Kichi: «No me voy a quitar del medio cuando las cosas vienen mal». El actual alcalde de Cádiz, en vez de afirmar —al menos según lo que reproduce el periódico— que no va a «quitarse de en medio», dice que no va a «quitarse del medio», es decir, del medio del que vive, la política partidocrática, que le asegura un puesto remunerado en el Estado. Así, declara que «si es necesario, si la gente quiere, si mi gente quiere y me lo permite, estaré allí donde se considere que tengo que estar, allí donde se considere que sea más útil. Porque no entiendo la vida de otra manera, yo que he militado políticamente toda mi vida y lo voy a seguir haciendo». Es decir, que él, no es ni mejor ni peor que el resto de la clase política de este régimen, no concibe vida ya fuera de la política, una vez salido de la sociedad civil, a la que no piensa, mientras reciba transfusiones de votos —que para otra cosa no sirven—, volver.

Los 20 dirigentes de Ciudadanos que se han refugiado en las instituciones. Esta noticia, perdida en el faldón de un periódico digital, ilustra cómo el diputado, en este caso de una formación partidocrática especializada en pactar con quien haga falta con tal de estar ahí, puede esperar razonablemente vivir en y del Estado, pues para eso ingresa en una clase parasitaria, la del Estado de partidos.

Kichi y su conversión de Cádiz en una república: acaba con la avenida y el busto de Juan Carlos I. El torpe redactor del titular debería estar pensando en el lema de Ikea de «la república independiente de mi casa», aunque aquí podríamos mejor recordar la expresión ritual «The King is dead, long live the King», que consagraba la continuidad dinástica. Efectivamente, el alcalde de Cádiz, en su pretensión de seguir viviendo del Estado, jalona su carrera partidocrática de gestos de cara a la galería de ilusos seguidores (de modo paralelo a lo que haría un hipotético alcalde del PP o de VOX restituyendo la estatua del rey demérito, que no merece, por otra parte, ni que le dediquen un losillo). Ninguno, en realidad, lucha por traer una república, que si fuera realmente democrática —con separación de poderes y elecciones separadas según un sistema electoral mayoritario de diputado de distrito— los dejaría sin medios de vida.

La borrasca ‘Filomena’ desata una batalla política por el alza de los precios de la luz. La subida del precio de la luz, que roza máximos históricos en plena pandemia y debacle económica, demuestra una vez más la indefensión de los ciudadanos (perdón, súbditos) ante los políticos que no los representan: éstos, en todo caso, aprovechan la ocasión para tirarse mutuamente los trastos a la cabeza, y conseguir que entren en calor sus hordas de seguidores ilusos con el «y tú más». Lo único que todo esto demuestra es que nadie ha hecho nada por cambiar la realidad de un recibo de la luz donde el consumo efectivo, como señala el artículo, representa un 35% de la facturación, mientras que el 65% lo constituyen gastos de mantenimiento de redes de distribución e… impuestos. Difícilmente oiremos que haya una reducción en este aspecto, otra muestra más del espíritu parasitario de la clase partidocrática que se enseñorea del Estado.

Iceta: «No voy a cambiar mi idea de que Cataluña es una nación para ser ministro». No, hombre, por supuesto que no, faltaría más. España es una nación de naciones —dice el ilustre oligarca—, título construido sobre el bíblico «rex regum», rey de reyes, es decir, un epíteto mayestático que no significa nada y en el que cabe todo, como el concepto de «nacionalidad» incrustado en la carta otorgada del 78. En todo caso, le sirve a este político para prosperar sin más escrúpulos terminológicos en su verdadera patria, el Estado de partidos.

Podemos justifica con «el frutero se está forrando» la subida del precio de la luz. El partido cogobernante del actual ejecutivo partidocrático rechaza rebajar el IVA del recibo de la luz, considerándolo una campaña de la «derecha» (esto es, sus conmilitones en el régimen de reparto del Estado) para reducir servicios públicos. Es irrelevante, pues, que el IVA que se aplica en España sea uno de los más altos de la UE, que los millones afectados por la pandemia y la subsiguiente crisis económica agradecerían una bajada aunque fuera coyuntural y temporal del IVA de dicho recibo (del que el consumo eléctrico representa sólo un 35%), y que esos «servicios públicos» (sanidad, educación, etc.) están cada vez peor, porque lo importante es mantener la industria política, que es de lo que vive la clase partidocrática y su clientela en las redundantes administraciones, empresas públicas opacas, cargos de libre designación y asesores. No resulta, en fin, sorprendente que este mismo partido pidiera una bajada del precio de la luz en su programa electoral, pues, como ocurre en la partidocracia, los partidos al tocar poder se sienten parte o facción del Estado, que conciben como coto privado y fuente de ingresos y de privilegios.

Los jueces dejan en manos del candidato Illa la celebración de las elecciones el 14-F. El titular indica que, a la postre, los jueces fían a las medidas sanitarias que se tomen su decisión final sobre la fecha de las votaciones en Cataluña; tales medidas dependen de un candidato a dichos comicios, el actual ministro de Sanidad, cuyo éxito, según algunos, puede verse menoscabado si se posterga la fecha de las votaciones partidocráticas (dada la cuestionable gestión de la pandemia que está haciendo, que ni el problemático goteo de las vacunaciones —donde cabe tambíén, cómo no, la corrupción en favor de los partidócratas— parece aliviar). ¿Podemos tener, pues, los súbditos del régimen la sospecha de que los intereses de la casta política condicionarán el tratamiento de nuestra salud?

Elecciones catalanas 2021: La Generalitat establece una franja horaria para que puedan votar los positivos en coronavirus en las elecciones catalanas. A pesar de la dramática situación actual de multiplicación de contagios en la pandemia, se impone la inhumana lógica partidocrática: todos a votar, incluso los positivos y cuarentenados, para intentar evitar que los partidos del régimen se sientan deslegitimados por una elevada abstención (sólo faltaría que declararan los colegios electorales «entornos seguros» como los centros de enseñanza, igual de falsamente seguros, abandonados a sus propios y precarios medios por una Administración Educativa que desprecia tanto a padres y a alumnos, como a profesores). Otra prueba añadida de que la abstención, en su carácter activo, es el único instrumento pacífico idóneo para deslegitimar el Estado de partidos, que quedaría tan debilitado, que la movilización de la sociedad civil en la lucha por la libertad política colectiva podría provocar la caída del Gobierno, a pesar de responder a la «legalidad» actual partidocrática.