Para hacer frente a la ingente lista de gastos, desgranada en los dos artículos anteriores, 362.115 M€ (incluidas las operaciones financieras de activos y pasivos financieros, es decir los préstamos a conceder por 12.850 M€ y las amortizaciones a realizar por 50.289 M€). El Estado necesitaría ingresar otro tanto para mantener saneadas sus finanzas, sin embargo estima ingresar 276.440 M€ (incluidos los activos financieros), así que prevé una necesidad de endeudamiento de 85.675 M€ (8,04% del PIB).
Hagamos una pequeña disección de estas estimaciones a través de las principales fuentes de ingresos para ver si es posible la financiación de este volumen de gastos o hay escondida alguna falacia financiera, alguna operación de ingeniería financiera o simplemente es un brindis al sol.
El Estado sueña con ingresar 214.080 M€ por ingresos tributarios, cuyas partidas más importantes son: 184.269 de impuestos directos y cuotas sociales (106.300 M€ por cuotas de la Seguridad Social, 23.100 M€ por cuotas del Servicio Público de Empleo Estatal, 29.232 M€ por el IRPF, 19.564 M€ por el Impuesto de Sociedades, 2.411 M€ por el IRPF de los no residentes, 2.500 M€ por el gravamen especial del 10% sobre el valor de los bienes y derechos declarados antes del 30 de noviembre de 2012 (hasta ahora habido mucho ruido para tan pocas nueces); 21.095 M€ por impuestos indirectos (13.633 M€ por el IVA, 4.502 M€ por los Impuestos especiales, 1.452 M€ por Tráfico exterior y 1.392 M€ por otros impuestos indirectos, como las primas de seguros y algunas actividades de juego; y 8.716 M€ por tasas y precios públicos.
Estas estimaciones de ingresos serán realidad si se cumplen los requisitos básicos de la actividad económica nacional, ya que son muy sensibles al comportamiento de esa actividad (muy elásticos), a la permanencia de empresas abiertas que tengan beneficios o esperanza de conseguirlos, a los ingresos obtenidos por los ciudadanos con capacidad de demanda (será la población ocupada la que soportará de forma directa o indirecta toda esta carga tributaria) y a las decisiones que tomen con ellos (ahorro y/o consumo).
Es posible que el Estado pueda ingresar 21.685 M€ por ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones y activos financieros (entre otros: 2.372 M€ del Banco de España, 1.477 M€ de Loterías del Estado, 2.933 M€ de ingresos de este tipo por la Seguridad Social, 3.098 M€ por reintegro de préstamos a empresas públicas y 932 M€ por reintegro de préstamos a empresas privadas).
Pero es sorprendente que la futura ley de los PGE, que durante estas semanas se debate en el Congreso de los Diputados, contabilice como ingreso por transferencias cerca de 40.674 M€, ya que en dicha cifra se incluyen 29.093 M€ de la liquidación del sistema de financiación autonómico del ejercicio 2010 así como 1.056 M€ de devolución de los excesos de financiación de los últimos años a los Ayuntamientos. En el primer caso no son ingresos reales puesto que el Estado ha pactado con ellas la devolución en varios años; en el segundo caso es la cantidad anual de una deuda que las Entidades locales devolverán al Estado durante los próximos cinco años, y que el Estado compensará a medida que les entregue la participación anual en sus ingresos. ¿Cómo es posible la llegada de tales ingresos cuando el Estado tiene que financiarles incluso todas sus obligaciones pendientes de pago mediante el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores? Así que en realidad tendrá unos ingresos por transferencias de unos 10.000 M€ que, en su gran mayoría, provienen de los Fondos Europeos (FSE, FEGA, FEDER, Fondo de Cohesión) y de las migajas de dos grandes “paraísos fiscales” (546 M€ por el cupo vasco y 631 M€ por el cupo navarro, que no representan ni la décima parte de los que deberían entregar).
Ante esta situación ¿Cuál es la fuente de financiación que le queda al Estado? Pues los caudales que tiene que pedir a préstamo a “los mercados” para cubrir las necesidades de financiación del Tesoro estatal: el déficit no financiero (35.313 M€), los compromisos institucionales (Instituto de Crédito Oficial, Fondo de Reestructuración Bancaria, Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores, Mecanismo Europeo de Estabilidad, etc.), las amortizaciones que se produzcan durante el ejercicio (Préstamos, Letras, Bonos, Obligaciones) y aquellos otros que se deduzcan de esos “ingresos contabilizados formalmente” pero que no llegarán realmente. Por eso el Gobierno estatal ha previsto que la Deuda Pública pase del 68,5% al 79,8% del PIB, diferencia superior a la necesidad de endeudamiento más arriba indicada.
Ante todo esta locura financiera, el Presupuesto del Tesoro del Estado prevé emisiones de las diversas formas de Deuda Pública por valor de 186.126 M€, para poder hacer frente a todos esos compromisos. Los ciudadanos nos preguntamos: ¿Tendrá suficiente con esa cantidad? ¿Qué “sobrecoste” (prima de riesgo) tendrá que abonar el Estado español a los “mercados” para obtener tan preciada mercancía? Esperemos que no se produzca un colapso financiero del Estado.
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NOTAS:
1.- En los datos del IRPF, IVA e Impuestos Especiales ya está descontada la cesión de la recaudación a las Comunidades Autónomas, Municipios mayores de 75.000 habitantes, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.
2.- Los lectores que deseen contrastar y ampliar esta información, lo pueden hacer en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los diversos documentos que forman el Proyecto de PGE para 2012, sobre todo aquellos que desglosan los ingresos y los que presentan a todo el conjunto del Estado consolidado.
3.- El porcentaje de la Deuda Pública está calculado en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo de la Unión Europea. El montante de Deuda Pública en circulación es mucho mayor.
Lorenzo Alonso
