El concepto global «independentismo político» no es más que una etiqueta añadida sobre el concepto del «nacionalismo político». Pretende ir un paso más allá, pero en realidad se trata de un espejismo. Muy pocos proyectos políticos nacionalistas tienen la voluntad real de conseguir, fundar y mantener un Estado propio. El proyecto catalán no es la excepción, por mucha gesticulación que haga. No lo es ahora, ni lo ha sido hasta ahora.

Con este texto intentaré explicar el porqué, y para eso hay que hablar en serio de qué es la soberanía, en qué o en quién reside, y qué es necesario hacer para lograrla. Y digo «en serio», porque en Cataluña se ha intentado, con éxito, vender gato por liebre. Nos creímos lo de «la voluntad de un pueblo», y que ser soberanos era algo muy distinto a la realidad, y la realidad nos explotó en la cara. Es necesario, por tanto, expandir y aclarar el concepto de «soberanía política».

Una vez que se descubre qué es en realidad la soberanía política y, como resultado, las implicaciones que comporta, se presenta una decisión muy clara y fácil: o se está dispuesto a emprender un camino sin retorno, o te plantas donde estás y vuelves atrás.

Comenzaré esbozando una parte teórica, que es aplicable a cualquier caso y casi en cualquier punto temporal y país, y después intentaré explicar el caso de Cataluña, bajo la luz de este prisma.

Apuntes de teoría política sobre lo qué es ser soberano y cómo se logra la soberanía política plena

La soberanía plena significa obtener, y sobre todo controlar y mantener, el poder ejecutivo, es decir el Estado, así como su atribución legítima y exclusiva para aplicar violencia en sus fronteras, y defenderlas si llega el caso. Guste o no, eso es así.

Por «violencia» es necesario entender el concepto en su espectro más amplio. Desde la coerción punitiva con multas hasta la violencia física directa contra personas. Un ejemplo de ésta son las actuaciones policiales cuando huelguistas o manifestantes intentan acceder por la fuerza a un edificio gubernamental o en cualquier otra institución.

El acceso por la fuerza a cualquier entidad o inmueble estatal será entendido por el Estado como una agresión. Por tanto, actuará en consecuencia, defendiéndose. Evitemos, por favor, los juicios de valor sobre la justicia o no de cualquier reivindicación, puesto que es irrelevante para el tema que nos ocupa. Por otra parte, que el Estado envíe a la policía a reprimir a estudiantes, huelguistas o a quien subvierta o ponga en peligro el orden público, nos puede parecer más o menos justo, pero es la realidad, y hay que tenerla bien presente.

Si un Estado no es capaz de defenderse de las agresiones, utilizando si es necesaria la violencia física, acabará dominado por aquel actor que ejerza suficiente violencia sobre él. Puede ser otro Estado —guerra de expansión—, u otros como cárteles del narcotráfico, mafias, etc.

¿Qué incentivo tiene un Estado cualquiera para renunciar a cualquier tipo de poder? O se lo compra, o se le expulsa. Y para comprar a alguien que tiene la capacidad de legislar en todo un territorio y, especialmente, de recaudar impuestos de forma infinita, se necesita una cantidad de dinero infinita+1. Pensar que se puede conseguir el control del poder ejecutivo simplemente pidiéndolo es una ilusión, cuando no un delirio.

Por tanto, la única forma posible de alcanzar la soberanía plena e independizarse de un Estado soberano preexistente, es a través de la aplicación la violencia que sea necesaria sobre ese Estado para que considere que no le sale rentable —física, económicamente, o lo que sea—, seguir controlando el poder. Y esto sólo se obtiene por medio de la lucha armada (terrorismo), de una revolución que seguramente implicará disparos, o de un golpe de Estado, si los rebeldes forman parte del propio Estado al que quieren derribar (Del hecho nacional a la conciencia de España. O el discurso de la república, Antonio García-Trevijano, pp. 105-106).

El nacionalismo pretendidamente independentista catalán

Y ahora pasamos de la teoría política universal a los casos prácticos locales. Recordemos cuando los controladores aéreos tensaron tanto la situación, que el ministro Rubalcaba los militarizó y, finalmente, desactivó las protestas. Y recordemos sus palabras finales: «quien le echa un pulso al Estado, pierde».

El mero hecho de hablar de violencia causa cortocircuitos en muchas mentes de Cataluña. No por nada fue la segunda comunidad con más objetores de conciencia en los años noventa, yo entre ellos. Por eso, y por otras muchas causas, como por ejemplo la incultura política causada por la extrema complacencia —más al respecto en artículos futuros—, que nos llevó a creer que el «soberanismo» era aquello del «derecho a decidir», y que «votar es democracia» y por extensión, que «democracia es votar». Pues no.

