Cuando Gerhard Leibholz[1], el jurista  del tribunal constitucional federal alemán, definió científicamente a  la nueva forma estatal que se inauguraba después de la segunda guerra mundial en la Europa occidental como “estado de partidos” estaba, a su vez,  justificándola  mediante el argumento rousseauniano de la  integración de la masas sociales en el estado a través de los partidos políticos convertidos en auténticos órganos estatales.

En el fondo  estaba reconociendo que el estado de partidos  continuaba la filosofía del sistema totalitario fascista por otros medios, aparentemente más democráticos pues la “voluntad de todos” estaba más directamente presente en las decisiones del estado.

En cuanto a  la nueva forma de legitimación de los regímenes políticos europeos en la guerra fría sólo podemos concluir que se utilizaron como material  de construcción, para el nuevo palacio partidocrático, los escombros del palacio de poder totalitario estatal precedente y vencido.[2]

La legitimación o justificación racional de un sistema político  se refiere, en primer lugar, a la legitimación misma de la forma estatal de la organización y orden político, es decir,  se refiere a la legitimación de la relación de dominación de los gobernantes a los gobernados; gobernados que aceptan libremente la obediencia a un gobierno legal, entre otras cosas, para evitar el caos y el desorden en la sociedad.

Esta primera forma de legitimación de lo político no es difícil de conseguir por parte de los gobernantes en la  población. Los estados nacionales modernos surgieron, entre otras razones, para evitar las permanentes guerras y conflictos religiosos y, además, esta justificación del estado iba acompañada por una gran teorización filosófica y jurídica que la consolidó.[3]

Es, pues, la legitimación un prestigio social, reconocido así por la generalidad de la población.

La legitimación de lo político presenta este carácter de aceptación por la sociedad, a pesar de los intentos radicales del anarcocapitalismo de reducir al mínimo o a la nada los espacios o bienes  públicos.[4]

Sin embargo, la legitimación del poder – del régimen de poder político del estado de partidos- es mucho más difícil de sostener racional y sentimentalmente.  Estos aspectos directos-coactivos- de la política práctica  favorecen el que una gran parte de la población pueda reflexionar sobre ella  y, por tanto, detecte la falta de legitimación de la misma, y con más razón en los actuales  regímenes de poder basados en los partidos estatales.

La legitimación del poder se refiere, por tanto, a la justificación o reconocimiento social de la política y de sus protagonistas, es decir, de los que expresamente imponen su voluntad en una relación política.[5]

La legitimación de lo político o dominación y la legitimación del poder se suelen confundir con la legalidad del régimen político en cuestión. Ésta última se da en todo poder por el hecho de que todo estado es un estado de derecho o normas; la legalidad se tiene que  imponer y aceptar, en última instancia, por la fuerza estatal; pero, en cambio, la legitimación del dominio y la del poder  tienen que producirse por un reconocimiento libre de la población y, como hemos visto, la de dominación es fácil, pero la de poder es más difícil de conseguir como muestran la baja puntuación que dan  las encuestas a sus protagonistas[6].

El estado de partidos tiene legalidad, pero no legitimación.

Como es bien sabido se debe al gran sociólogo  Max Weber (1864-1920), ya en el siglo XX, la distinción de las tres formas de legitimación de la dominación:

a)  la legitimación tradicional basada en la creencia popular en la santidad del orden político como la que se producía en el dominio patriarcal, pero también en el feudalismo y, lo que es más importante, en el patrimonialismo, que tanta duración ha tenido en España hasta bien entrado el siglo XXI.

b)  la legitimación carismática fundamentada en la devoción sentimental, familiar o afectiva o religiosa a la persona de un profeta, héroe, señor o demagogo. España también ha mantenido, en cierta forma, este tipo de legitimación del poder en las figuras del Caudillo por la Gracia de Dios ( el generalísimo Franco), el rey Juan Carlos, Felipe González e, incluso José María Aznar. Carisma que ya han dejado de tener Zapatero y Rajoy.

c)   La legitimación  legal o racional-legal centrada en el Estado de Derecho moderno y en su burocracia administrativa. Forma de legitimación a la que tienden naturalmente a evolucionar la tradicional y la carismática, que son organizaciones y acciones orientadas a valores frente a la legitimación legal consistente en una organización y tipo de acción racional orientada a objetivos prácticos- de este mundo y con medios de este mundo-.[7]

Ahora bien, la pregunta esencial que cabe hacerse en estos momentos de crisis del estado de partidos es la siguiente: ¿qué tipo de legitimación corresponde a la forma política democrática en el siglo XXI?

Es evidente que no pueden ser ni la legitimación tradicional (a) ni la carismática ( b), por lo que sólo la legitimación racional-legal es la propia de una república democrática.

Sin embargo, también el estado de partidos intenta legitimarse mediante la forma racional-legal cuando, en realidad, siempre reclama un reconocimiento por las vías tradicional y carismática. El estado de partidos simula poseer la legitimación racional-legal, pero simplemente es un régimen basado en una legalidad ilegítima.

Y ello es así por una primera razón evidente: la legitimación racional-legal implica la posibilidad del disenso en política y la imposibilidad del consenso. Así, por ejemplo, en los EEUU y en Francia el consenso es algo impropio de sus repúblicas y de sus políticas.

En cambio en las partidocracias lo que impera es el consenso en política y también en lo político.

Pero dicho consenso es lo propio las legitimaciones tradicionales y carismáticas y no la idiosincrasia de  la legitimación  racional-legal que se reclama.