Permítanme por una vez, iniciar el análisis sobre el actual sindicalismo depredador con una vivencia personal que ilustra cómo la izquierda española, la más cutre y radical de Europa, trata de utilizar la buena voluntad de la clase obrera para conseguir por la fuerza lo que no ha conseguido en las urnas. Soy familia de mineros sindicalistas asturianos, algo de lo que me siento honrado. Conocí por sus relatos cómo en octubre del 34 los socialistas Prieto y Largo Caballero ordenaron a miles de jóvenes idealistas de UGT levantarse en armas contra el legítimo Gobierno de la República, mientras ellos permanecían cómodamente en Madrid sin arriesgar nada.
Mi tío Carlos, uno de estos jóvenes idealistas, pensando ingenuamente que luchaba por una España mejor y no por el gulag stalinista que querían implantar estos dos siniestros personajes, abandonó su hogar en Mieres para, con cientos de compañeros, ocupar la fábrica de armas de Trubia. Ya fuertemente armados, ocuparon toda la cuenca minera. Días después, una columna enviada desde León por orden del general Franco, a quien el Gobierno había encargado aplastar la rebelión, de la que formaba parte un competente capitán africanista, Juan Rodríguez Lozano, el famoso abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero, entró en Asturias con muy escasos efectivos para enfrentarse a 3.000 mineros armados entre los que se encontraba mi tío. El capitán Lozano y sus compañeros derrotaron tras varios sangrientos combates a los mineros, en uno de los cuales, 14 de octubre, mi tío Carlos resultó abatido por las fuerzas bajo el mando de Lozano.
Nada puedo objetar del competente capitán, que cumplía con su deber, pero sí de los miserables Prieto, Largo Caballero y Luis Companys -pretencioso genocida que se jactó en 1938 de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña-, responsables de la rebelión que se fueron de rositas. Una derecha acomplejada y cobarde, en lugar de juzgar y condenarlos les soltó enseguida para que meses después, en febrero del 36, tras unas elecciones absolutamente fraudulentas (en palabras de Largo Caballero, “si no las ganamos iremos a la guerra civil”), sumieran a España en el caos en un intento de eliminar a la mitad del país que no pensaba como en ellos.
De sindicalistas verticales a depredadores de fondos públicos
El sindicalismo en España nació del anarquismo, en Andalucía y Cataluña básicamente. Mucho más tarde apareció UGT. Antes de la Guerra Civil, la CNT anarquista era el sindicato ampliamente dominante, con casi un millón de afiliados; la UGT socialista era seis veces más pequeña. Durante la guerra, los líderes anarquistas fueron exterminados por las milicias comunistas. Después de la guerra, el socialismo y UGT pasaron “35 años de vacaciones”, una acertada frase de Ramón Tamames. Solo los comunistas mantuvieron la oposición a Franco. A partir de los años 60, Marcelino Camacho, un comunista convencido, no demasiado inteligente pero honrado, valiente y hombre de palabra, copió una idea de un falangista llamado Maeztu (no confundir con el intelectual Ramiro) que propugnaba la creación de comisiones obreras. Con la UGT desaparecida, los comunistas se infiltran en los sindicatos verticales, donde su organización sindical CCOO llegaría a tener un papel preponderante.
Representando a menos del 10% de los trabajadores, su exclusividad en la negociación en los convenios colectivos les da una representación y una importancia social de la que en realidad carecen
A la muerte de Franco, con la implantación no de la democracia, sino de una monarquía oligárquica despilfarradora y corrupta -PP, PSOE y nacionalistas- que se repartiría el país como si fuera un solar a través del sistema autonómico, reaparece una UGT, con gente poco preparada, al contrario que CCOO, que tenía gente con experiencia y formada en los sindicatos verticales. CCOO era un gigante y el partido comunista, un pigmeo. Ante tal diferencia, Marcelino Camacho pone como una vela a Carrillo y mantiene una cierta independencia. Pero aquello no duró. Carrillo, a través de sus peones, le quitó el poder de facto, y Marcelino, un sindicalista de acero que nunca dejó de ser comunista pero que se mantuvo ajeno a las intrigas del aparato, acabó sucumbiendo.
