ROBERTO CENTENO

La corrupción política en la industria del gas, cuyo nivel alcanza ya cotas jamás vistas, lleva a que el pueblo español esté siendo expoliado sin contemplaciones por el ilícito pacto entre la oligarquía política y la financiera, que son las que controlan el negocio. Todo empezó, cómo no, con el socialista Felipe González, quien, a cambio del apoyo de CiU a su último gobierno, entregó las infraestructuras del transporte y la distribución públicas, así como un inmenso fondo de comercio, a Gas Natural por la décima parte de su valor. Un robo a los españoles del orden de los 4.000 millones de euros actuales. Y lo que todavía fue peor, se permitió a Gas Natural explotar en la práctica este mercado en régimen de monopolio, algo contrario a las leyes y las prácticas de la economía internacional.

Para colmo de males, se dictó una ley en virtud de la cual los dos grandes monopolios del sector –Enagás (responsable de las grandes infraestructuras de transporte) y Gas Natural (principal responsable de los aprovisionamientos y de la práctica totalidad de la distribución)– tienen garantizada una remuneración a todas sus inversiones con dinero público equivalente al tipo de interés de los bonos del Estado a diez años más 150 puntos básicos. Para conseguir esta monstruosidad, basta el simple requisito de estar incluidas en un esperpento creado al efecto en el Ministerio de Industria y denominado “Planificación Obligatoria”, en el que estas empresas incluyen todas sus inversiones, empezando por las más disparatadas. Un robo ‘legal’ a todos los consumidores.

Todo ello nos lleva a que los españoles tengamos que soportar unos precios de gas entre los más altos del mundo, y lo que aún es peor: estamos entrando, como en el sector eléctrico, en una situación de déficit de tarifa que eleva más todavía los disparatados precios, que a veces doblan los de nuestros principales competidores europeos. ¿Cómo narices va a poder competir España con estos países, aun contando con la deflación salarial salvaje que está aplicando este Gobierno de despiadados? ¿De dónde saca este Gobierno de tramposos que las exportaciones pueden ser nuestro futuro, con los precios de la energía y la financiación más caros del mundo desarrollado?

La última gran mentira del BdE, que en breve será validada por el INE, es que el crecimiento de la economía en el primer trimestre de 2014 ha sido del 0,4%. Pero ¿cómo va a ser así si se han destruido 184.600 empleos, la tasa de paro sube dos décimas, hasta el 25,9%, y el desempleo juvenil supera otra vez el 55%? Es incomprensible que Eurostat no audite de una vez la contabilidad nacional. “Estoy muy contento de que las cosas vayan bien”, ha dicho Rajoy, el más cínico entre los cínicos, sobre todo frente a las 736.900 familias sin ingresos. Luego está el sector exterior. La media de las exportaciones de bienes corregidas de estacionalidad en enero y febrero creció el 1,2%, pero el alza de las importaciones fue mucho mayor, de un 5,8%. La aportación del sector exterior al PIB en el primer trimestre ha sido negativa, y no puede haber añadido 0,2 puntos al crecimiento, sino que los ha restado. Todo vale para ayudar al PP a ganar las elecciones europeas. 

La inaudita corrupción de la política gasista

La causa de que los españoles tengamos que pagar los mayores precios de la electricidad (incluyendo el déficit de tarifa) no sólo de Europa sino de todo el mundo desarrollado, los del gas y los de los productos petrolíferos antes de impuestos, las mayores comisiones bancarias y los mayores tipo de interés, o el mayor costo de las telecomunicaciones, está en una sola y única razón: la connivencia entre la oligarquía política y la empresarial, que ha permitido y permite a estos sectores esenciales:

– Recibir a precios irrisorios los activos públicos existentes en dichos sectores, pertenecientes al pueblo español. En concreto, en el 10% de su valor real por término medio.

– Sustituir los antiguos monopolios públicos con precios regulados por monopolios privados con precios libres. Esto sería de cárcel en cualquier otro país y también en España si la Justicia no estuviera a las órdenes de la oligarquía política.

– Implantar una legislación según la cual los errores de gestión cometidos por estas grandes empresas, algunas de las cuales están entre las más ineficientes del mundo, no los pagan ellas, sino los ciudadanos.

Esto, que es común a la totalidad de los sectores citados y causa segunda, después del tamaño del Estado y la corrupción de la clase política, de nuestra ruina actual y de las próximas generaciones, se traduce en el caso concreto de la industria del gas y la política gasista que la protege en que no sólo tenemos los precios del gas entre los más elevados de la OCDE, como ya he dicho, sino en que además se está empezando a generar un importante déficit de tarifa. Es la consecuencia de proyectos políticos disparatados o de errores garrafales de gestión por parte de los monopolistas, cuyas redes de transporte y de distribución tienen la tasa de utilización más baja del mundo. Errores que no pagan ellos, sino que este Gobierno les permite hacerlos recaer sobre los consumidores.

Los monopolistas Enagás y Gas Natural han conseguido tener garantizada por ley, como ya se ha explicado, la rentabilidad de sus inversiones en cualquier circunstancia (así puede ser empresario hasta el pato Donald), algo tan inaudito que no existe en ningún otro país. Por eso se han lanzado a ampliaciones absurdas de capacidad que nos llevan a una infrautilización media de todo el sistema del 70%. Estas decisiones políticas y estos errores brutales, que en todo el mundo civilizado los pagan –como es lógico– las empresas que los cometen, en la España de la incompetencia y de la corrupción, en la España de la connivencia entre la oligarquía política y las élites depredadoras, los pagan íntegramente los consumidores.

