PATRICIA SVERLO.
Del golpe «de efecto» del 23-F había gente que tenía conocimiento previo y gente que no. En círculos militares, evidentemente, la filtración era mayor. En los servicios secretos del CESID, con más razón. Y en otros sectores sociales con deferencia informativa por parte de los ámbitos del poder, o generalmente bien informados, indudablemente, con más o menos difusión y profundidad.
Y este simple hecho hace plantearse si la Casa Real (el rey), por alguno de estos canales, tenía conocimiento o no, información previa de alguna clase, y en qué medida; y una serie respetable de cuestiones sobre la información que se filtró o que los estamentos armados y civiles tenían la responsabilidad de pasar a la Casa Real. De hecho, el presente análisis se propone desarrollar las piezas de la versión según la cual la Casa Real conocía lo que se podía producir, tanto si lo creía posible como si no.
Y para hacerlo, no hay nada como acoplar las piezas del rompecabezas, basándose en los hechos y en los testigos. El 23 de febrero de 1981, a las 18:22 horas, el teniente coronel Antonio Tejero, al frente de 288 guardias civiles, irrumpió violentamente en el Congreso de los Diputados, interrumpiendo la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno.
Poco después, en Valencia, el teniente general Jaime Milans del Bosch sacaba a la calle los tanques y las tropas que tenía bajo su mando en la III Región Militar y decretaba el toque de queda; y la División Acorazada Brunete tomaba los puntos clave de Madrid, entre otros RTVE y varias emisoras de radio. Se trataba de la puesta en escena para el verdadero golpe de Estado, que tendría lugar –según los planes–, cuando el general Armada, en nombre del rey, abortara el alzamiento militar y formara un gobierno de «salvación nacional» encabezado por él mismo. Nadie ha planteado, y ni mucho menos se ha podido demostrar nunca, la participación del rey Juan Carlos I en el golpe. Bien al contrario, la mayor parte de las interpretaciones sitúan al monarca como el salvador de la patria. Su intervención en los acontecimientos del 23 de febrero supuso la consagración definitiva para la monarquía española. Fue, sin duda, el más beneficiado. Al pueblo se le hizo ver que el riesgo de golpe de Estado estaba latente y que sólo el rey tenía poder para desactivarlo. Sin duda, fue el momento álgido de la «democracia coronada». Periodistas e intelectuales de tradición de izquierdas y republicana (como Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán o Manuel Vicent) se sumaron fervorosamente a las filas del «juancarlismo» y escribieron apasionadas defensas de su papel en la Transición. El rey acababa de salvar la democracia.
Es cierto que los silencios que rodearon el caso fueron tan ruidosos como el mismo golpe. Hay muchos papeles que no han salido a la luz: la supuesta nota manuscrita del rey a Pardo Zancada; el telegrama interceptado desde el CESID por el teniente coronel Álvaro Gaitán, responsable del departamento de comunicaciones, enviado al general Milans del Bosch desde la Zarzuela; el informe de veinte folios escrito y firmado de propia mano por el general Armada, con todos los 108 detalles del golpe y los nombres completos del futuro Gobierno; la carta escrita por el mismo general Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo de 1981, en la que pedía al monarca «por el honor de mis hijos y de mi familia» permiso para utilizar durante el consejo de guerra una parte del «contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual«, que habían mantenido días antes del golpe, cuando los reyes volvieron del entierro de la reina Federica de Grecia; el «informe Jáudenes» del CESID, elaborado un mes y pico tras el intento para evaluar las responsabilidades de la Casa, en el que se citan 8 agentes directamente implicados; y quién sabe cuántos más. Pero, con todo y a pesar de todo, atendiendo a los datos objetivos de que se dispone, y muy particularmente a los que contiene el sumario del proceso (las declaraciones de los encausados y las conclusiones del fiscal, principalmente), sin añadir más datos, se llega fácilmente a la conclusión de que el rey Juan Carlos I sí que podía haber participado activamente en el golpe.
Son secretos de dominio público que tuvo contactos previos con una parte de los implicados. Por otro lado, el día clave las iniciativas desde La Zarzuela no pueden considerarse en sí mismas capaces de abortar la conjura, tal y como estaba programada. El famoso mensaje televisivo que aseguraba que se habían tomado «las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente» se emitió en el mismo momento en que el general Armada estaba en el Congreso para «restablecer» el orden constitucional con un gobierno de «salvación nacional», presidido por él mismo, que era el que estaba previsto desde el comienzo. Pero como se ha transmitido una interpretación tan radicalmente diferente de éste, merced a mentiras demostrables en la sentencia judicial y a una campaña propagandística muy efectiva, ahora es necesario volver a repasar, aunque sea un poco por encima, datos que en realidad conoce todo el mundo. Como en todo caso Su Majestad, según lo que establece la Constitución, es irresponsable penalmente de sus actos, por mucho que se pueda demostrar su participación no se le puede juzgar por ello. Del mismo modo, y justamente por esto, especular sobre su participación no deja de ser un juego que no se podría tener en cuenta en absoluto como un intento de inculpación.
