Sobre el tan traído y llevado tema de la recuperación económica en la pandemia, Luis Riestra señala que «como decía ZP y ahora su sucesor, «la economía tiene que estar al servicio de la política», de ahí que no se le conozca, por ejemplo, ni una sola política sectorial de futuro que facilite al sector privado sacarnos de esta crisis, sino meras ocurrencias o plagios. ¿Y a quién sirve la política? Pues a una oligarquía de partidos estatales y a un establishment cómplice de sus desmanes, no a los ciudadanos, tema que hemos tratado aquí extensamente. Este «orden» perverso debió caer en la anterior crisis, pero lo salvó la UE, como ahora, y hasta que no cambie dicho orden habrá que padecer el expolio de su enorme ejército de parásitos, endeudamiento público, disfuncionalidades, ocurrencias ruinosas y delirios constantes. Ese es el gran enemigo de la recuperación española».

Tratando del manido concepto de populismo difundido por los medios oficiales, Ignacio Ruiz Quintano indica que «su idea es meternos en la chola que la democracia no es el juego mayoría-minoría (¡populismo!), sino el consenso político (eufemismo de reparto, es decir, de corrupción), fórmula de gobierno de la oligarquía de partidos para garantizarse el tuya-mía (tiquitaca y pase atrás) de la estabilidad. La inestabilidad del momento es consecuencia del solapamiento de consensos: el del 78, moribundo e invocado por los autodenominados “constitucionalistas”, y el separatista, engordado como un tudesco, rampante y seguramente final, aunque la gente de orden, que vive en el Estado de Inocencia, antes de la Caída, cree que no hay derecha “mala”, y que, en consecuencia, ninguna derecha lo apoyará».

Es el mismo concepto de falsa democracia que Estados Unidos intentó «exportar» a Afganistán, cuyo precipitado abandono incendió los medios a finales de agosto, y sobre el que se pronuncia el mismo Quintano: «Al crimen de las Torres Gemelas respondió Bush llevando la democracia a Afganistán y a Mesopotamia, con Blair tirando octavillas de la Tercera Vía de Anthony Giddens, y Aznar, copias de la Transición de Victoria Prego. Lo de llevar la democracia como quien lleva a San Roque por el mundo fue cosa de Wilson, que no halló mejor pretexto para justificar ante su opinión pública el envío de tropas a la guerra del 14. En eso los gringos eran como el perro de Paulov: oían “defender la democracia” y corrían a alistarse. Pero la democracia que exportan los gringos no es la suya (después de todo, la única que ha habido), sino el viejo tiquitaca canovista de dos partidejos jugando al tuya-mía, y para el papel de Romero Robledo (el señor que amañaba los resultados) escogieron el famoso sistema proporcional que impusieron al continente europeo después de Normandía para controlar la Guerra Fría. En el periodismo español ya he oído que el problema de Afganistán es que falta… consenso».

La multitelevisada reaparición de los talibanes en Kabul ha revelado, según Guadalupe Sánchez, las contradicciones del feminismo institucional: «El velo islámico es, ha sido y será un símbolo de que no somos más que una pertenencia. Por eso atenta frontalmente contra los derechos humanos y las libertades fundamentales del individuo que conforman los cimientos de las civilizaciones occidentales contemporáneas. Que desde las instituciones nacionales y europeas se esté promoviendo su uso en nombre del feminismo, la inclusividad y la diversidad constituye una aberración no sólo jurídica, sino también ética y moral. El retorno de los talibanes al poder en Afganistán ha traído a la palestra, en el mejor de los casos, un silencio atronador por parte del feminismo institucional. En el peor, ha evidenciado el cretino intento de equiparar la situación de las mujeres de allí con las de aquí, soslayando que lo que en occidente responde a tradiciones o costumbres que algunas siguen voluntariamente, en medio oriente es una imposición. En España, la Biblia no es fuente de derechos y obligaciones, mientras que en Afganistán y otros países donde rige la ley islámica, el Corán sí que lo es».

La Consejería de Salud Andalucía aduce motivos que justifican la eliminación de todas las agencias empresariales y otros entes de la Junta de Andalucía. Tras analizar estos motivos y referir las entidades afectadas, Luis Escribano señala que «la reducción del gasto público (personal, sedes y contratos para su funcionamiento, etcétera), la disminución de la corrupción, la racionalidad organizativa y la eficiencia que se conseguiría con la extinción de los entes instrumentales y el despido del personal laboral innecesario, entre otros aspectos, serían muy considerables a corto-medio plazo para la Junta de Andalucía, es decir, para la inmensa mayoría de los andaluces. Sin embargo, el gobierno andaluz no para de repetir el mantra de la imposibilidad de extinguir determinados entes instrumentales (sólo hablan de fusiones, que nada solucionan) o de despedir al personal de esas agencias empresariales —y fundaciones, sociedades mercantiles, etcétera—. […] Es evidente que el objetivo político de los partidos políticos es otro muy distinto al del interés general. Seguirán con el engaño a los ciudadanos con el único fin de no perder votos o conseguir más, con el fin de perpetuarse en el poder y mantener los privilegios. Concluyo, y aprovecho para reiterar la misma advertencia que siempre hago y seguiré haciendo: a todos los partidos políticos sólo les interesa un sistema en el que puedan abusar del poder sin consecuencias negativas para ellos (partidocracia), porque detrás hay un modo de vida muy privilegiado».

