Don Jaime Urcelay es el presidente de Profesionales por la Ética, una asociación de ámbito nacional dedicada a promover los valores éticos en la vida pública desde una perspectiva interprofesional. Su definición de la ética es “un esfuerzo inteligente por obrar bien y lograr una conducta acorde con la dignidad de la persona que permita el equilibrio y el desarrollo individual y comunitario“, perspectiva que defendió con gran lucidez y elocuencia en Radio Libertad Constituyente, durante el debate “instruir en lugar de educar“. Debido a la lucidez de su pensamiento y la claridad de sus razonamientos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de entrevistarle para este diario y conocer su opinión sobre la educación en España y otros temas de actualidad.

La primera pregunta es obligada, teniendo en cuenta su última intervención en Radio Libertad Constituyente: ¿existe injerencia del Estado en la educación? ¿Existe libertad de educación?

Existe, a mi juicio, una situación de injererencia permanente e instucionalizada del Estado en la educación. Por razones históricas e ideológicas, arrastramos una anomalía cuya justificación racional resulta muy difícil en una sociedad moderna. El Estado se ha arrogado un papel educativo que no le corresponde y esto significa, desde mi punto de vista, una grave merma de la libertad personal y social. La educación es una responsabilidad que corresponde primariamente a la propia sociedad y tan sólo en lo que ésta no sea capaz de alcanzar por si misma, el Estado puede intervenir para asegurar el bien común y la solidaridad. Es decir, en este ámbito debe regir el principio de subsidiariedad, que es la mejor garantía de la libertad y de la responsabilidad de las personas en una comunidad políticamente organizada. En términos prácticos, al Estado sólo le tocaría, en lo que a la educación se refiere, poner los medios para que la instrucción esté al alcance de todos, con criterios de equidad, y asegurar unos niveles de calidad adecuados en el sistema educativo. Todo lo demás es algo que nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos, a las familias y a la libre iniciativa social. Es patente, por lo tanto, que más allá del reconocimiento retórico del artículo 27 de la Constitución Española, la libertad de educación en España es una asignatura pendiente fundamental en la que es necesario avanzar.

Ustedes defienden que la asignatura «Educación para la ciudadanía» promueve una ética particular, concretamente una ética relativista en la que es la Justicia, en última instancia, la que decide qué es bueno o malo. Es decir: no existe lo moralmente reprobable ni lo admirable sino lo legal y lo ilegal o, dicho de otra forma, los límites a la moral los marca la legalidad. ¿Por qué es esto negativo?

Es negativo porque implica una confusión entre legalidad y moralidad. Ni todo lo legal es moral ni la legislación positiva agota la moralidad. Confundir ambos planos supone el riesgo de que la decisión de lo que está bien o mal quede en manos del más poderoso en cada momento, sea porque ha conseguido una mayoría parlamentaria -con todas las mediaciones que sabemos tiene hoy el proceso democrático- o porque se ha encaramado en el poder por otros medios. La experiencia de lo ocurrido en la Alemania nacional-socialista abrió a muchos los ojos sobre las aberraciones y la deshumanización a la que puede conducir esa concepción errónea de la ley y el derecho. Por eso nos parece regresivo que se esté tratando de inculcar a nuestros hijos en la escuela semejante concepción.

Su asociación presentó un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, instando a que presentase una querella contra el ex Ministro de Educación Ángel Gabilondo y José Luis Rodríguez Zapatero por corrupción de menores. El motivo era la publicación de la página web sexpresan, un portal interactivo sobre educación sexual, ¿qué respuesta obtuvieron? ¿Prosperará la querella?

Es pronto todavía y por el momento no ha habido pronunciamiento de la Fiscalía. En cualquier caso, está claro que no va a ser un tema fácil. Si bien pensamos que el escrito está bien fundamentado desde el punto de vista jurídico, no puede perderse de vista que la Fiscalía del Tribunal Supremo depende directamente del Fiscal General del Estado, al que nombra el propio Gobierno. Con todo, era un paso que había que dar. No es admisible que nada menos que el Ministerio de Educación premie, difunda y recomienda unos materiales supuestamente «educativos» de EpC destinados a alumnos de la ESO que, a todas luces, son incompatibles con el normal desarrollo de chicos y chicas de esas edades. Creo que cualquiera que se asome a la web del Ministerio y vea cuál es el contenido de «Sexpresan», puede darnos la razón. Sin apenas moverlo, nuestra denunciao a la Fiscalía está respaldado por la firma de 200 familias. Desgraciadamente, además, no es ni mucho menos el único caso que afecta a las diferentes administraciones educativas: hay otros casos tremendos en Andalucía y Cataluña, por ejemplo. O es la sociedad civil la que se planta y dice basta o definitivamente la crisis educativa y la extralimitación del Estado no van a tener nunca solución.

Dejamos ya, si le parece, el tema de la educación. Desde su página web afirman que ninguna actividad humana puede desvincularse de la ética. Comencemos por la ciencia. Es evidente que una libertad de educación plena daría lugar a diferentes posturas éticas ante temas tan polémicos como, por ejemplo, la experimentación con células madre. De hecho ya existen posturas enfrentadas. ¿Existe algún elemento capaz de establecer un acuerdo de mínimos, una «guía práctica de mínimos éticos» para la ciencia?

