ADRIÁN PERALES.
La portavoz socialista Soraya Rodríguez confunde juicios de hecho con juicios de valor. Los primeros afirman la existencia o la no existencia de algo. Es decir, describen. De ellos se ocupa la ciencia. Los segundos expresan meras opiniones, preferencias y gustos. En los juicios de valor no hay verdad ni falsedad: son datos últimos. No cabe discusión sobre ellos porque son indemostrables (Ludwig von Mises). Lo que dijo el juez Pedraz en su auto no es un juicio de valor. Afirmar que la clase política está en decadencia es una descripción aséptica y objetiva. Si el juez Pedraz hubiera dicho ¡me encanta la decadencia de la clase política! en efecto hubiera emitido un juicio de valor. Pero él sólo ha dicho que existe clase política y que está en decadencia. ¿Pueden acaso desmentirlo? ¿Pueden desmentir que el ex Gobernador del Banco de España dijera que no puede decir la verdad de lo que sabe? ¿Acaso su silencio no se ha comprado al precio de la inmunidad? ¿No recuerda este pacto de silencio a la mediación de Suárez entre González y Aznar en 1995? ¿Pueden desmentir la responsabilidad objetiva (y subjetiva) de la clase política en la quiebra de las cajas de ahorro? ¿Y la corrupción de la Junta de Andalucía con la mentira de los ERES? ¿Y el 3% de Cataluña? Ni la memoria del mejor opositor bastaría para cantar de carrerilla todos los casos que evidencian la decadencia de la clase política. La verdad, la amarga verdad –que decía Danton- les escuece como corte de cristal cuando se ven obligados a escucharla en público.
Es un rasgo de inmadurez negarse a aceptar la realidad. La ilusión es un refugio de irresponsabilidad que permite vivir tranquilo a quien se acoge a ella. Hasta que se produce el choque con la verdad, la ilusión reporta un falso placer. El precio es la servidumbre. La respuesta enérgica de los partidos estatales al auto del juez Pedraz no se debe a que la clase política se resista a despertar de la ilusión. Ellos conocen la realidad perfectamente, se sirven de ella. Si el juez se lo hubiese dicho a los políticos en privado ni se hubiesen inmutado. La respuesta unánime del PSOE, del PP, del Presidente del Congreso de los Diputados, de la Portavoz del Gobierno, hasta de la Defensora del Pueblo, se debe a la indignación que les provoca el hecho de que un juez se haya atrevido a desvelar una verdad política en público. No pueden aceptar que un inferior, un simple juez, ose ponerse en un plano superior y les describa, es decir, ose saltarse el Acuerdo.
Hay una causa general que explica porqué los jueces están desarmados ante el poder de los partidos estatales. Los jueces no pueden atemperar los excesos del legislador, ni del poder ejecutivo porque no pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley (si se les plantea su aplicación a un caso) sin el permiso previo del Tribunal Constitucional, lo cuál supone un resorte más en manos de los partidos políticos para su control. Si los jueces estuviesen armados del derecho a declarar inconstitucionales las leyes en primera instancia, nadie se atrevería a llamarlos pijos ácratas ni a mofarse de su criterio. Tocqueville nos revela que esa arma es la causa de la influencia de los juristas en Estados Unidos. El espíritu y el lenguaje legista envuelven a la sociedad entera en la USA del siglo XIX. Su análisis sirve para entender la degradación que sufren los jueces aquí. Los partidos estatales no toleran la independencia judicial en cuestiones que afectan al poder político. Es falso que les enfurezca que el juez Pedraz haya expresado un juicio de valor en un auto, les importa un bledo el rigor y la exactitud de las resoluciones judiciales. Lo que no soportan es que alguien les arrebate la exclusiva a describir la naturaleza del poder que nos gobierna, ni que el criterio de los juristas ahogue a la clase política. Necesitan ser ellos, los partidos, quienes inunden a todo el cuerpo social para no ceder un centímetro de poder.