UGT, resucitada de la mano del PSOE, no es más que una correa de transmisión de éste. Al contrario que CCOO. A partir de finales de los 80, los líderes genuinamente obreros del sindicalismo, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, fueron desapareciendo de escena para ser sustituidos por burócratas intrigantes que jamás han trabajado y que abandonan descaradamente su razón de ser: la protección de los trabajadores. En vez de eso, se convirtieron en depredadores cada vez más codiciosos tanto de fondos públicos como de los propios trabajadores. Su dependencia de los partidos se difuminó; solo se mantuvo como fuente de prebendas y de depredación de dinero público. Desde entonces, la clase trabajadora les importa un pimiento. El incremento del paro constituye para ellos un maná del cielo, más parados suponen ríos de dinero público y ellos son los principales beneficiarios. También, al contrario que en el pasado, se lo reparten a pachas con los empresarios.
En conjunto, UGT y CCOO se embolsan anualmente de unos 8.000 millones de euros entre el Estado, las autonomías, el expolio directo a los trabajadores y las exenciones de impuestos. Esta es la principal razón de la huelga general, ya que la reforma laboral pone en riesgo cierto esa cantidad, la segunda, tan importante como la primera. Representando a menos del 10% de los trabajadores, su exclusividad en la negociación en los convenios colectivos les da una representación y una importancia social de la que en realidad carecen totalmente. Hasta el punto que sus últimas “manifestaciones” han sido un fracaso de tal calibre, que ni siquiera han conseguido la asistencia de la totalidad de sus liberados, que viven como rajás sin dar un palo al agua gracias a su condición.
El único objetivo: volver al sillón blanco a renovar sus prebendas
La subvención directa del Gobierno es de 7 millones de euros, el chocolate del loro, pero después, como tienen una federación por CCAA cada una con once secciones dividas por actividad, al final tienen (11×17) 187 organizaciones que a su vez reciben subvenciones de cada CCAA, cifras que ambas sindicatos mantienen secretas. Los dos sindicatos reciben también subvenciones para todo tipo de actividades: cooperación internacional, ideología de género, memoria histórica y otros temas peregrinos. Y luego está el “y tiro porque me toca”, que consiste en que los líderes socialistas autonómicos les dan periódicamente cantidades enormes sin razón ni justificación alguna. UGT y CCOO son unos profesionales de la depredación de fondos públicos.
Luego tenemos la gestión en exclusiva de los cursos de formación, un regalo de Zapatero, por los que recibieron más de 3.000 millones euros en 2011. Después vienen los EREs, por cuya gestión cobran una media del 8 % de la indemnización a cada trabajador, y que en 2011 ascendieron a unos 400 millones de euros. Finalmente, están las exenciones de impuestos que suponen, entre impuestos sobre beneficios e IBIs sobre su gigantesco patrimonio inmobiliario, casi 3.000 millones. UGT y CCOO jamás han permitido ser auditados y los gobiernos no han tenido lo que hay que tener para imponerlo, como era su deber.
El objetivo real de la huelga general es claro: volver al sillón blanco de La Moncloa, que consideran su sitio, y restaurar íntegramente sus prebendas. Y como la huelga será un fracaso, el acto clave será la manifestación post huelga, el gran show ante los medios, y para cuyo éxito están poniendo toda la carne en el asador. Creo que el Gobierno no cederá, porque ya no puede hacerlo. Las cifras de enero son terroríficas: el déficit del Estado se ha doblado, los ingresos caído un 14,6% y el gasto público aumentado un 40,3%. Bajar el déficit al 5,3, 5,8 o 6,5% es una quimera, y lo peor es que en solo 19 meses tendrán que reducirlo al 3%, lo que implica un recorte de 60.000 millones si los ingresos fiscales se mantienen; y a 80 o 90.000 si no lo hacen. Esto ya no lo salva, como en agosto, ni San BCE. No pueden hacer concesión alguna, ni en la reforma laboral, ni dar un euro más a la banca o a los nacionalistas, ante quienes no paran de claudicar. Las CCAA no se sostienen. Rajoy, que después de trabajar seis horas el miércoles se confesaría agotado el pobre, está literalmente contra las cuerdas.
