JUAN M. BLANCO.
Cuando un sistema político entra en fase de descomposición diera la impresión de que sus dirigentes reaccionan precipitadamente ante el apuro. Se diría que toman decisiones tan forzadas e improvisadas que sólo pueden abreviar el inevitable fin, como ese explorador que, presa de las arenas movedizas, forcejea y patalea acelerando su hundimiento en el fango. Así podría interpretarse la errada reacción de la Casa Real y del Gobierno ante la imputación de la infanta Cristina. El propósito de la Corona no era buscar un buen abogado, alguien que conociera al dedillo la ley y la jurisprudencia, sino un gran lobbista, un tipo capaz de influir sobre la justicia, las instituciones y los poderes fácticos, de llevar al redil a los medios o de repartir consignas entre los periodistas que todavía reciben de los partidos.
Sin embargo, la estrategia no es nueva, ni siquiera extraña, sino la habitual, la que ha caracterizado el Régimen desde su inicio. El control de los medios, la utilización torticera de la fiscalía o de cualquier otra institución, han formado parte inseparable de la política en España. Lo que ha cambiado dramáticamente es el entorno sin que los de arriba, aislados en su burbuja y presos de una poderosa inercia, sean capaces de percatarse. Por ello, ciertas maniobras que resultaban eficaces en el pasado se perciben ahora tan toscas y burdas como contraproducentes.
El “error Berenguer”
En 1930, cinco meses antes de la caída de Alfonso XIII, José Ortega y Gasset escribía su famoso artículo El error Berenguer, señalando que, una vez acontecidos hechos graves y extraordinarios, no es posible volver a la normalidad de antaño sin depurar las correspondientes responsabilidades:
“[A] ese hecho responde el Régimen con el Gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos «como si» aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal”.”La Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar”. “He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en esta ocasión superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no ha pasado nada”. “Pero esta vez se ha equivocado”.
En estos momentos, la Corona y el Gobierno, inconscientes de la grave situación, parecen creer que, como hace años, dos programas televisivos, algún editorial y un obligado silencio mediático son medidas suficientes para modelar la opinión pública a placer y conveniencia, sin percibir que la deriva de los acontecimientos ha precipitado una percepción muy distinta. Rasgado el velo que cubría tabúes y mitos, y quebrado el monopolio de la información, el temor reverencial o la sumisión al poder dan paso a un indisimulado cabreo ante el descubrimiento de una colosal tomadura de pelo. En un momento en que el ciudadano ya no admite buenas palabras sino que exige limpieza, ejemplaridad, instituciones fiables, órganos independientes y prensa libre, el intento de manipular de nuevo la justicia y los medios se asemeja al “error Berenguer”: yerran quienes pretenden volver a la “normalidad” anterior como si nada hubiera sucedido.
¿Qué significa la inviolabilidad?
La última ocurrencia consiste en impulsar un estatuto de la familia real que proporcione a sus miembros cierta protección o inmunidad. Quizá los políticos no son conscientes de que esos blindajes los carga el diablo. Los juristas consideran que la inviolabilidad del rey, recogida en la Constitución, no significa que su responsabilidad quede en suspenso o impune sino que recae sobre las autoridades que refrendan sus actos.
El refrendo puede producirse a través de la contrafirma en un documento o por la mera presencia física de la autoridad correspondiente en un acto del rey. Pero la doctrina jurídica recoge una tercera vía para los casos en que no hay firma ni presencia física. El refrendo presunto, que cubriría el resto de los actos del monarca, es la idea de que el Gobierno asume la responsabilidad general de la actividad de la Corona y que sólo puede eludirla presentando su dimisión ante disconformidad con la conducta del rey. La idea de que quien calla otorga. Y, si otorga, responde de ello.
Interpreto, atando estos cabos, que la inviolabilidad implica que el rey no puede ser sentado en un banquillo y, sin embargo, los actos realizados como titular de la Corona podrían ser denunciados e investigados ya que, si no fueran ajustados a derecho, acarrearían responsabilidades para gobernantes que sí son procesables, siempre que éstos hubieran tenido conocimiento de ellos y, por omisión, concedido el presunto refrendo. Si en el ejercicio de sus funciones el rey hubiese cometido alguna irregularidad, la infracción sería atribuible a los presidentes del gobierno correspondiente.
Este razonamiento tiene un importante corolario. Dado que la responsabilidad podía recaer sobre el Gobierno, la lógica imponía desde el principio un eficaz control y vigilancia del ejecutivo sobre la Corona, que nunca se produjo. Quizá porque, no de iure pero síde facto, los gobiernos también se sintieron cubiertos por un tupido manto de inmunidad.
El debate Monarquía o República ya está en la calle. Sin embargo, aun siendo relevante, no debe servir como pantalla o excusa para obviar o arrinconar los temas fundamentales. Aunque anacrónica, la Monarquía no ha fracasado por una supuesta maldad intrínseca sino por un pésimo diseño de la arquitectura constitucional del Régimen de 1978. Es necesario insistir en que la verdadera discusión debe centrarse en esas imprescindibles reformas que conduzcan hacia una auténtica catarsis, a un Régimen con efectiva separación de poderes, representación directa, rendición de cuentas, eficaces mecanismos de control del poder e instituciones neutrales y objetivas. Sea éste monárquico o republicano.