El gobierno promete 144 leyes y decretos antes de fin de año «para que la recuperación sea justa». La hiperinflación legislativa es una de las características del totalitarismo democrático de los Estados de partidos, que sustituye legislación por derecho en su afán de control total sobre la vida de los súbditos. Como señala Dalmacio Negro, «en la práctica, la burocracia, velando por el bienestar de los administrados produce la frondosa y cambiante legislación ejecutiva: se institucionaliza la revolución legal permanente congruente con la movilización total, que genera una incertidumbre y una inseguridad crecientes. Hasta técnicamente las leyes son cada vez peores. […] Y, por supuesto, tienden a disminuir o desaparecer las formalidades administrativas que dan cierta seguridad al administrado, por no hablar del control judicial, sometido a toda clase de presiones e influencias, y que, por otra parte, tampoco es inmune al modo de pensamiento ideológico y al ambiente» (Dalmacio Negro Pavón, Historia de las formas del Estado: una introducción).

La falta de protesta «ciudadana» («30.000 vacunas perdidas —sin protestas; comité de expertos fake —sin protestas; satélite de 200M€ perdido —sin protestas; 230.000 negocios quebrados —sin protestas; SEPE inoperativo 20 días —sin protestas; crisis migratoria —sin protestas; desempleo juvenil del 40% —sin protestas») Ignacio Ruiz Quintano la considera un rasgo del sistema: «En el Estado de partidos no estamos representados (su propio creador presume de eliminar con él “todo vestigio de representación”), pues su función es la “integración de las masas en el Estado”, pastoreo del que se encargan los partidos para cerrar el paso a la democracia. Periódicamente, a derecha y a izquierda hay individuos que se descuelgan del sistema y, al pensar por libre, dejan de votar. Como la abstención es el único enemigo del Sistema, surgen Podemos a la izquierda y Vox a la derecha para devolver esos votos perdidos a la tolva estatal: basta con gritar demencialmente que viene el comunismo o que viene el fascismo para que los descarriados regresen a la hoguera campamental del Centro (¡la ilustración analfabeta del centro!), que es el Estado».

Bolaños deja a la vista la falta de división de poderes: «Los jueces no pueden elegir a los jueces». El diario Libertad Digital, que obvia que el PP no ha fomentado y realizado la independencia del poder judicial bajo sus Gobiernos, indica que este ministro del PSOE «acaba de un plumazo con la división de poderes —en realidad su separación—» (no se puede acabar con algo que no existe) al afirmar que «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos» (falso, por otro parte, pues son los políticos en el parlamento los que eligen al presidente del gobierno, el órgano rector del poder ejecutivo). Tales declaraciones (donde no se sabe dónde empieza la ignorancia y dónde acaba el cinismo) se basan en el sofisma de que «a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos» (confunde en su subconsciente totalitario a los habitantes del país con los votantes —sustentadores manipulados de su poder—, que, evidentemente, no pueden serlo todos potencialmente) y tienen «el objetivo de que el Poder Judicial tenga base democrática», insistiendo en que es el Parlamento, es decir, los «representantes legítimos de los ciudadanos», los que «tienen que elegir a los tres poderes». Nada cuentan, para este ignaro partidócrata la independencia de los poderes y el control mutuo que deberían ejercer entre ellos (difícilmente serán independientes unos jueces que son elegidos por políticos que son elegidos por los jefes de los partidos a los que los votantes se limitan a ratificar votando listas), como garantía de la democracia y de la seguridad de los ciudadanos, que tampoco cuentan, por ende, con «representantes legítimos», pues lo único que hacen es votar a partidos que les presentan listas sobre las que no tienen ninguna posibilidad de control, sin poder elegir tampoco en elecciones separadas al poder legislativo y al ejecutivo. Este apelación a la «base democrática» no es más que una llamada al orden de la «democracia» franquista, en la no había separación de poderes en origen, sino de funciones, como en el Estado de partidos actual que es heredero.

