DIEGO J. RUIZ.

La Constitución del 78 es el problema. El actual régimen político emana de la Constitución del 78, que es socialdemócrata, y todos los problemas que padecemos tienen su origen en ella. La Constitución no embrida a los políticos y su poder arbitrario, que es lo que tendría que hacer; de hecho, es una retahíla de artículos que confieren poderes y más poderes al Estado, y por tanto a los políticos, quitando iniciativa e independencia a la sociedad civil. La Constitución no contiene un solo capítulo que límite la capacidad de acción de los políticos en el ejercicio del poder; muy al contrario: todos otorgan capacidad al Estado y a los poderes públicos para entrometerse en y regular los asuntos privados de los ciudadanos. La Constitución es, antes que nada, ineficaz. El mayor engaño que entraña como carta fundamental es que fue escrita a sabiendas de que nunca podría cumplirse; sin una separación clara de poderes, es imposible. Fue redactada de manera que su cumplimiento estaría siempre sometido a la arbitrariedad y voluntad políticas de quienes gobernasen en cada momento. Porque la Constitución permite que quienes estén en el Gobierno controlen siempre los poderes Legislativo y Judicial.

La Constitución dio a luz la partidocracia. E instituyó la casta política. Porque apuntaló el oligopolio del voto por parte de los grandes partidos. Por un lado, mediante un sistema electoral que abusa de y masacra a las minorías políticas de cada circunscripción. Por otro, porque permite que los partidos con representación institucional se financien con los impuestos de los españoles. PP y PSOE chupan decenas de millones de euros anuales en subvenciones, con las que pueden desplegar redes de influencia y de propaganda política incontestables y omnipresentes, lo cual constituye una barrera de entrada casi insalvable para los nuevos partidos o de escasa implantación. La Constitución no asigna límites concretos a la capacidad de gasto discrecional de los políticos, y estos han endeudado (y siguen endeudando) a los ciudadanos hasta las cejas. PP y PSOE han encadenado a los ciudadanos al Estado, nos han convertido en siervos y sobre todo en pagadores de sus delirios políticos y de sus ilusiones faraónicas.

La Constitución no limita la recaudación de impuestos, lo que ha permitido que PP y PSOE hayan promovido el saqueo de los ciudadanos, gravado cada acto de nuestra vida cotidiana, cada acto de consumo o ahorro o inversión, y llevado nuestro sistema impositivo a unos niveles insoportables. Constitucionalmente, no existe manera de evitarlo, o siquiera de pararlo o acotarlo. La Constitución proclamó el Estado Asistencialista, y el PP y el PSOE lo han extendido sin freno, implantando un modelo de organización social conducente al socialismo real. Enarbolando la Constitución, han adoctrinado a la gran mayoría de los ciudadanos en el dogma de que el bienestar sólo es posible al amparo del Estado y de que siempre se debe desconfiar de la iniciativa privada y de la libertad económica. La Constitución erró cuando abolió la libertad de elección de los ciudadanos, al establecer un sistema de sanidad, pensiones y educación de contribución coercitiva. Pero erró aún más ignominiosamente cuando ni siquiera interpretó tales servicios como un contrato entre el Estado y los ciudadanos a cambio del pago de unos impuestos, sino como asistencialismo supuestamente gratuito. De esta manera, el Estado ha asumido el monopolio de la estafa, al arbitrio del Gobierno de turno: si una empresa privada de seguros falla a la hora de prestar los servicios que contratan sus clientes es perseguida en los tribunales de justicia; si es el Estado el que falla no existe tal posibilidad, no hay nada que hacer.

La Constitución ha consagrado el supuesto derecho a vivir de la subvención. La concesión generalizada de subvenciones a grupos de interés afines al poder ha provocado que sean muchísimas las personas y organizaciones que sin rubor alguno pretenden vivir a costa del dinero de los demás; empezando por la misma casta política y sindical y los medios de comunicación, pasando incontables mineros, artistas… y empresarios. La Constitución ha promovido el engorde del sector público hasta hacerlo mórbido, inadministrable, inviable e ineficaz. Su situación es propia del surrealismo más absurdo. La proliferación de miles de empresas públicas, sometidas al control caprichoso de los políticos del PP, el PSOE, CiU y el PNV, con la maraña de clientelismo político que acarrea, son un lastre insoportable para la economía. La Constitución deja impune a aquellos políticos, empezando por Zapatero, que han malversado y despilfarrado el dinero de los contribuyentes, arruinado a empresas, autónomos y contratistas de la administración pública, destrozado la credibilidad económica y la viabilidad financiera del Estado y sus dependencias. La Constitución ha dado alas a la causa nacionalista liberticida, afianzándola en Cataluña y el País Vasco e infectando regiones donde no tenía presencia. Los presidentes autonómicos, con la excusa del café para todos, han rivalizado en despilfarro y caciquismo y cebado las veleidades identitarias. Su irresponsabilidad nos ha llevado al triste panorama de estos diecisiete miniestados fallidos y en bancarrota, todos con su pompa, sus ínfulas propias de república bananera y sus cantinfladas diplomáticas.

