AMADEO MARTÍNEZ INGLÉS.
La Audiencia Nacional, tras las diligencias previas emprendidas en abril de este año, me encausa formalmente por un delito de calumnias e injurias graves contra la corona cuya pena privativa de libertad «no excedería de nueve años de prisión» según la resolución del magistrado-juez Ismael Moreno Chamarro. Esto es, por lo menos, lo que «acuerda, manda y firma» el señor Moreno, magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 002 de la AN en la resolución NIG 28079 27 2 2012 0000530 con la que da por finalizadas las diligencias previas abiertas contra mi persona por el artículo periodístico «Por qué te callas», publicado en diferentes medios digitales (el juez sólo cita Canarias Semanal), y en la que señala al citado trabajo como constitutivo de un posible delito de «calumnias e injurias graves contra la Corona cuya pena privativa de libertad no excedería de nueve años de prisión». También ordena el citado juez que «se notifique la resolución a los interesados personalmente y a través de su representación procesal, si la tuviesen, y al Ministerio fiscal, a fin de que en el plazo común de diez días formulen, o bien por escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita en la Ley o bien soliciten el sobreseimiento de la causa sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular la acusación».
El mismo 29 de octubre, en relación con lo expresado en el párrafo anterior por el señor juez de la AN pero al margen de su resolución, tuve constancia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional (el ente jerárquico subordinado al aparato del Estado que, según parece, me ha denunciado ante la AN porque hasta este momento no sé de quien o quienes partió la idea de llevarme a los tribunales pisoteando mi libertad de expresión y mis derechos como ciudadano libre y responsable en un Estado que se reclama de derecho) ha desestimado el archivo de la causa y en estos momentos está buscando afanosamente un abogado que me preste asistencia jurídica y sea capaz de formular el correspondiente escrito de defensa para poder seguir con la presente mascarada pseudo judicial. Tarea ardua, sin duda, para la citada Fiscalía pues es mi intención defenderme yo solito en este mísero caso de acoso político e institucional que, por otra parte, es lo que he hecho siempre desde mi más tierna juventud, incluida una guerra, en la que el enemigo no te bombardeaba con papeles o resoluciones de tribunales especiales de origen franquista (pésimamente redactados, por cierto) sino con proyectiles, obuses y granadas, que podían mandarte ipso facto a las mazmorras de Josafat; no por unos años sino a perpetuidad y sin posibilidad de revisión alguna.
El que esto escribe, escritor e historiador (además de militar profesional que se ha dejado la piel en el pasado por modernizar y democratizar las FAS españolas) lleva casi treinta años investigando y estudiando la figura del todavía rey de España, Juan Carlos I, y casi veinte (el primer libro sobre la impostura del 23-F, lo publiqué en el año 1994) sacando a la luz pública sus errores, engaños, devaneos, golpismos de salón, enriquecimientos sospechosos (recientemente el New York Times se preguntaba por la «opaca fortuna del monarca español» cifrándola en 1.800 millones de euros), corruptelas, aceptación de regalos millonarios… etc, aunque, por supuesto, el sistema se ha encargado de que mis libros y mis escritos fueran silenciados.
Todas mis investigaciones y descubrimientos sobre la vida del actual jefe del Estado español, tanto las concernientes a su vida institucional como a la privada pero con incidencia en la propia Institución monárquica y en la ciudadanía, las he puesto repetidas veces, desde septiembre de 2005, en conocimiento de las Cortes Generales (el máximo órgano representativo de la soberanía del pueblo y competente para actuar), del Gobierno español y de todas las más altas instituciones del Estado. Con vistas a que el primero de esos organismos pudiera constituir una Comisión de Investigación que depurara lo que, sin ninguna duda, podían ser graves delitos cometidos por el rey Juan Carlos I. A pesar de que el presidente del Congreso acusó recibo de alguna de esas denuncias la realidad es que un tupido velo, revestido de inviolabilidad constitucional, ha impedido una y otra vez que el pueblo español conociera la verdad sobre su rey.
Ahora, en 2012, dieciocho años después de mis primeras denuncias en libros y artículos periodísticos que nunca la justicia española se ha dignado investigar, a la Fiscalía de ese anómalo y antidemocrático tribunal que se denomina Audiencia Nacional (heredero de aquél nefasto Tribunal de Orden Público franquista) se le ocurre la peregrina idea de abrir la caja de los truenos jurídica, o la de Pandora, o allanar el campo de Agramante (con toda seguridad alentada por un PP borracho de poder cuando decidió tamaña insensatez, recién ganada una mayoría absoluta que le está sirviendo para muy poco) para intentar asustar (esta gente es que es torpe hasta la extenuación, no saben con quien se juegan los cuartos) a este modesto historiador militar que lo único que ha hecho en su ya dilatada trayectoria profesional es contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre la desvergonzada y ya caduca personalidad del rey Juan Carlos I. Un monarca que, como colofón a todas sus perrerías institucionales y privadas (golpes de Estado de salón, terrorismo de Estado, corrupción generalizada, enriquecimiento sospechoso, vida licenciosa, aventuras extramaritales públicas…etc, etc) se vio obligado a pedir perdón público a sus asombrados y pacientes súbditos en abril de este año de gracia (la suya) de 2012.
Que no le quepa la menor duda a la Audiencia Nacional (y con ella al Ministerio Fiscal manejado por el PP) que el profesional de las armas y de las letras que escribe las presentes líneas, se va a defender de esta ridícula acusación de calumnias e injurias contra la corona (no hay calumnias ni injurias que valgan cuando se trata de la verdad) con uñas y dientes. O, como chocheó el divino rey del que estamos hablando (que procrea a destajo y luego presuntamente abandona en el arroyo a sus hijos bastardos) en su último viaje de placer/trabajo a la India: «con un puñal en la boca». Pues en la vista oral que se celebrará cuando la AN quiera (a mi me da igual la fecha, estoy preparado ya para el circo mediático consiguiente) pienso defenderme hablando (y exigiendo que otros hablen también) por los codos y sin pelos en la lengua. Como siempre he hecho y quizá un poquito más. Pero no del artículo periodístico objeto de la denuncia (yo al redactarlo sólo actué de mensajero de la impudicia) sino de los presuntos (todavía) delitos del rey Juan Carlos. Y cada palo, amigos, incluidas la topoderosa Audiencia Nacional y la perruna Fiscalía adyacente, que aguante su vela.
