Zapatero ante el Congreso (foto: stefannik) Descontrol proporcional del poder Promovido por el abogado Teodulfo Lagunero y firmado, entre otros, por miembros de Izquierda Unida, ha aparecido el llamado Manifiesto Contra la Actual Ley Electoral. Exige, en sustancia, la derogación del actual sistema de atribución de escaños que, según los firmantes, nos ha llevado a una efectiva situación de bipartidismo, y su sustitución por una ley electoral que, en consonancia con el artículo 68.3 del la Constitución Española, atienda a “criterios de proporcionalidad”. Se reclama, por tanto, un sistema electoral más proporcional que el actualmente vigente; se exige, pues, una distribución del poder más equitativa. Pero, precisamente, en este paso conceptual fraudulento pero imperceptible, se encuentra la razón de que el manifiesto dispare en la dirección errada. Errada en tanto que la intención declarada de los firmantes es lograr una “democracia plena” que actualmente no tenemos. Y que seguiremos sin tener aunque el sistema electoral alcance la perfecta proporcionalidad. Haciéndose eco de una confusión muy extendida, los firmantes convalidan la correcta proporcionalidad entre votos y escaños con la representatividad de los ciudadanos, y por lo tanto con la “democracia”. No es extraño, por tanto, que entre los firmantes se encuentren miembros de la clase política damnificados por la ley electoral: la diferencia conceptual entre la democracia y la distribución equitativa del poder de acuerdo con los votos emitidos no es baladí, pero a la clase política le interesa fomentar una confusión que deja intacta la naturaleza del problema que los firmantes del manifiesto denuncian.   La realidad es que los partidos políticos no están dispuestos a prescindir del poder que el sistema de listas electorales les ha otorgado, en detrimento de los ciudadanos, que se ven condenados a depositar el monopolio de la representación en las cúpulas partidistas. Con el sistema electoral de listas, paradójicamente las propias listas se vuelven irrelevantes e inútiles: bastaría que se presentaran los jefes de los partidos y que cada uno de ellos contase en el parlamento con un voto ponderado por el peso porcentual obtenido en las elecciones. El resto de diputados son superfluos, la mera noción de "disciplina de voto" es la prueba de ello; el trabajo de las comisiones parlamentarias puede encargarse a empresas consultoras que operen a las órdenes de la dirección del partido. La existencia de 350 diputados sujetos a las órdenes de sus jefes es un fraude a los electores y una vulneración del artículo 67.2 de la Constitución Española, que prohibe el "mandato imperativo". Nada de esto se cuestionan los firmantes del manifiesto, su confusión sobre el concepto de democracia es notable, el enfoque es tan caótico como las propias mentiras de la clase política al respecto. La mayor o menor proporcionalidad del sistema electoral no va a resolver este atropello. Las listas electorales, en un régimen de perfecta proporcionalidad, seguirán siendo tan antidemocráticas como lo son ahora. Y los partidos, izquierda o derecha, no están dispuestos a renunciar a ese poder.   Deposita el manifiesto en un amplio desarrollo de la Constitución su confianza en el logro de la democracia que no tenemos, sin advertir que el desarrollo de una Constitución antidemocrática en sus principios fundamentales no puede propiciar democracia alguna. No ya por la legitimación hereditaria y en consecuencia antidemocrática del Jefe del Estado, sino por un Parlamento reo del Gobierno, ya sea mediante la mayoría absoluta del grupo correspondiente, ya sea mediante las oscuras transacciones del consenso en virtud del cual los grupos parlamentarios renuncian a sus facultades de control sobre el Ejecutivo a cambio de su cuota de participación en el mismo. Y por un sistema electoral proporcional de listas de partido que convierte a los diputados en fieles ejecutores de los designios de los jefes de grupo.   “Lo propio de las oligarquías es la distribución proporcional del poder en beneficio de la clase política; lo propio de la democracia es el gobierno de la mayoría bajo comisiones de control del Poder Legislativo”, sostiene Antonio García-Trevijano. Un régimen parlamentario con disciplina de voto de sus señorías, es decir, un régimen proporcional de listas de partido, lo hace imposible. El propio manifiesto refleja el desconocimiento de los firmantes de esta cuestión fundamental, cuando se refiere a un Gobierno elegido no democráticamente por emanar de un Parlamento en el cual los partidos políticos no están proporcionalmente representados. La confusión entre lo sustancial y lo accidental es manifiesta: la conculcación institucional de la separación de poderes y por lo tanto de las reglas propias de la democracia formal se produce cuando son los Parlamentos los que usurpan a los ciudadanos la facultad de elegir y deponer gobiernos de forma directa. En suma, cuando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se unen de facto en un solo poder indiviso; es decir, cuando se confunde la separación de poderes con la separación de funciones de un solo poder. Quebrantada la democracia formal, que la proporción entre votos y escaños sea correcta es una cuestión que solo a los beneficiados del juego político puede interesar. Es decir, a la clase política. Aunque engañe a los ciudadanos introduciéndolos en una querella que les resulta por completo ajena.   Lamentablemente, esta maniobra de distracción confirma que, en aquellas iniciativas promovidas por los partidos políticos, o en aquellas promovidas por la sociedad civil pero en las que se han introducido los partidos, no hay más que la voluntad de redistribuir el poder conforme a otros criterios. Pero no de lograr una democracia que seguiremos sin tener mientras la dominación de las cúpulas partidistas, eufemísticamente encarecida como “disciplina de voto”, y la sujeción del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo propia del parlamentarismo de listas de partido, no sean institucionalmente impedidas mediante una república presidencialista que separe en origen los poderes del Estado y un sistema uninominal mayoritario que deposite la representación de los ciudadanos en los diputados de distrito, la única figura que puede servir de contención al poder de unos partidos enquistados en el Estado. Gracias, justamente, a la representación proporcional que el propio manifiesto encarece.