Alberto Iturralde y Emilio Triviño ven en su ya vaticinada marcha atrás en el «decretazo» contra las eléctricas, y en otros como el de las cláusulas suelo, la evidencia de que todos los presuntos mecanismos de control no sirven al súbdito de la Monarquía de Partidos sino al disimulo de la comunión de intereses entre oligarquía política y económica.

El politólogo Santiago Armesilla trata de lo que Gustavo Bueno llama «derecha socialista», la tercera modulación de las derechas alineadas con el Antiguo Régimen (unión del Trono y del Altar), tras la derecha reaccionaria y la derecha liberal. Armesilla conecta «esta derecha alineada con lo que Marx y Engels exponen en el Manifiesto Comunista respecto de los socialismos reaccionarios (particularmente el socialismo feudal / clerical y el socialismo pequeñoburgués) y también con el socialismo conservador o burgués. Todos estos socialismos combinados, que criticaron Marx y Engels, darían lugar a los modelos de derecha socialista desde el Segundo Reich de Bismarck, pasando por el Estado de bienestar de William Beveridge en el Reino Unido y, ya pasando a España, los ejemplos del siglo XX más característicos: Antonio Maura, Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco». Así, el vídeo «expone críticamente, desde el materialismo político, lo que fue la derecha socialista: una contrarrevolución desde arriba contra la revolución desde abajo de las izquierdas definidas anarquista, socialdemócrata y comunista. Y que, por ello mismo, es hoy un fósil histórico repudiado por la mayoría».

La audiencia de Sevilla condena a dos años y tres meses de cárcel al expresidente de Invercaria por un delito de malversación. Comentando esta noticia, Luis Escribano señala que «nuestro sistema judicial sea pésimo se lo debemos, en origen, al sistema partidocrático, que permite que el legislativo (partidos que aprueban el Código Penal y su ley procesal —Ley de Enjuiciamiento Criminal—) dicte leyes para que la clase política quede impune, tengan penas mínimas (en algunos casos), sean indultados, o consigan toda clase de rebajas en las cárceles (cuando alguna rara vez ingresan). (…) Entre la atenuante por dilaciones indebidas del Juez instructor (bajando las penas), los argumentos de la Audiencia Provincial para librar a Cantos y González (sobrino de Felipe González), y entre esos argumentos que la empresa pública INVERCARIA no considerara mermados sus fondos y que no los haya acusado (¿de qué partido eran los cargos que debían acusar?), unos fondos que eran públicos (¡manda narices los jueces de la Audiencia!), de nuevo se libran o imponen condenas mínimas por esta corrupción política. Si la mayoría de la nación sigue apoyando esta mierda con sus votos a los partidos, seguiremos obteniendo daños y perjuicios a nuestro patrimonio público. Pida a sus vecinos, amigos y familiares que votan a partidos que le explique por qué esos partidos permiten que ocurra… al menos, si no van a dejar de votar, que pasen vergüenza».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño analizan el caso de Agapito García, ilustrado en el documental «Hechos probados: terror de Estado», que ejemplifica cómo Hacienda, al servicio de la ratio status de conseguir dinero sin límites para un Estado elefantiásico y corrupto, se sirve de un derecho tributario ante el que el súbdito contribuyente se ve indefenso como un delatado a la Inquisición (no necesariamente española, pues hubo otras mucho más mortíferas), obligado a demostrar su inocencia. Para ello, esta Inquisición moderna, a las órdenes de la monarquía de partidos, que trata a la gente como objetos dilectos de exacción, se sirve del principio inaudito de solve et repete, es decir, paga para poder reclamar, lo que es, en sí, un atentado a la presunción de inocencia. Si el sufrido penitente tiene dinero para pagar la deuda imputada, la multa y los intereses que taimadamente se dejan correr, podrá recurrir a los tribunales y obtener, con más frecuencia de lo que se cree, la restitución de lo aprehendido (desquitando honorarios de abogados); pero si no tiene solvencia económica, se verá embargado sin piedad, y arruinado quizás de por vida.

