RAFAEL MARTÍN RIVERA.

Dedicado a quienes poseen verdadera vocación de servicio al administrado; los menos ciertamente. Pero haberlos, «haylos». Conozco a tres…

Nunca antes la función pública gozó en España de un mayor reconocimiento y prestigio que en los tiempos que corren… Todavía están frescos en mi memoria aquellos personajes tristemente cómicos (covachuelistas, oficinistas o empleados), marginados y marginales, casi entrañables, que dibujara Forges en los setenta, ridiculizara el cine español en los sesenta y cincuenta, y despachara a gusto nuestra literatura decimonónica, con aquellos grisáceos tonos costumbristas y de cesantes retratados por Galdós, Mesonero Romanos y Larra.

También es cierto que tampoco antes la Administración Pública hubo alcanzado semejante desarrollo, ni tan ufano esparcimiento como el actual. Hoy cabría preguntarse no ya quién es funcionario, sino quién no lo es. El sucedáneo y derivados del estatuto de la función pública invade casi todos los órdenes de la vida cotidiana: la política, la justicia, la economía, la industria, el turismo y el comercio; la banca y los mercados financieros; la prensa y la comunicación; la enseñanza, la investigación, el deporte y la sanidad; la organización de eventos, culturales y no tan culturales…; todo ello trufado con multitud de organismos, asociaciones, fundaciones, institutos e instituciones –de todo orden, imaginable e inimaginable– que abrevan en las arcas públicas con voraz alegría. Tal es el grado de generalización de la cosa pública, que será difícil averiguar la razón de cuán animados privilegios y gratuidades; salvo para abundar aún más –si tal es posible– en la protección de una prolífica especie, que lejos está de la extinción: el funcionario.

A los efectos que nos ocupan, poco importará que el susodicho tenga categoría A1, A2, B, C1 ó C2 –o cualquier otra que se inventen con posterioridad–; así tampoco tendrá relevancia alguna que haya superado una oposición o no (como si esto fuera garantía de algo, con tanto apaño como se ve); o que sea interino, laboral o eventual; o que pertenezca a una administración u otra; pues es de notar que, cualquiera que sea su circunstancia y legislación aplicable, gozará de una situación de favor inigualable frente a todo mortal administrado, al que se le cobra puntualmente el diezmo. Curioso régimen feudal este que se ha organizado al amparo de no se sabe muy bien qué tipo de Estado fiscal, democrático y social. Nobleza de toga («noblesse de robe») se decía en la Francia del XVII y XVIII; y qué lejos estaban aquellos «snob» («sans noblesse ») de los altivos «señores» que hoy nos administran…

Mientras el administrado, en régimen de vasallaje, es sometido a una esclavitud tributaria que le obliga a trabajar para el Señor Estado casi la mitad de su vida laboral –y en algunos casos más–, sufragando privilegios y honores de tan advenedizos nobles, acaso ni reciba a cambio la cortés respuesta del «vuelva usted mañana». Más bien todo lo contrario: de «tú» y «sine die»; siendo recomendable que proteste poco, pues, el de los vaqueros por vestimenta y vaso de café en la mano, le puede montar una de cuidado. ¿Recuerdan aquello de «hola, buenas, soy inspector de Hacienda»? Pues eso…

En un intento por salvar las formas, alguna mente truculenta del Estado feudal, democrático y social que padecemos, se inventó lo de que los Señores de toga también contribuyeran a las arcas públicas sobre el propio diezmo percibido –no sin olvidar ciertos beneficios y exenciones, tipo «Gin-Tonic» subvencionado, claro está–; de modo que el dinero público –que no es de nadie– va y viene por entre las mismas manos que lo administran, en un trajín de trilero, difícil de seguir el rastro: «esto pá mí, esto pá tí…; tú tranquilo que el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado son de los nuestros». Total, con los sólo diez austeros artículos dedicados a retribuciones básicas y complementarias (Capítulo III de la Ley 7/2007), poca luz se arroja sobre el asunto. De todos es sabido lo que se halla regulado –y no regulado– en otros recónditos lugares; para regocijo de la prensa sensacionalista y disgusto del administrado. ¡Pobres! Menos mal que se les reconoce el derecho de sindicación, manifestación, reunión, huelga y negociación colectiva, como a cualquier hijo de vecino. Dura batalla tuvieron que librar los anteriormente «militarizados» cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias a Dios, ahora pueden gozar de bellas jornadas dominicales en la Castellana, con globos, pitos y pancartas. Hasta a los «mossos d’esquadra» habré visto yo desfilar por el centro de Madrid, clamando contra los famosos «recortes»… Grave injusticia se comete, cuando a la más alta institución del Estado no se les reconoce el derecho de huelga y sindicación: ¿para cuándo la Casa Real? Ya va siendo hora.

Mas no nos olvidemos de las fabulosas pensiones de jubilación y de los seguros de toda naturaleza; de los «moscosos» y días de disfrute; de las ineludibles bajas médicas por dolores de espalda; y, sobre de todo, del gran sueño nacional: un «empleo para toda la vida».

No es de extrañar que, en este país, todo «quisque» quiera ser funcionario, y las colas de candidatos den vueltas a varias manzanas. ¡Cómo para hacerse emprendedor! ¡Qué disparate!

Así me lo decía, con gran disgusto, un alto funcionario A1, entre churros y café de las diez de la mañana: «Mi hijo se ha hecho autónomo… ¡Qué botarate!». Poco tardó el buen señor en desdecirse del improperio proferido, al darse cuenta de la enorme metedura de pata. Con quien hablaba –véase, un servidor–, autónomo era y es…; o lo que, con cierta cursilería, algunos llaman «profesional independiente». Pero no contento con su acierto diplomático, añadió: «Ya sabes…, el autónomo está muy desprestigiado en este país». «¡Tela!», dije yo, y pensé para mí: «¿Tendrá algo que ver con que este buen señor sea funcionario y socialista?». Reflexión estúpida, la mía. Apabullado, me di cuenta de la verdad de su frase demoledora: poco importará que nos vistan de seda con términos rimbombantes de «emprendedor» o similares; «vasallos» nos quedamos, y a pagar el diezmo a sus Señorías.

A los de nómina en empresa privada, no les diré nada…, hasta que termine la campaña de la Renta; sería una crueldad innecesaria. Pero pueden irse preguntando quiénes son hoy los covachuelistas, oficinistas, empleados…; o cesantes, en el peor de los casos.

@RMartinRivera