No es una recesión: es una depresión en toda regla

España ha entrado oficialmente en recesión por el descenso continuado del consumo privado y el frenazo de las exportaciones, según los datos del BdE publicados la pasada semana. Y, lo que es más grave, el Banco de España advierte que lo peor está por llegar. Se trata por tanto de una doble recesión, algo que jamás había ocurrido en nuestro país desde la Guerra Civil. Sin embargo, y como viene siendo habitual, la situación es mucho peor de lo que reflejan los datos oficiales. Para Paul Krugman, “ya no se puede hablar de recesión, España se encuentra en una depresión en toda regla”. Es decir, una grave crisis económica prolongada, profunda y acumulativa, con incrementos anormales del paro, caídas profundas del consumo, la inversión y la riqueza, y cuya duración puede extenderse entre tres y diez años.

Con una tasa de paro oficial del 24,4% y real del 26,5% -sumando los 435.000 “parados desencantados” que la semana de la encuesta no habían realizado búsqueda activa de empleo y que el INE clasifica como inactivos- (una tasa superior a la de EEUU en el peor momento de la Gran Depresión), un 51% de paro juvenil, una población crecientemente empobrecida de la que un 23% vive por debajo del umbral de la pobreza, unos 1,7 millones de hogares con todos sus miembros parados y cuatro de cada diez parados sin subsidio, hablar de recesión supone un engaño a los españoles. Si no se han producido todavía casos graves de hambre es solo debido a la impagable labor de Cáritas y de las órdenes religiosas, que se encuentran literalmente desbordadas, mientras unos sindicatos depredadores y corruptos aún no han ofrecido ni un plato de sopa a un hambriento.

Desesperanza generalizada

La velocidad y la profundidad en la destrucción de la riqueza de las familias jamás había alcanzado la dimensión actual en tiempos de paz: el equivalente a un 50% del PIB desde enero. La pérdida de valor de las empresas del IBEX supera los 100.000 millones de euros desde esa fecha, que se añaden a los 200.000 perdidos desde 2008; la pérdida de valor de las viviendas, 1,5 billones desde 2008 o 400.000 millones, también desde enero.
La renta disponible de las familias, el motor fundamental de una economía, despuésde cuatro años ininterrumpidos de caídas, volverá a caer en mas de 40.000 millones de euros en 2012 no solo por el paro, la inflación y la caída de remuneraciones reales, también por la fuerte subida de impuesto sobre la renta, y el aumento brutal de los impuestos sobre el ahorro y el impuesto de bienes inmuebles. Y mientras millones de familias luchan por sobrevivir sabiendo que sus hijos vivirán peor que ellos, Rajoy sigue
desaparecido y sin liderazgo.

Y por si este entorno de depresión no fuera ya lo suficientemente dramático, el déficit del Estado en el primer trimestre alcanzó un 1,85% del PIB (el 7,4% en tasa anual, que con el déficit de CCAA y Ayuntamientos supera el 10% del PIB), un 75% más que el año anterior, para financiar gasto corriente, para que las CCAA puedan continuar el despilfarro. Después está la Seguridad Social, porque los ingresos no cubren ya los gastos de la misma y la diferencia está creciendo exponencialmente. Y, además, aunque no cuenta como déficit computable, tenemos el río de dinero para mantener cajas que
deberían haber sido cerradas, la última, Caixa Catalunya, que costará 8.800 millones de euros a los contribuyentes, o con una Bankia inviable y, según el FMI, desastrosamente gestionada cuya intervewnción está cantada y nos costará 50.000 millones. ¿Con qué derecho Rajoy saquea el erario público otra vez, gracias a lo expoliado de renta y ahorro de los españoles, en lugar de cerrar las cajas y procesar a los responsables? Es algo intolerable para la nación.

La intervención es la única esperanza posible antes de una revuelta social cada día más cercana. Supondría que España pasaría a ser dirigida por verdaderos profesionales de la economía, no por políticos incompetentes y moralmente corruptos que jamás nos sacarán de la crisis.

¿Hasta cuándo piensan estos irresponsables seguir auxiliando a unas CCAA que no están en absoluto comprometidas con la estabilidad presupuestaria? No dicen que van a intervenir las CCAA que no cumplan, ¿pues a qué esperan para intervenir Valencia, Murcia o Castilla La Mancha, que ni cumplen ni van a cumplir?; ¿y qué hay de Andalucía o Cataluña, que ya han anunciado categóricamente que no piensan cumplir, mientras reciben miles de millones del erario público para tapar sus agujeros? Estamos en manos de insensatos que utilizan el dinero de los españoles como si fuera escombro. Y ahora
Montoro dice que España necesita endeudarse en 114.000 millones, pagando el 90% más de interés por las letras, con un bono a 10 años al que los seguros de deuda (CDS) dan ya un 50% de posibilidades de impago, a lo que se suman 148.000 millones más por vencimientos de deuda. En total, 262.000 millones o el 25% del PIB.

