La gravedad de la crisis institucional y política española y su aún más dramática consecuencia económica no deja lugar a dudas. Pero ante los paños calientes que los medios de comunicación oficiales ponen a la situación, de auténtica catástrofe en la mayor parte de las familias españolas, un organismo global independiente como Transparency International ha difundido a través de su sección española un demoledor informe. Sus conclusiones son muy familiares para nuestros lectores, pues son un calco de las tesis del MCRC en general y de Antonio García Trevijano en particular: la representatividad del sistema electoral español hace aguas, las cúpulas y las «maquinarias» (aquí se denominan «aparatos») de los partidos subvencionados por el Estado (todos los actuales que poseen representación parlamentaria) dominan todos los poderes políticos y económicos, el Poder Ejecutivo ha sido borrado del mapa y el Judicial está en manos de la «disciplina de partido» de los jueces que han medrado a costa suya. Desolador.
«Este hecho no podía dejar de tener efectos sobre la sociedad civil, las empresas y, sobre todo, los medios de comunicación», señala el informe de Transparencia Internacional. Nada diferente a lo que ha proclamado Radio Libertad Constituyente en los últimos meses. Hasta las ONGs han sucumbido al pernicioso influjo de las subvenciones, dice esta institución. No existe transparencia en el dinero público, pues es «más simbólica que real».
«Las redes mediáticas, empresariales e institucionales que se tejen alrededor» de los partidos impiden crecer a la sociedad civil, «algo que tiene su origen en el modelo de transición española a la democracia (pactada con el antiguo régimen) y en las fallidas experiencias históricas de democracia excesivamente “politizada” (I y II Repúblicas sobre todo)», añade. España está prisionera de la monarquía heredera del franquismo y del miedo a las experiencias fracasadas de las anteriores repúblicas, palabras textuales que Trevijano lleva años clamando en el desierto, proponiendo un modelo constituyente propio y moderno. Ahora parece que por fin se le empieza a escuchar.
El informe señala de forma nítida a «Gobierno, partidos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación» (lo que empieza a ser conocido como «la casta») por ser los causantes del clima de corrupción generalizada del país, y por ello propone 44 medidas, 10 de ellas «prioritarias». Y entre ellas reclama que el Estado abra con urgencia en Internet un «Portal de Transparencia» donde quede reflejado y accesible al ciudadano de forma sencilla la relación de todos los empleados públicos, sus categorías y sueldos, asi como todos aquellos que cobren de organismos dependientes del Gobierno o sus autonomías o entes locales (tribunales, universidades, empresas públicas, televisiones, etc…), ya sean funcionarios, políticos o asesores.
Tambien demanda que el ciudadano conozca los gastos de viaje, dietas, teléfonos, tarjetas de crédito, coches oficiales, contratos, inversiones, alquileres y un debate público razonado y por escrito de todas las obras públicas que justifique su necesidad «y las ventajas sociales y económicas de cada una de ellas». Deben publicarse igualmente todas las ayudas y subvenciones públicas, sus destinatarios y cantidades y el nivel de endeudamiento de todas las instituciones.
Ningún medio de comunicación ni ningún partido político ha querido informar a fondo y sostenidamente sobre este último informe de Transparencia Internacional que hace sonrojar a España y a los españoles. Tampoco escucharán debate alguno en ningún Parlamento nacional o autonómico, a pesar de que existen 20 cámaras en España y el número de políticos cudruplica la media europea. Diario RC sí ha querido hacerlo en su primer número y por eso publicamos el informe de Transparencia Internacional para que se evalúe por qué es imposible que España pueda salir de la crisis. Los que deben aplicar estas medidas miran para otro lado y silban al cielo, sabedores de que su puesta en práctica acabaría con sus privilegios aunque sanase la economía doméstica de los ciudadanos. Por eso el MCRC predica la abstención activa (que debe empezar por Euskadi y Galicia el 21 de octubre). «No con mi voto» (que además les reporta 3 euros directos en la tesorería de los partidos y más de 500 en impuestos.
Diario RC facilita que este informe pueda descargarse aqui, aunque la «casta» no desea que se difunda. Y además, anuncia que diseccionará este texto en capítulos sucesivos para acreditar con ejemplos concretos que es lo que ha causado la alarma de Transparencia Internacional, una prestigiosa institución que además está vinculada a la Unión Europea, por lo que sus conclusiones son accesibles al resto de los socios de la UE.
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