PATRICIA SVERLO.
Gracias a los esfuerzos no se sabe muy bien de quiénes, las referencias al rey desaparecieron en la sentencia, y Sabino ocupó su lugar como responsable de algunas de sus actas. Por ejemplo, se atribuyó al secretario de la Casa la conversación que el rey había tenido con Armada, a las 18:30 aproximadamente, en la que el general se «ofrecía» para ir a La Zarzuela. Y esto teniendo en cuenta que esta novísima versión no se correspondía con ninguna de las declaraciones que habían tenido lugar durante el juicio: ni con la de Fernández Campo, ni con la de Gabeiras, ni con la de Armada.
Después el mismo rey también se encargó de desmentirla en las conversaciones que tuvo con Villalonga para su biografía autorizada. No fue la única vez que metió la pata en aquellas largas entrevistas, en quE, además, se permitía descalificar a los golpistas, con exclamaciones como «¡Verdaderos amateurs!«, o «¡Era un golpe de Estado montado sin sentido común!» Exclamaciones que le habrían podido valer que fieles como Armada le perdieran el respeto y rompieran el pacto de silencio, pero que Sabino, siempre más atento a los detalles que el monarca, se encargó de que fueran suprimidas en la edición española del libro.
El que salió peor parado de todo el proceso, sin duda, fue Tejero. Le tocó comerse casi todo el marrón. Aparte de los 30 años, fue condenado a pagar al Estado 1.076.450 pesetas por los destrozos que había causado en el Parlamento. Además, como se le había expulsado del cuerpo, toda su familia tuvo que desalojar el piso de la Guardia Civil en que vivía. Su castigo aumentó cuando fue trasladado al Castillo de Santo Ferran, en Figueres, una fortaleza del siglo XVIII, en la que fue prácticamente el único inquilino de 1983 a 1991. Actualmente continúa en prisión*, en la de Alcalá de Henares, pero disfruta de régimen abierto.
A Milans del Bosch le fue algo mejor. El Ejército empezó por mostrarle su apoyo concediéndole la medalla de sufrimientos por la patria, a finales de 1981, aunque después el Gobierno consiguió anularlo, porque aquello era demasiado descarado. Con una condena de 30 años a la espalda, pasó por varias prisiones (Algeciras, Alcalá de Henares, Figueres y la Prisión Naval de Carranza, en el Ferrol de su Caudillo). No quiso pedir nunca el indulto, pero el 1 de julio de 1990, después de haber cumplido la tercera parte de la condena (dicen, aunque las cifras no cuadran: desde febrero de 1981 sólo habían pasado 9 años), fue puesto en libertad. Se instaló en un chalé de La Moraleja, un barrio residencial de lujo, en Madrid, y murió en 1997, al parecer de un tumor cerebral. Le enterraron como a un héroe en la cripta del Alcázar de Toledo, por su condición de defensor del recinto durante la Guerra Civil.
El asunto de Armada, que sólo cumplió 7 años de prisión en total, se puede decir que fue una ganga.
A finales de 1987 el Consejo Supremo de Justicia Militar ya le había rebajado la pena a 26 años, 8 meses y 1 día. Pero la libertad definitiva la obtuvo el 24 de diciembre de 1988 cuando el Gobierno socialista de Felipe González le indultó por razones de salud y por «acatar la Constitución«. Ahora vive en Galicia, en una casa solariega, donde se dedica a cultivar camelias.
Con respecto al CESID y a su papel en el 23-F, igual que en todo lo que hace referencia al monarca, también hubo una campaña de silencio, adoctrinamiento y destrucción de pruebas. Entre los documentos desaparecidos en los días siguientes, de los cuales sólo queda el recuerdo en la mente de los agentes que entonces estaban activos, se citan el «informe Delta sur» (que evaluaba la actitud de cada mando del CESID respecto a un cambio de régimen), unos edictos y decretos que se tenían que difundir una vez hubiera triunfado el golpe, e informes de vigilancia que incluían fotos de reuniones conspirativas celebradas en varios puntos de Madrid. Después se elaboró el «informe Jáudenes«, «acerca de la posible participación de miembros de la AOME [Agrupación Operativa de Medios Especiales, cuyo jefe era José Luis Cortina] en los sucesos de los días 23 y 24 de febrero pasado«. Fue encargado al teniente coronel Juan Jáudenes el 31 de marzo de 1981, cuando ya no quedaban pruebas. Pero todavía se pudieron reunir testigos que implicaban a unos ocho agentes (García Almenta, Monge, Sales y Moya, entre otros). De todos modos, ninguno fue denunciado por el CESID.
Si Cortina llegó a ser procesado, fue en base a las imputaciones de Tejero. Pese a que el fiscal le pedía 12 años, por actuar de enlace de Armada en Madrid y dar apoyo logístico a Tejero para que tomara el Parlamento, fue absuelto de manera poco convincente por falta de pruebas. No dejó el Ejército. Desde 1983 tuvo diversos destinos: el Regimiento de Infantería Jaén 25, el Polígono de Prácticas de Carabanchel y, para terminar, en 1985, el Cuartel General del Ejército, en el departamento MASAL (Mando de Apoyo Logístico), ascendido a coronel de Estado Mayor. En 1990 le fue concedida la Cruz Militar con distintivo blanco y la placa de San Hermenegildo.
Después, su suerte dio un vuelco: todavía con el PSOE en el poder, en 1991 fue expedientado y destituido por negligencia en la custodia de documentos secretos. Pero esta es otra historia.
Gómez Iglesias fue el único agente del CESID condenado por implicación directa en el asalto al Congreso. El Tribunal Militar sólo le impuso una pena de 3 años, aunque después el Supremo la amplió a 6. Pero los otros ni siquiera atestiguaron en el juicio.
El «informe Jáudenes» fue incorporado a la causa 2/81 y después devuelto. En los 13.000 folios del sumario no se hace ninguna mención del Rey. En cuanto a la implicación de políticos, y muy especialmente de los socialistas que estaba probado que se habían reunido con Armada, hace falta decir que también tuvieron mucha suerte en el juicio. Tanto ellos como el grupo de La Zarzuela, incluyendo a Armada, cumplieron el compromiso de no implicarse mutuamente. Un equipo de abogados entrenó a Múgica durante mucho tiempo para que su declaración como testigo se ajustara a los intereses del PSOE, que consistían en desvincularse de Armada. Al cabo de los años, Múgica no ha modificado su disciplina y todo lo que reconoce es que hablaron de la cría de mulas para el transporte de las unidades de artillería de montaña. Cuando salió la sentencia, Felipe González, que ya era presidente del Gobierno, declaró en el Congreso: «Esta sentencia cierra un capítulo importante y doloroso de la historia de España«. Empezaba a entrenarse en la disculpa de que se enteraba de las cosas por la prensa, cuando, recalcando «la absoluta independencia entre el poder judicial y el ejecutivo«, dijo: «Yo me he enterado a media mañana del contenido de la sentencia, por una nota manuscrita del portavoz del Gobierno«. Para que la historia lo juzgue, permanece la anodina sentencia del Supremo, que a lo largo de los considerandos puntualizaba que la rebelión habría existido incluso con el supuesto «impulso regio«. Se decía literalmente: «No sobra razonar que si, hipotéticamente y con los debidos respetos a Su Majestad, tales órdenes hubiesen existido, ello sin perjuicio de la impunidad de la Corona que proclama la Constitución, no hubiera excusado, de ningún modo, a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultadas de Su Majestad el Rey, y, siendo manifiestamente ilegítimas, no tenían por qué haber sido obedecidas«.
* Tejero salió en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996
