PACO BONO SANZ
¡Ya está bien, señores, de tratar los asuntos de Estados Unidos desde la perspectiva de España! ¡Ya basta de engañar a los españoles con la siniestra “unidad de los partidos”! El pasado viernes por la mañana casi se me atragantó el bizcocho cuando vi el modo en que el señor Lorenzo Milá narraba la noticia de lo ocurrido en Estados Unidos. Este periodista del Estado, y miren que no me gusta meterme con la prensa, pero es que este tío tiene de periodista objetivo lo que yo de astronauta, ha tirado por tierra los doscientos años de democracia formal americana explicando un acontecimiento fascinante en lo político (no en lo humano, pues es cierto que muchos funcionarios se quedaron en la calle) como si se tratara de una tragedia democrática.
En Televisión Española, la cadena ruinosa del Estado, se encuentran muy preocupados por el “consenso político norteamericano”, por eso llaman a la unidad de los partidos. ¿Serán ignorantes? ¿Serán bárbaros? ¿No saben que los partidos políticos de Estados Unidos y los partidos estatales de España difieren absolutamente en su forma? ¡Va y habla Lorenzo de la oposición! ¿Oposición en Estados Unidos? ¡Si no la necesitan! Es más, cuando hay oposición estatal no hay democracia. Para ejemplo, España, donde la oposición es un segundo Estado en la sombra (el partido opositor) con una estructura millonaria financiada con dinero público. Los partidos en Estados Unidos albergan sólo un fin electoral; una vez transcurridas las elecciones, desaparecen como tales. ¡Allí no hay consenso político porque hay establecida una forma de gobierno democrática! Los poderes están separados de raíz; el ejecutivo se elige por una parte y el legislativo por otra, mediante unos comicios tras los que resulta electo un único representante por cada distrito que posteriormente legisla en la Cámara de Representantes o en el Senado en nombre de sus electores.
¿Acaso se ha comprendido en España lo acontecido en USA? ¿Qué ha sucedido realmente para que el Estado haya tenido que echar el cierre? A esta y otras preguntas contestó García-Trevijano en su programa Libertad Constituyente del pasado dieciocho de octubre, cuando explicó que, en la forma, había acaecido un enfrentamiento entre los poderes del Estado, y en el fondo, se había producido un chantaje, promovido por el grupo más extremo de senadores republicanos, los del “Tea Party”, muy molestos con el resultado de la Sentencia del Tribunal Supremo Americano (allí la justicia también es independiente, no como aquí) que había tirado por tierra su intento de paralizar la nueva ley que obliga a los estadounidenses a contratar un seguro sanitario. Era tal la rabia, que se negaron a aprobar los presupuestos para doblegar a Obama. ¿Cómo se detectó el chantaje? Por la torpeza demostrada por ciertos senadores republicanos cuando ofrecieron un acuerdo presupuestario si el ejecutivo demoraba la aplicación de la conflictiva ley durante un año. ¿Hubiera sido legítima la no aprobación de los presupuestos federales con el argumento de que se había superado el techo y el gobierno de Obama estaba despilfarrando el erario público? Absolutamente sí. Pero descubierto el pastel, los republicanos habían perdido la razón ante la opinión pública, y era cuestión de tiempo que depusieran su actitud, como así ha resultado.
Lo genial del asunto estriba en que de nuevo ha quedado a la vista que la magnífica constitución que redactaran brillantemente los padres de la democracia americana no resuelve el problema del choque frontal entre los dos poderes que ella misma separa de raíz. ¿Genial? Se preguntarán ustedes. Sí, genial, porque ha sido un español quien ha ideado una respuesta para esta situación, solución que les detallo citando directamente el texto del autor de la obra: “el eventual conflicto irreconciliable entre el poder legislativo nacional y el poder ejecutivo estatal, lo resuelve la potestad recíproca de ambos, para acordar, bien sea el cese del Gobierno a la vez que la autodisolución de la Cámara de Representantes, o bien la disolución de dicha Cámara a la vez que la dimisión de la Presidencia del Gobierno, a fin de que sea el cuerpo electoral quien, como titular del poder preservador, resuelva el problema con unas nuevas elecciones legislativas y presidenciales” (Antonio García-Trevijano, Teoría Pura de la República, página 688, último párrafo).