En efecto, es una tema muy importante. El progreso de la biotecnología está abriendo unas posibilidades extraordinarias y esta es una magnífica noticia. Los beneficios para la humanidad están siendo enormes, especialmente en lo que se refiere a la curación de enfermedades para las que hasta ahora la medicina no tenía respuesta. Y es fundamental que ese progreso incorpore, como cualquier otra actividad humana, criterios éticos, es decir que sirva a la persona y su dignidad. Que nunca se vuelva contra ella. Ese es el elemento capaz de establecer un acuerdo de mínimos al que usted se refería en su pregunta: el respeto de la dignidad y el valor de la vida humana. Siempre y de manera irrestricta.

Este criterio ético práctico para la investigación científica resulta particularmente claro en el ejemplo que usted ha puesto: la experimentación con células madre. Dado que la ciencia afirma que el embrión humano es, desde el principio, un individuo de la especie humana, «fabricar» y destruir embriones -aunque se empeñen en llamarles, de manera acientífica, «preembriones»- para desarrollar células estaminales o con cualquier otra finalidad, es abiertamente contrario a la protección que toda vida humana -en cualquier estadio de desarrollo- merece. Afortunadamente este es el principio que la reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea ha establecido de manera explícita en el caso Brüstle contra Greenpeace. Esta jurisprudencia representa un grandísimo avance de humanidad por el que todos debemos felicitarnos y que, inmediatamente, debiera materializarse en la reforma de la legislacion española sobre investigación biomédica, que en este aspecto es nefasta y contraria tanto a los criterios de la ciencia como de la ética.

Pasemos a la economía y, concretamente, a la crisis financiera. Suele hablarse de la inmoralidad que supone el que los ciudadanos soporten de forma colectiva el peso de una crisis que ellos no han creado que, por decirlo de otra forma, paguen las facturas de una fiesta a la que ellos no fueron invitados. ¿Comparte usted este análisis? ¿Piensa que podría gestionarse la crisis de forma más ética? ¿Cómo?

En la actual crisis financiera y económica convergen factores de gran complejidad y no es fácil simplificar los análisis. Pero, básicamente, me parece que lo que usted recoge como comentario común refleja realidades incuestionables: la tecnoestructura es cada vez más poderosa y opaca, los ciudadanos somos muy poco partícipes de decisiones que nos afectan directamente y, finalmente, quienes sufren la consecuencias más severas de la crisis son las personas de a pie, que para nada son responsables de lo que ha ocurrido. Evidentemente, no es justo y hay algo que falla profundamente. Como enfoque general, me parece que es indispensable una humanización de la economía, lo que, evidentemente, no se consigue de la noche a la mañana con recetas mágicas que, además, no existen. Pero poner a la persona y sus necesidades en el centro de las decisiones económicas, la exigencia de responsabilidad a los diferentes agentes del mercado, recuperar el sentido de la solidaridad y la atención prioritaria de las necesidades de los más vulnerables de nuestra sociedad, introducir mayor transparencia en el sistema o acabar con la corrupción, son exigencias ineludibles para que también la economía responda a su finalidad humana y, por tanto, a su naturaleza indisociablemente ética.

También en la política hay, evidentemente, una dimensión ética. Incluso podríamos hablar de una doble dimensión ética: por un lado la dimensión privada del político y por otro la de su cargo público. ¿Cómo deben conciliarse ambas dimensiones? ¿La moral del individuo debe ceder siempre ante el cargo que ostente?

Debo confesar que creo poco en ese desdoblamiento de la moral. Ciertamente hay dos ámbitos diferentes en los que se manifiesta la conciencia moral – el de la vida privada y el de la vida pública-, pero la moral es única: la moral personal. No veo que ahí pueda haber contradicciones ni esquizofrenias. Alguien que ocupa un cargo público debe por lo tanto actuar de acuerdo con su conciencia, aunque su coherencia le cueste el cargo…o la mismísima cabeza, como le ocurrió a Tomás Moro. Aunque, afortunadamente, eran otros tiempos…

Otra cosa distinta es que las exigencias o circunstancias en las que se desenvuelve lo público no son siempre equivalentes a las que afectan a un individuo en su vida privada. Por eso quienes ejercen un cargo público tienen que tener presente la dimensión institucional de su responsabilidad. Esto implica, en esencia, el cumplimiento de las obligaciones de su cargo y el acatamiento de las leyes. Ambos deberes forman parte de la ética de la autoridad pública o, si se quiere, de la política. Pero si dichas obligaciones o las leyes que debe cumplir y hacer cumplir son injustas o entran en conflicto con su conciencia moral, sólo caben dos caminos: o renunciar directamente al cargo o hacer todo lo que esté en su mano – si es que es posible dentro del margen que las mismas leyes ofrezcan- para evitar sus efectos injustos o para minimizarlos hasta donde éticamente sea aceptable coexistir con esos efectos.

Y para terminar: en un país convergen diferentes éticas, que surgen del conjunto de los ciudadanos, ¿cuál es el papel del Estado?

En una sociedad democrática y pluralista al Estado le corresponde un papel de neutralidad. Los únicos principios éticos exigibles a los ciudadanos desde los poderes públicos son aquellos que están representados por la Constitución, en cuanto ley suprema que establece las bases ineludibles de convivencia en una comunidad política, es decir, eso que llamamos el «orden público».

Abandonar este marco de referencia, como ha ocurrido durante las dos legislaturas altamente ideologizadas del gobierno de Rodríguez Zapatero, es algo que, como se ha comprobado, no hace sino dividir, crear conflictos y, en definitiva, comprometer gravemente la siempre compleja convivencia entre personas de muy diferentes convicciones éticas.