La Constitución ha permitido que la educación de los niños se haya convertido en el instrumento tanto de la ingeniería social de izquierdas como del nacionalismo etnicista y liberticida. Millones de niños han sido educados en la creencia de que es legítimo conculcar las libertades y los derechos individuales siempre que sea en pro del igualitarismo o de la nación. Y miles de familias no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna. La Constitución tolera que PP y PSOE traten al Poder Judicial como su meretriz particular, pasándosela del uno al otro según van saciando sus apetitos políticos. Han politizado la Justicia para su propio beneficio electoral. PP y PSOE han convertido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en un cenagal donde dirimen a garrotazos sus diferencias políticas y sus ansias de poder. La Constitución ha amparado la politización de las cajas de ahorro y legitimado a PP y PSOE en su interesado mangoneo del sistema financiero. Ambos partidos han forjado pueblo a pueblo la cultura del pelotazo y del ladrillo, en connivencia con constructores amigos y autoridades locales, que han recalificado terrenos en beneficio propio.

De nuevo, la Constitución calla clamorosamente cuando los ciudadanos son expoliados para rescatar bancos o para crear el famoso banco malo, cuando se debería haber dejado que se produjera la quiebra de las entidades que deberían haber quebrado, como sucede en los demás sectores. La Constitución ha concedido al derecho de propiedad un rango menor, y lo ha supeditado a la ingeniería social de izquierdas, erigida en pensamiento único. Decenas de miles de pequeños empresarios y autónomos llevan años incurriendo en terribles pérdidas por culpa de leyes inicuas impulsadas por PP y PSOE, como la ley antitabaco. Otros tantos han sido condenados a la semiclandestinidad porque el Estado desconfía de ellos y de manera preventiva les considera sospechosos de delito fiscal y les limita las transacciones en efectivo, o les obliga a pagar el IVA antes de cobrar las facturas. No. No es esta una Constitución para la Libertad. No es esta una Constitución para controlar al poder político. Esta es la Constitución de la partidocracia, de la casta política, de la corrupción, del despilfarro, de las subvenciones y las mamandurrias, del clientelismo, del enchufismo, de los rescates bancarios, del banco malo, de la cultura del pelotazo, de la Justicia politizada, de los impuestos expoliadores, del intervencionismo, de la hiperregulación, de la ingeniería social, de la crisis económica y de la recesión. A esta Constitución los ciudadanos le tienen miedo, porque es la Constitución de los políticos, no la Constitución de los ciudadanos.

La Constitución ha dejado desprotegidos a los ciudadanos frente a los políticos. Pocos, muy pocos, de los que han visto vulneradas sus libertades individuales y pedido socorro a la Constitución han sido amparados eficazmente por esta. Por eso, la gran mayoría de los ciudadanos apenas ve opciones de cambio real en nuestra sociedad y se resigna con el consabido «Esto lo controlan el PP y el PSOE y no se puede cambiar, es lo que hay». El desánimo y la descreencia en que otra clase política, otro Estado, otra sociedad y otro régimen político son posibles apesadumbra a los ciudadanos, que renuncian a buscar y provocar los cambios necesarios. Pero las cosas no tienen por qué ser así. Son ya incuestionables y obvios los síntomas de que el régimen está en las últimas. Su crisis es evidente en todos los órdenes, incluso se hacen eco de ello en el extrajero. El régimen del 78 empieza a dar muestras de debilidad: como las dictaduras cuando languidecen, que arrecian en la represión de los ciudadanos, el Gobierno nos aprieta aún más, atornillándonos con más impuestos al Estado; nos recorta aún más la libertad individual, e insiste en intervenir y regular la actividad económica. Por ello, es ahora cuando debemos actuar… Empujemos y empujemos para que caiga el régimen del 78. ¡Cambiemos la Constitución del 78! ¡Abajo el régimen del 78!