Ángel González Sánchez responde a algunas objeciones expresadas por Pedro Insua a la teoría de la democracia de Antonio García-Trevijano, buscando aclarar en especial el concepto de representación política. Ante la vaga variedad taxonómica que maneja aquél, el autor señala que «la enorme carga valorativa de la palabra democracia en el lenguaje natural ha de ser purgada cuando aludimos a ella de manera técnica». Recuerda que el concepto de esta forma de gobierno en García-Trevijano procede, en parte, de Alexander Hamilton, quien para evitar los excesos y desvaríos de la democracia directa de la Antigüedad «proponía como solución una “democracia representativa” en que una clase política de “personas escogidas”, temperaría las pasiones populares, al funcionar —esto ya en terminología de Trevijano, que la toma de Leibniz— a modo de principio de intermediación entre la sociedad civil y el Estado». A tal idea de la democracia vienen necesariamente asociadas la de la separación de poderes en origen y el control del representante por parte de los representados. Yerra, en fin, el Sr. Insua cuando afirma que el pacto de PSOE y Podemos es una prueba de la existencia de una democracia en España según Ángel González por dos razones: «Primero, porque no es función del poder ejecutivo la de ser representativo (más que ceremonialmente, del Estado), dado que la relación de mando entre este poder y el ciudadano, como Trevijano distingue, se da de arriba hacia abajo (el mandante es dicho poder estatal), mientras que en el legislativo de una democracia la relación de mando parte, en sentido inverso, del representado hacia el representante (el mandante es el ciudadano en su función de control al diputado del poder de la nación). Y segundo, este argumento de Insua prueba precisamente la tesis contraria, la de que en nuestro país no existe tampoco la separación de poderes, ni por consiguiente la democracia. Sólo puede llegar a haber pacto para formar un gobierno allí donde no existen elecciones separadas a la Presidencia del Ejecutivo, donde este poder se encuentra por tanto unido al legislativo ya en origen. Los españoles, efectivamente, seleccionan diputados elegidos por sus jefes y no pueden ejercer ningún control sobre ellos. Si no existe ningún freno formal al poder, que proteja del mismo a la libertad política, ¿qué democracia puede entonces haber? No alguna, ni poca, ni defectuosa, sino ninguna».

Paco Núñez recuerda que el PP, que tiene ahora el Gobierno regional en Andalucía, se jacta de la presunta falta de corrupción de su gestión, contra lo hecho antes por el PSOE, pero «este estado de confrontación permanente, típico de la partidocracia para moldear ultras en lugar de votantes reflexivos, se ha parado en seco hoy en el Palacio de San Telmo. De repente, Elías Bendodo ha rechazado la posibilidad de meterse con su rival político, Juan Espadas, que, recordemos, no está en el Parlamento de Andalucía actualmente. El motivo es vox populi: la lamentable declaración de su mujer, Carmen Ibanco, actual trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y extrabajadora de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Ibanco compareció el pasado viernes en la comisión de investigación sobre dicha fundación. Ibanco fue presuntamente enchufada en FAFFE mediante un contrato exprés y Bendodo no ha querido hacer leña del árbol caído. ¿Por qué?». Núñez ve dos posibles respuestas: «No sabemos si le ha llegado al corazón el 50 aniversario de la canción Imagine, de John Lennon, o si se trata de algún tipo de estrategia del PP (Moreno Bonilla también declinó hacer sangre diciendo que no quería caer en «la política carroñera») para que los árboles no dejen a la ciudadanía ver el bosque siniestro de la partidocracia». Para el periodista, en fin, la razón estriba en un maniobra de maquiavelismo electoral que demuestra la misma indignidad y corrupción partidocrática de sus promotores: «En un abrir y cerrar de ojos, Elías Bendodo se convirtió en un buen samaritano dispuesto a perdonar y olvidar. Señor Espadas, puede usted pasar de curso sin recuperación. No hace falta que su mujer dimita para favorecer su carrera por la A mayúscula. También permitiremos todos que usted siga como secretario general del PSOE, no le obligaremos a largarse. Miramos para otro lado y Santas Pascuas, porque es usted el enemigo más débil. «Ahora Andalucía es más sanchista que socialista», Bendodo dixit. Eso sí, esos ecuánimes y dialogantes señores con corbata y camisa azul que ahora le pasan la mano por el lomo, están afilando sus espadas para destrozarle el día de las elecciones. No quieren a otro. Le quieren a él».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan la nula responsabilidad que asumen los políticos por su mala gestión, que llegan incluso a ser recompensados por su incompetencia gracias al sistema de las llamadas «puertas giratorias». Así, el Gobierno de turno habla de reducir por decreto los beneficios de las compañías eléctricas, mientras no se toca el proceso de fijación del precio de la luz, y ni siquiera tales decretos tendrán un desarrollo efectivo cuando cesen de sonar los atabales mediáticos. Es la inexistencia de separación de poderes en origen lo que permite esta alianza del poder político oligárquico y la oligarquía económica.