Soberanismo es ser soberano, y no puede haber dos Estados soberanos en igualdad de condiciones —es decir, con el monopolio de la violencia— operando sobre un mismo territorio al mismo tiempo.

El independentismo, en el momento que entonó el «no queremos muertos», se rindió. Demostró que en realidad no reclamaba ejercer ninguna soberanía sobre nada. O que, si lo había pretendido hacer en algún momento, renunciaba a ello. Pero lo que es seguro es que decía que lo hacía. Sin embargo, el único objetivo era alimentar su relato de rebelión adolescente. Otra cosa es que el relato de «el día 1 de octubre podría haber habido muertos de forma intencional» —porque España adora la sangre— no se sostiene por ningún lado.

Donde sí ha habido muertes por actuación policial, y bastantes, es en Francia. Pero el nivel y la intensidad no son, ni de lejos, los que se vieron en Cataluña en octubre del 2017. ¿Que fue impresionante y doloroso? Sí. Lo fue porque la mayoría pensaba, porque así escogimos creerlo en el fondo, que sería como la revuelta de los claveles en Portugal. Y la Cataluña de octubre de 2017 no era, ni mucho menos, el Portugal de 1974, por mucha imaginación que se le ponga.

En 2017, el independentismo político dijo que quería ejercer el derecho a decidir, pero llegado el momento decidió que no iba a decidir. Sin embargo, no decidir también es decidir, y comporta consecuencias que han llegado en forma de mal entendida «represión». Digo mal entendida, porque esa «represión» es lo que hace un Estado soberano —cualquiera, incluido lo que los independentistas decían que querían construir—, cuando se le ataca. 

Pero el nacionalismo únicamente logra mantener cautivos a sus votantes dentro de su misma fantasía infantil, vendiendo el relato de la opresión y la represión. Así es cómo se legitiman las aspiraciones de los partidos nacionalistas. Desde el «España nos roba», hasta «España nos pega». Sin represión ni opresión, no existe relato nacionalista. Por eso cada acción del Estado español se ve, y se vende, como un acto represivo —en el fondo lo es, léase de nuevo la introducción de este texto—, para alimentar el relato en una espiral sin fin.

Soberanía: de dónde emana, dónde reside y por qué el independentismo catalán no la ha querido nunca

Como dice la teoría política, y hemos visto que expresa de forma particularmente clara, Antonio García-Trevijano (pp. 97), el nacionalismo busca la soberanía siempre en el poder ejecutivo, cualquiera que sea la forma o régimen de poder del Estado. Por otra parte, casi siempre se entiende que «la soberanía reside en la nación, el pueblo, el parlamento, los electores, etc.». En realidad, la soberanía emana del pueblo, pero reside de forma exclusiva en la rama ejecutiva del poder. ¿Por qué? Porque es la única rama capaz de imponer sus decisiones, legales o ilegales, y si es necesario, hacerlo por la fuerza.

Por tanto, en el momento en que se consigue la soberanía total, y se puede instaurar un nuevo Estado, desaparece la causa real del nacionalismo, que no es otra que oponerse al Estado para dar autonomía a su cultura nacionalista. O esto, o el nuevo Estado acabará oprimiendo —que es una forma de violencia— a las nuevas minorías que pertenecen a la nacionalidad dominante anterior (García-Trevijano, pp. 104-105).

El gobierno autonómico, pretendidamente soberanista de Cataluña, quiso chantajear al Estado español, pero no lo deseaba lo suficiente para ejercer un cambio tan fuerte. De haber logrado el cambio, se perdía toda causa y razón. Y esto implicaba tener que mantener el cambio logrado, lo cual es mucho trabajo. El establishment catalán se pasó de frenada y los ciudadanos nos tragamos el bluf. El Estado español, no. No hay más.

Bueno, sí que hay: quienes debían garantizar el nuevo Estado están gozando de apoyo institucional —y económico a cargo de la caja pública— mientras que los ciudadanos privados están siendo juzgados por terrorismo y rebeldía. El establishment político y el gobierno de la Generalitat les han vuelto a dejar desprotegidos por completo.

Pero volvamos a nuestro tema de hoy. Hay que tener muy claro lo de «no deseó lo suficiente». Cuando la situación llega a ser realmente mala, y solo entonces, es cuando de verdad se quieren hacer efectivos los cambios radicales. Si en Cataluña, al final del camino, no se optó por el cambio en la soberanía, es que la situación, en realidad, quizá no era tan mala. Aquel «¡Que no estemos tan mal!» que decía Jan Laporta, frase que quizá sea mucho más cierta de lo que pensamos.

