Ignacio Ruiz Quintano se pronuncia sobre la ilegalidad de los sucesivos estados de alarma en el punto álgido de la pandemia: «Los partidos se saltan la ley (la defensa de todos contra uno) y la Constitución (la defensa de uno contra todos) por humanitarismo (“salvar vidas”, lo llaman: Bolinaga, Galhi, Covid…) […] El Congreso puede encarcelar ilegalmente (y sin consecuencias) a la ciudadanía porque lo que llamamos Constitución es una Carta Otorgada. La Constitución se impone de abajo arriba desde la libertad constituyente, y la Carta Otorgada se impone de arriba abajo desde el poder constituido, que otorga unas libertades individuales (no la libertad política), y por lo mismo que te las da, te las quita, como ha sido el caso. Constitución, en realidad, sólo hay una, la americana, escrita porque los fundadores venían escaldados de la “no escrita” de los ingleses: no querían un rey absoluto, pero tampoco un Parlamento absoluto, y con la pista que les dio Montesquieu (a un poder sólo otro poder lo detiene), dividieron la “soberanía” y separaron los poderes… para que los ciudadanos, en palabras de Madison, pudieran dormir tranquilos. Lo llamaron “democracia representativa”, de la cual en Europa estamos ayunos de lo que es y ahítos de lo que lo parece».

Carmona «retrata» las puertas giratorias del PSOE: «Nadie se indignó por el asalto a INDRA». Como señala el subtitular de la noticia, «el PSOE ataca a Carmona por su incorporación a Iberdrola. Pero fuentes del partido recuerdan que nadie dijo nada cuando se colocó a un dirigente del PSC en Indra o a Pepe Blanco y José Montilla en Enagás». El enfado en el partido más importante del régimen partidocrático parece debido más a la falta de oportunidad del momento, cuando se disparan los precios de la electricidad y el Gobierno de turno aparenta cargar contra las compañías del sector, que a un verdadero rechazo de la inercia de las «puertas giratorias» que grandes corporaciones del IBEX ejecutan incorporando a sus nóminas a antiguos políticos de los partidos que han servido a sus intereses.

Sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucionales ciertos aspectos del decreto del Gobierno de Rajoy sobre las cláusulas suelo, consensuado con PSOE y Cs, el jurista José Luis Escobar señala que tal normativa buscaba beneficiar a los bancos, ahorrándoles gastos, en vez de hacerlo con los súbditos afectados por el fraude de ley de dichas cláusulas. En todo esto subyace, según Escobar, la falta de separación de poderes, que sostiene la alianza del poder partidocrático —que elige a los miembros del CGPJ quienes eligen a su vez a los jueces del TS— con la oligarquía económico-financiera, que es para quien en realidad legisla.

Comentando unas recientes declaraciones de Felipe González sobre el populismo, Ignacio Ruiz Quintano señala lo siguiente: «Aclarémoslo para el españolejo joven: no hay más populismo que la democracia, definida por Lincoln en Gettysburg: “Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. […] Como en Europa no se puede hablar de demagogia, pues implicaría dar por sentada la democracia, la propaganda de los Estados de partidos llama populismo a la demagogia, y al consenso (método de gobierno de los oligarcas), democracia. La proverbial (y cultivada) ignorancia del españolejo en teoría política hace el resto, con las ideologías liberales inculcando a las masas la idea de que los asuntos públicos no son sus asuntos, salvo el acto de votar, y de “votar bien”, dicho por el Saint-Just de Puerta de Hierro (para Saint-Just la voluntad general no era la de la mayoría, sino la de los puros contra los que “amenazan la libertad”). La propaganda nacional viene llamando populismo a lo de Podemos y lo de Vox, aunque ninguno de estos dos movimientos ha hecho suyas, nunca, las dos vindicaciones del populismo o democracia: elección directa y separada del gobernante y un sistema electoral mayoritario, contra el proporcional de Gonzalón».

El economista Juan Ramón Rallo resalta que el «bono cultural» de 400 € que la actual facción estatal en el Gobierno promete a los jóvenes al llegar a la mayoría de edad para votar es un modo de comprar su voto. Afirma Rallo que se podría esperar que el partido no llegara al extremo de explicitar sus verdaderas intenciones, pero recuerda que ya anteriormente en votaciones en Aragón el mismo partido prometía una partida que fue publicitada explícitamente como recompensa a votarle. Los partidos del régimen no tienen empacho, pues, en utilizar el dinero del contribuyente en beneficio de su propia ambición de poder, ya que su función representativa de la sociedad civil es inexistente.

La Junta [de Andalucía] mantiene las grandes subvenciones de carácter nominativo a CCOO y UGT, que no han devuelto todavía el dinero defraudado en el pasado. Paco Núñez concluye su artículo citando al activista social Roberto Torres: «Personalmente, considero que los sindicatos deben renunciar a la financiación pública. No se puede servir al Gobierno y defender con lealtad, integridad y determinación a los trabajadores. Tienen que despegarse de la teta pública y aprender a vivir de las cuotas de los afiliados para recuperar la legitimidad y la confianza de los trabajadores. Es fundamental que la ética sindical sea el mecanismo impulsor de la renovación de los sindicatos mayoritarios. El sindicalismo independiente es el único camino para defender a capa y espada los derechos sociales». Tal ética sindical es imposible cuando los sindicatos citados, UGT y CCOO, encarnación bicéfala del antiguo sindicato vertical, son órganos del Estado al mismo nivel que los partidos, que son subvencionados por el súbdito-votante, y sólo atienden a los intereses de la clase partidocrática.

El politólogo Santiago Armesilla señala que la pérdida de músculo de la economía española estos últimos 50 años está ligada al sometimiento de la oligarquía política y económica al papel asignado a España por Alemania a través de la UE dentro de la llamada división internacional del trabajo, que ha llevado a la desindustrialización de nuestro país en favor de la aspirador alemana, que tiene a cambio donde mandar sus turistas y vender sus productos de alta tecnología. Con tal política, la oligocracia partidocrática demuestra su falta de carácter representativo de los intereses de la nación.

Indican Alberto Iturralde y Emilio Triviño que, recurrentemente, aparece la pregunta de si es necesaria una reforma constitucional, y dan su criterio acerca de las propuestas que surgen, cada vez con más frecuencia, para intentar corregir los fallos de nuestro sistema político. Tales proposiciones de reforma se dan cuando el régimen partidocrático entra en crisis, y sólo buscan reajustes parciales para que todo siga igual, al estilo leopardiano. Tales reformistas son, pues, los más conservadores, pues no conciben que, por cuestión de principio, no hay Constitución sin separación de poderes.

Vargas Llosa y su Fundación se muestran descarnadamente en el reportaje de Víctor Lenore, y a pesar de sus ansias de libertad indefinida, como un ente que afirma sin prejuicios buscar recaudación, y que se presenta rodeado de políticos del segundo partido del régimen, o marca blanca del PSOE, como dijo alguien, con lo que su denuncia de la cultura como una «dependencia estatal» queda más que en entredicho. La «cultura» como industria, y, en este caso, como abrevadero de patos más o menos mareados, resulta aquí en evidencia en cuanto que inseparable e inconcebible fuera de la tutela del poder partidocrático.