Daniel Ortega se atribuye la victoria en Nicaragua con más del 80% de abstención. La abultada tasa de abstención tiene el efecto de deslegitimar a un gobierno o candidato presidencial, que, aunque acceda al poder según la legalidad del sistema (hasta las dictaduras constituyen estados de derecho, pues en ellos rigen leyes), carece de legitimidad, y su consecuente debilidad lo hará más inestable y propenso a la caída.

Sobre la partidocrática renovación del Tribunal Constitucional se expresa Gregorio Morán en los términos siguientes: «Se ofende a quienes aún creen que los Reyes Magos vienen de Oriente, cuando la verdad es al revés como demostró nuestro emérito yendo a vivir en Abu Dabi y llevándose de paso los regalos. La engañifa del Tribunal Constitucional es una patochada de mafiosillos que han deteriorado la imagen del supuesto guardián de la Constitución hasta límites que rondan el terrorismo de Estado. Por principio se trata de renovar el Tribunal y lo que hacen es pasarlo por la escombrera. No me creo una palabra de que haya dos mirlos blancos y dos grajos negros; cuando alguien participa en una componenda así no hay buenos y malos sino adictos y perversos. Tengo hacia los jueces en general una cierta prevención que viene de la experiencia. (…) Pero me cabe una pregunta ciudadana: ¿el juez Arnaldo no tiene el puntillo de retirarse para dignidad de su gremio y de la Constitución? Doy por ausente la suya. De todos modos el asunto deja muchos flecos, entre otros selecciono la humorada del portavoz de Podemos, el abogado Jaume Asens, que bendijo el trágala “tapándose la nariz”, lo que le ha valido inmerecidas consideraciones. Con toda probabilidad este trepador incandescente no sabrá que esa idea de la pinza en la nariz fue el recurso que inventó el periodista italiano Indro Montanelli, un conservador ilustrado, para orientar el voto hacia la corrupta Democracia Cristiana. Uno se pregunta desde cuándo estos aspirantes a los cielos del poder empezaron a taparse la nariz para no olerse a sí mismos».

Ignacio Ruiz Quintano reflexiona sobre la anulación por parte del TC del impuesto de la plusvalía municipal, y sobre la declaración de inconstitucionalidad de los sucesivos estados de alarma: «Una ministra del Reino promete, subida a un púlpito, y entre ovaciones enfermas de sus partidarios, “arreglar el lunes”, tal que la Camacha de Cervantes en El coloquio de los perros (hacer nacer berros en una artesa era lo menos que ella hacía), el cobro de un impuesto declarado ilegal por el TC. En cola, un Tony Manero de la Españeta-teta que hace de presidente declara al mundo de las elites que él, desde luego, volvería a confinarnos contra la Constitución, según dictamen del TC, que con estos respetos viene a ser un busto de Kelsen para que caguen las palomas. Con groserías así, España ofrece oficialmente al mundo la magia política de un hamponato. “Quis custodes?” ¿Quién protege? Nadie. La relación protección-obediencia era el núcleo del dibujo hobbesiano del Estado: tú me proteges y yo te obedezco. Esto lo saben los malos, que intentan conquistar el Estado para hacerse con tu obediencia (además de tu bolsillo) y ahorrarse su protección: el negocio redondo. (…) Del Estado autoritario franquista, con el partido como órgano del Estado, al Estado total progresista, con el Estado como aparato instrumental de los partidos, que son un solo partido, dueño del poder soberano. Nada contra el partido, nada fuera del partido, todo para el partido, todo a través del partido. Al afeitarte, los barberos del sistema te meten en la boca la manzana del “Estado de derecho”, que significa que hasta la violación del derecho puede hacerse de manera legal por los Tom Hagen de la película. Y todo pasa por el miedo, factor del gobierno despótico para Montesquieu y sostén del gobierno revolucionario para Robespierre».