Y si, como ocurre en Cataluña, la situación no es tan extrema como para hacer que te salga más a cuenta que te maten, la rebelión no es la solución. Menos aún la lucha armada. Por mucha imaginación que se ponga, Cataluña no ha vivido en un régimen de esclavitud y sometimiento —ni como en la Francia revolucionaria, ni como en la Revolución Americana, por mucho que la última algunos, yo el primero, la tengamos mitificada—, ni nada que se le parezca, nunca en su historia.

El engaño de la lucha no violenta

Volvamos ahora al dilema del ejercicio de la violencia. El experimento de querer realizar una «revolución pacífica» no funcionó. Ni funcionará nunca. Ni en Cataluña ni en ninguna parte. Jamás en la vida nadie se ha plantado con éxito ante cualquier poder ejecutivo de ninguna parte, y pidiéndole educadamente «miren, a partir de ahora ustedes se marchan a casa pacíficamente, y nosotros nos encargaremos de gestionar todo esto». Quien realmente lo piense tiene un problema de desconexión con la realidad.

Alguien podrá jugar la baza de la lucha no violenta. Este es otro concepto que se ha entendido mal. La lucha no violenta, de «no violenta» no tiene nada en absoluto. De hecho, lo es infinitamente más. En primer lugar, fuerza a los ciudadanos a ejercer de escudo humano y parar con sus cuerpos, de forma única y exclusiva, la violencia física del Estado, para defender una idea o institución. Esto es una trampa de una perversidad espantosa.

A esta violencia física directa contra las personas hay que añadir la violencia interna de las mismas personas, que tendrán que luchar contra su propio instinto de supervivencia para no mover ni una ceja, y aceptar con agrado la posibilidad de morir. Y lo mismo ocurre con las huelgas de hambre. 

La resistencia no violenta implica que los ciudadanos sean el objeto único y exclusivo de una violencia que puede causarles la muerte, para defender aquellas instituciones que, en situaciones de normalidad y tratando con personas de mente sana, deberían ser los recipiendarios de esta violencia. Y esto hay que decirlo claro. Y quien no lo vea claro, que pida cita para terapia psicológica. Ahora bien, una vez que la persona que quiera adherirse a la lucha o resistencia no violenta —de nuevo, tengamos presente que hablamos de «lucha» y de «resistencia», que tienen su significado bien claro—, si la persona acepta las consecuencias, incluida la posibilidad de morir, que actúe en conciencia.

Por tanto, o se elige «morir para» o hay que estar dispuesto a «matar para». No hay otra opción, y a mí no me cuenten en ninguna de las dos opciones. Cataluña, en este aspecto, no inventará nada, y sus ciudadanos tendrán que decidir, mejor antes que después. 

La lucha no violenta no creo que sea ninguna opción. Muchos ya la experimentaron el día 1 de octubre del 2017, y creo que ya no es atractiva para nadie. Cualquier persona normal, una vez le han atizado de lo lindo o ha visto cómo lo hacían a quien tenía justo al lado, no querrá repetir la experiencia. Las huelgas de hambre no pienso que sean opción, tampoco.

Por otra parte, queda la opción fantasiosa, peligrosa, estéril y criminal, que hay que rechazar, por completo, de reanudar el camino de la lucha armada —recordemos que víctimas del terrorismo independentista catalán fueron también los propios terroristas, a quienes les explotaban las bombas en las manos. Y de los distintos casos de lucha armada, el más reciente en España es el de ETA. Ni en treinta años de disparos y bombas, sacrificando tanto y generando tanto sufrimiento,  consiguieron la independencia. «Quien le echa un pulso al Estado, pierde». Entre otras muchas cosas, porque un Estado tiene todo el tiempo del mundo y no dudará en usar todos los recursos a su alcance.

Así pues, como opción final, y de hecho la única viable, solo queda crecer, hacerse mayores y aceptar la posibilidad de vivir bien y tranquilos, en un espacio de libertad y prosperidad. Pero por eso, los ciudadanos de Cataluña deberemos luchar y demostrar que lo queremos de verdad. Es necesario aceptar responsabilidades personales y colectivas. A partir de aquí, habrá que trabajar para buscar y encontrar un encaje realista de Cataluña en España.

Yo ya me he hecho mayor. La lucha armada no la deseo. Ni ahora, ni en el 2017, ni antes ni después. Y no quiero que nadie muera por mí. A mí déjenme vivir bien y tranquilo.