Estos irresponsables pensaban que las compras de los bancos españoles con el dinero del BCE, del que se están llevando los dos tercios del total de la eurozona, no tenían final, pero resulta que sí. Santander y BBVA no compran más deuda al Tesoro. ¿Quién, entonces, les va a comprar los casi 200.000 millones que faltan para cerrar el año? Aún peor, la rebaja de rating de S&P en dos escalones y con perspectiva negativa, a solo tres peldaños del bono basura, obligará a fondos y bancos internacionales a vender masivamente deuda española. ¿Con qué dinero va seguir financiando entonces Rajoy el
despilfarro autonómico y un sistema financiero quebrado?; ¿a qué coste inasumible piensan colocar tan ingente cantidad de deuda? Unos y otros están hundiendo el país para los próximos cien años.

Una pérdida de credibilidad histórica

Frente a todo esto tenemos un Gobierno sin plan ni estrategia alguna, sin cohesión, dedicando sus mejores esfuerzos a apuñalarse los unos a los otros.
Ni se plantea recuperar la soberanía económica dividida en 17 pedazos, lo más esencial junto con la recuperación del crédito para superar la crisis.
El Ejecutivo es tan cobarde  que ni siquiera ha acometido la reforma del BdE, cuyo prestigio está por los suelos, ni destituido a su gobernador, principal responsable junto con Zapatero de nuestra ruina económica. Un Gobierno que ni siquiera se plantea una alternativa energética racional, ni de lucha contra los monopolios, lo que nos lleva a pagar los precios de los productos petrolíferos antes de impuestos, del gas, de la electricidad, de las telecomunicaciones y de los servicios bancarios más caros de Europa.
Cualquier gobierno sensato hubiera tomado medidas drásticas de recorte de gastos inútiles, algo sencillo cuando el despilfarro de dinero público supera los 110.000 millones.

Nunca en la historia de las democracias un presidente había perdido tan enorme caudal de credibilidad y de esperanza en tan poco tiempo. Todas y cada una de las afirmaciones de Rajoy, desde “hay que bajar impuestos” a “jamás implantaré el copago” pasando por “tenemos un plan perfectamente diseñado para salir de la crisis” o “no emplearemos un euro de dinero público en rescatar a la banca”, se han demostrado falsas en poco más de 100 días. Ha subido impuestos, ha implantado el copago y no tenía plan alguno. A día de hoy, ya da igual lo que Rajoy diga o prometa: su credibilidad en los mercados es cero, solo las cifras de déficit y paro cuentan, y son desastrosas. Mientras, los mercados empiezan a descontar ya que hasta los grandes bancos tendrán que ser intervenidos y la fuga de capitales se convierte en un torrente. Todo lo demás es música celestial.

La intervención: el único camino

Cada vez resulta más difícil evitar una sensación de desesperación y de impotencia. La casta política, empezando por un Gobierno ineficaz y siguiendo por la oposición (que hace todo lo que está en su mano para desestabilizar el país), los nacionalistas (en chantaje permanente a la nación) y los sindicatos (con su larga tradición de destrucción de empresas) está llevando a España hacia el desastre. Una nación no puede continuar
viviendo así año tras año, de promesas vanas e incompetencia manifiesta, viendo como se destruye cada día su riqueza, como la clase media, el gran pilar que ha sostenido el crecimiento de nuestra economía, está siendo eliminada y sin el más mínimo horizonte de esperanza. La intervención es la única esperanza posible antes de una revuelta social cada día más cercana.
La intervención supondría que España pasaría a ser dirigida por verdaderos profesionales de la economía, en lugar de por políticos incompetentes y moralmente corruptos que jamás nos sacarán de la crisis.

La intervención supondría que, ante una propuesta a boleo de “recortar” 10.000 millones en Sanidad y Educación, se hubiera implantado la propuesta de Esperanza Aguirre: devolver al Estado Justicia, Sanidad y Educación, lo que hubiera supuesto un ahorro de 48.000 millones, sin copagos ni tasas; la intervención supondría que antes de subir un solo impuesto se acabaría con los 34.000 millones en duplicidades; que antes de subir el gas, la electricidad o los servicios bancarios, se acabaría con los monopolios; que antes de recortar inversiones e investigación se recortaría gasto corriente; que antes de dejar al Estado sin dinero para funcionar correctamente se cerrarían las diputaciones, incluidas las vascas, porque o sobran las Diputaciones forales o sobra el Gobierno Vasco.

En todo caso el diagnóstico es claro: el problema no es el PP, no es el PSOE, no es IU, ni siquiera los nacionalistas. El problema son todos ellos, todas estas mafias legales dedicadas a saquear España, instaladas como casta parasitaria, privilegiada, financiada íntegramente con el expolio a los contribuyentes, con 500.000 cargos de designación política, el doble que Italia y 300.000 más que en Alemania, aparte de los cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios, y donde la oligarquía económica está exenta, vía SICAVs, de la mayoría de impuestos. O desmantelamos esa casta o no hay supervivencia posible.

Fotografía: Helena Eriksson

Roberto Centeno