Comentando la información del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre la situación de la negociación del Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía, Luis Escribano señala que «el gobierno del PP y C’s pretende colonizar políticamente la Función Pública andaluza, y ha previsto en el Anteproyecto de Ley crear más altos cargos por debajo del rango de Dirección General, para ser ocupados por más políticos nombrados a dedo. Además, en el Anteproyecto evitan regular las infracciones, sanciones y el procedimiento para exigir responsabilidades a los altos cargos directivos. No tienen vergüenza alguna. Estos han venido a heredar y empeorar el caos creado por el PSOE, y el que no quiera verlo, padecerá las consecuencias como el resto de andaluces, salvo que sea un ingenuo u otro corrupto».

A vueltas con el TC y el enésimo reparto de sus magistrados, se pronuncia Ignacio Ruiz Quintano: «la vida llevaría a García Pelayo a presidir el TC de la Constitución del 78, y a traicionarla por Rumasa, y a volver a Venezuela para morir, según la leyenda, de melancolía. Aquella gatada del TC fue el primer clavo en el ataúd del 78; el último lo acaba de remachar Casado al vender su parcela heredada en ese poder constituido que se atribuye poder constituyente, lo que lo convierte en un poder constitucionario. Es el entierro goyesco de la sardina’78. Con su decisión, Casado aplaza la ley de pandemias que nos vendía, versión posmoderna de la ley habilitante de Hitler en Weimar. –El TC no es poder judicial –justifica Casado, y no lo hace por el “presque nulle” [sic] de Montesquieu. “Poder judicial” sólo es un epígrafe en la Constitución’78 (el término no aparece más), porque, idealmente, no es un poder, sino una autoridad que Casado deslegitima para siempre con su enjuague timótico (de timo, no de ira). Para él la política es un listo (él), un tonto (Ayuso) y un primo (el votante). La estampita de Julián Delgado. La “atonía popular” hace el resto». Todo esto lleva al mismo Quintano a reflexionar sobre los traidores de la Transición y Antonio García-Trevijano: «Quien mejor retrató a estos traidorazos fue el coordinador de la Junta Democrática, que los padeció, y que vio en el espectáculo español a la muerte de Franco el espectáculo francés a la caída de Robespierre: el primer impulso del ejecutivo es continuar el robespierrismo (Arias) sin Robespierre; atropellados por la alegría popular, tras un intento de apertura de Barère (Fraga), proponen un pacto de reconciliación nacional entre represores y reprimidos (reparto de botín, ley electoral apañada), y Boissy d’Anglas (Suárez) presenta una Constitución por consenso (del poder y las finanzas); este Estado, sin división de poderes, es gobernado por Barras (Gonzalón) como botín de una clase gobernante (sindicato de profesionales del poder)… a perpetuidad. Qué desfachatez».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño entrevistan a José Antonio Villalba, profesor de matemáticas en Secundaria para hablar sobre la situación de la Enseñanza en España. El profesor pasa revista a los males del sistema educativo actual que parten fundamentalmente de la LOGSE (aunque en épocas anteriores se apuntaban indicios de deterioro), como la bajada de nivel en la exigencia de contenidos, que son sustituidos paulatinamente por la evaluación de las llamadas «competencias», que son procedimientos o técnicas, —y podríamos añadir— la terapeutización de los alumnos mediante diagnósticos y censos, instrumentos de control férreo de los psicopedagogos a través de los departamentos de Orientación y planes de acción tutorial, que contribuyen grandemente a otro de los males de la enseñanza actual, la ideologización interesada manu militari de la actividad docente, que convierte en dogmas de fe vías decreto ideologías como la de género y la «queer». No se pretende, pues, formar a ciudadanos que sepan desenvolverse social y profesionalmente, sino a un precariado laboral sumiso a consignas político-ideológicas (lo único que su escasa formación en la tecnología intelectual que supone su propia lengua les permita asimilar y repetir) que puedan identificar en la correspondiente papeleta de voto que se les indique.