Además, la desastrosa política de abastecimientos debida a la situación monopolista del sector –algo no sólo permitido, sino fomentado por el Gobierno como moneda de cambio con el nacionalismo catalán– hace que el precio de compra del gas por los grandes consumidores a los monopolistas sea cuatro veces superior al precio de referencia para ventas al por mayor en Estados Unidos, el denominado US Henry Hub Gas Price Benchmark, y un 40% superior al que vende Rusia a Europa en la frontera alemana. Y este es sólo el comienzo del problema, puesto que el precio al consumidor sufre incrementos brutales al entrar en las infraestructuras de transporte y distribución, en el que las que las injerencias políticas –que han obligado a la construcción de instalaciones totalmente innecesarias– y los errores de los gestores del sector –que este Gobierno, recalco de nuevo, hace recaer sobre los consumidores y no sobre las empresas que los han cometido– están generando un nuevo déficit de tarifa que podría acabar como el eléctrico y por las mismas razones.

Se han construido tal cantidad de instalaciones de regasificación innecesarias que algunas están casi vacías, y sólo se utilizan unos 15 o 20 días al año por parte de los traders internacionales, para los cuales resultan un chollo increíble, mientras quelos restantes 345 días los pagamos los consumidores. Un ejemplo concreto es la planta de regasificación de Sagunto, ubicada en pleno corazón de la industria azulejera (una de las industrias españolas más competitivas de Europa por su calidad y sus diseños únicos), a la que abastece.  Esta planta cuesta cien millones de euros anuales y, como se usa sólo al 25%, los azulejeros tienen que tragarse el coste completo. ¿Esta es la ayuda que Rajoy y sus secuaces de Moncloa –que me han ‘tomado la matrícula’, por decir la verdad– están prestando a nuestros mejores exportadores? Dicen que no saben qué hacer para ablandar nuestros duros corazones. No tienen valentía política, no tienen conocimientos y no tienen agallas. Sólo para tomarme la matrícula.

Musel y Castor, ejemplos del expolio gasista

Vean con dos ejemplos clave cómo los irresponsables que nos gobiernan les roban el dinero a los españoles. El socialista Álvarez Areces, al llegar a la presidencia de Asturias, decidió que su proyecto estrella sería la construcción de una planta regasificadora en El Musel (Gijón), uno de los lugares más inadecuados para localizar un proyecto de tal naturaleza, y que Enagás había desechado. Areces fue a ver a sus correligionarios, Zapatero y el bachiller Montilla, dos ignorantes absolutos, y les convenció para apoyar tal disparate. Llamaron al presidente de Enagás, Antonio González-Adalid, y este irresponsable aprueba sin dudar un proyecto que no se tenía en pie. La CNE, dirigida por la sectaria Maite Costa, hizo lo mismo. Resultado: un proyecto insensato originado por unos insensatos se incluye en la Planificación Obligatoria, lo que significa que lo pagamos los consumidores.

El proyecto no solamente era económicamente disparatado, sino que también era ilegal, porque no cumplía el régimen de distancia a los núcleos de población. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló su autorización administrativa previa, con lo que el terminal está construido, pero sin posibilidad de apertura. Además, como no existen los consumos mínimos necesarios, se ha puesto en hibernación, igual que muchos de los ciclos combinados de gas instalados irresponsablemente por el oligopolio eléctrico, lo que significa que los consumidores pagamos los 400 millones tirados por la fregadera por una instalación inútil, y no los accionistas de Enagás. Ninguno de los cinco culpables ha sido todavía procesado. Para mayor vergüenza, la CNMV ha aprobado las cuentas de Enagás de 2013 sin obligar a la sociedad a realizar una comunicación relevante.

En cuanto al proyecto Castor, se trata de un almacenamiento subterráneo en un campo petrolífero agotado en el mar a 21 kilómetros de la costa. ACS compró dos tercios de los derechos de dicho campo agotado por cuatro perras. Convenció, cómo no, a Zapatero, Bachiller y Montilla para incluir esta infraestructura en la Planificación Obligatoria. ACS se convirtió no sólo en el principal accionista, sino también en el operador exclusivo de los trabajos de acondicionamiento. Cuando después de 1.700 millones de euros estos estuvieron terminados y se empezó a inyectar gas, comenzaron a producirse microseísmos en la costa de Tarragona. El cobarde de Rajoy se arrugó, que es su especialidad, y aunque estaban dentro de la normalidad, ordenó la paralización de la inyección de gas. Un reciente informe de la prestigiosa empresa noruega DNV confirma que no existe ningún riesgo, y el ministro Soria lo ha encerrado bajo siete llaves. Resultado: la cobardía de Rajoy puede llevar a perder 1.700 millones.

Mientras, se tira o se pierde el dinero público como si fuera escombro, y se produce el escándalo del cínico reparto de sinecuras entre los exdirigentes del PP. Enagás acaba de nombrar de una sola tacada a cinco altos cargos que fueron ministros del PP, que lo más que saben del gas es encender un mechero –Isabel Tocino, Hernández Mancha, Ana Palacio, Luis Valero y Gonzalo Solana (este último es el inri: ¡un expresidente del Tribunal de la Competencia en el consejo de un monopolio!)–, y ello después de haber nombrado hace unos meses a un hijo de Marcelino Oreja, también del PP, como consejero delegado.

¡Voten al PP/ PSOE el día 25 y serán corresponsables de la corrupción y de la ruina general de nuestra nación!