, es un hecho que se encubierto tras el lenguaje críptico, ambiguo pero ampuloso, de políticos y economistas, propalado con singular contumacia por los medios de comunicación.

El resultado es singularmente paradójico: Al tiempo que se ponía en marcha una demoledora restricción de las inversiones públicas en infraestructuras y servicios básicos, se atendía con presteza las necesidades financieras de las entidades de ahorro quebradas, operaciones que incluían la pérdida de depósitos de muchos pequeños y medianos ahorradores, y ello con la autorización del Banco de España y el “placet” del Gobierno y de la oposición.

Hoy, los efectos de esas medidas en la vida diaria de los ciudadanos son evidentes, comentarlos nos avergüenza.

Si en el régimen franquista se produjo un exilio de carácter político como consecuencia de la guerra civil, y posteriormente otro de carácter económico, con más de 4 millones de emigrantes entre los años 50 y 60 del siglo pasado; hoy el exilio por razones económicas lleva mas allá de nuestras fronteras a una ingente cantidad de titulados universitarios y personas de alta calificación profesional que han quedado excluidas del mercando laboral español.

Y todo ello, supuestamente, como consecuencia de las medidas necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales.

Quien tiene que mostrar y demostrar al mundo financiero que somos de fiar es una clase política que se refocila en la corrupción y que a lo largo de estas tres décadas ha demostrado su imbatible capacidad para el despilfarro.

Esta clase política, organizada en partidos de Estado, que se apresta a introducir reformas en el mercado laboral y amaga con reajustes y reformas en el mercando financiero interno, no quiere entender que ninguna de esas reformas producirá los efectos necesarios si el régimen político no experimenta, igualmente, cambios sustanciales que afecten a la representación ciudadana, hoy excluida por la partidocracia, a la separación real y efectiva de poderes del Estado desde el origen mismo del poder, es decir, desde la voluntad democráticamente expresada de los ciudadanos.

Para evitar tan imprescindibles reformas del entramado político institucional vigente, se anuncian tímidas operaciones de maquillaje, con el fin de atenuar la salvaje y despótica ocupación por los partidos políticos del Poder Judicial; al tiempo que se ensalza el Parlamento, en el que están representados los partidos y no los ciudadanos, como sede de la soberanía nacional o popular y ente del que derivan los otros poderes, ejecutivo y judicial, del Estado. En que quedamos, o separamos los poderes o vemos el parlamento como origen y sede de todos los poderes del Estado.

Ningún partido del arco parlamentario ha hecho constar en sus programas electorales ni en sus cartas ideológicas, la única verdad democrática sobre la separación de poderes: Que ésta solo es posible y real si deriva del voto directo y mayoritario de los ciudadanos en la elección de sus representantes en el legislativo, para legislar y controlar la acción de gobierno; en el ejecutivo, para gobernar conforme a las leyes; y en el judicial, para juzgar aplicando las leyes y ejecutar lo juzgado.

Se continúa privando a la ciudadanía española del legítimo y pleno ejercicio de sus derechos políticos democráticos. Los partidos políticos, financiados a través de los presupuestos oficiales y de la corrupción generalizada e institucionalizada, en lugar de operar como instrumentos de la sociedad civil para la representación y defensa de los derechos e intereses comunes y generales de la ciudadanía; en vez de constituirse en intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, se constituyen en órganos del Estado, atentos a sus intereses partidistas y sordos al clamor general que reclama seriedad, rigor, sentido común y honestidad en al vida política.

La libertad política, la separación de poderes, la directa y mayoritaria representación de los ciudadanos en las instituciones políticas, en definitiva la democracia, no es un activo político y financiero mas, es el activo insoslayable que no sólo permitirá que el mundo financiero internacional recupere la confianza en la economía y las instituciones políticas españolas, sino, y esto es mucho más importante, que los españoles recuperemos la confianza en nosotros mismos.

En el “tardofranquismo” el llamado bunker pretendía la conservación de la dictadura, admitiendo por toda reforma lo que se conoció como Espíritu del 20 de febrero, que suponía que las familias políticas franquistas, y solo ellas, podrían constituir asociaciones políticas, eufemismo tras el que se quería ocultar la expresión “partidos políticos”.

La Monarquía parlamentaria de partidos oligárquicos de Estado es hoy el nuevo bunker retardatario y reaccionario de las aspiraciones de libertad y prosperidad de la sociedad española.

Un nuevo bunker que nos augura décadas de decadencia económica, por su incapacidad estructural para sacarnos de la crisis que el mismo régimen ha generado, décadas de postración política y subordinación internacional.

La necesidad de abrir un nuevo periodo de Libertad constituyente, que permita a los ciudadanos el libre y amplio debate sobre la forma de organizar institucionalmente la libertad de todos, es el primer e imprescindible paso para afrontar la crisis económica e institucional que sufrimos y proyectar un futuro en que ni el exilio por razones políticas ni por razones económicas sea el efecto histórico recurrente de las imposturas del poder político impuesto a los españoles.

Todo lo demás sólo son maneras para perseverar en la quiebra económica y política en que estamos sumidos, aunque nadie la quiera confesar, y muy pocos nos atrevamos a reconocer.

Fotografía de Reuters Blog